El Senado aprobó en la madrugada de este viernes la Ley de Financiamiento Universitario, con una contundente victoria de la oposición: 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. La normativa, que había recibido media sanción de Diputados hace un mes, encomienda al Poder Ejecutivo a actualizar (cada dos meses y por inflación) los gastos salariales y de funcionamiento de las casas de altos estudios de manera retroactiva.
El presidente Javier Milei adelantó que vetará la ley, lo que aumentaría el conflicto con las universidades y significaría un duro costo político para el Gobierno. En abril, sus recortes a las casas de altos estudios le valieron una histórica movilización en las calles. El mandatario reiteró que priorizará el ajuste fiscal antes que financiar a las universidades. Así lo hizo con la ley de fórmula jubilatoria, que establecía aumentos para que los jubilados enfrenten en mejores condiciones el proceso inflacionario.
El proyecto prevé la actualización de gastos de funcionamiento, salarios y becas de las universidades nacionales de todo el país, con el objetivo de dar previsibilidad al sistema y resolver los problemas económicos que atraviesa el sistema universitario y científico.
Los votos provinieron de los senadores de Unión por la Patria, la UCR y fuerzas provinciales, que tenían el desafío de superar los dos tercios de los votos para evitar el veto presidencial. Para eso contaban con 30 de UP (que tenía tres ausentes), al menos una docena de la UCR, Guadalupe Tagliaferri (PRO), la rionegrina Mónica Silva, la cordobesa Alejandra Vigo y el santacruceño José Carambia.
Los votos en contra correspondieron a los legisladores de La Libertad Avanza más los senadores del PRO Carmen Álvarez Rivero, Alfredo De Ángeli y Enrique Göerling Lara, más el formoseño Francisco Paoltroni. Se abstuvo María Victoria Huala y estuvieron ausentes Lucía Corpacci, Silvina García Larraburu, Gerardo Montenegro y Rodolfo Suárez.
«El Gobierno tiene que tomar nota de la gran marcha que hubo. Ese fue el impulso que permitió generar un consenso y que hoy tengamos este proyecto de ley que, en ocho artículos, viene a subsanar este desastre hecho por Milei», sostuvo el senador Eduardo «Wado» de Pedro, quien denunció que el 80 % de los docentes cobran por debajo de la línea de la pobreza.
«Ahora no hay plata para los jubilados y las universidades, pero porque primero decidieron bajar impuestos y no cobrarles a los que blanquearon. El RIGI dio rebajas impositivas por treinta años», cuestionó el radical Martín Lousteau.
En las semanas previas a su tratamiento, el proyecto había sido respaldado por todos los sectores que componen el sector universitario: gremios de docentes y nodocentes, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la comunidad científica y el movimiento estudiantil.
Mientras se sesionaba en la Cámara Alta, afuera, en la Plaza del Congreso, se convocaron los gremios que integran el Frente Sindical de Universidades Nacionales (FATUN, FEDUN, CONADU, CONADU Histórica, UDA, CTERA, FAGDUT y FUA), en el marco de un paro nacional en las casas de estudio de todo el país.
Los números del ajuste
La aprobación de la ley se enmarca en el fuerte ajuste en el presupuesto de las universidades desde que asumió el Gobierno de Javier Milei. Desde diciembre de 2023, los salarios de trabajadores docentes y nodocentes perdieron más del 50 % de su poder adquisitivo, advirtieron los gremios del sector. Vale aclarar que los salarios representan el 90 % del presupuesto de las universidades, y el restante 10 % pertenece a gastos de funcionamiento.
Los sindicatos vienen reclamando una recomposición salarial que permita recuperar la pérdida acumulada durante el primer semestre del año. Sin embargo, en la última paritaria el Ministerio de Capital Humano impuso de forma unilateral un 3 % para agosto y 2 % para septiembre, lo que recalentó la relación con los gremios.
En este escenario, el 92 % de los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza, mientras que al 87 % de los docentes con diez años de antigüedad sus salarios tampoco les alcanza para cubrir la canasta de servicios y bienes que mide la pobreza, según un informe de las universidades de Río Negro y San Martín.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la ley activa una recomposición de los salarios del personal docente y nodocente desde el 1º de diciembre de 2023 y hasta la fecha de sanción, y estima para «el ejercicio vigente un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes a 0,14% del PBI».
