Por Cecilia B. Díaz y Cristian Secul Giusti
La noticia del fallo de la Corte Suprema del 2×1 a los genocidas suscitó un revuelo entre los sectores politizados y profundizó una disputa de interpretaciones en un contexto neoliberal como el implementado por Cambiemos. En ese sentido, se desarrollaron diferentes teorías que desembocan en la instancia del “clima de época” como principal influencia en la decisión de la Corte y, asimismo, destacan una cadena de responsabilidades que tiene una única focalización: el kirchnerismo.
Siguiendo esta línea, mientras el “clima de época” es enunciado por ciertas líneas progresistas –usualmente precavidas en la forma, pero no en el señalamiento directo al “cambio” llevado a cabo por el macrismo–, otros analistas observan la composición de los votos del Tribunal y las negociaciones detrás de la decisión. En este punto, los antecedentes cercanos de avances y vínculos entre el Poder Judicial y el Gobierno de los CEO, junto al retroceso de políticas de derechos humanos –más allá de la memoria y reparación–, enfatizan en la capacidad de condicionamiento y representación de los supremos. Por tanto, es posible observar una retroalimentación entre el fallo judicial y otras medidas que pretenden configurar un límite al discurso social que detuviera el alcance de los juicios por crímenes de lesa humanidad a la complicidad civil. Aun así, todos se sitúan en un mismo orden de intenciones: son responsables e inocentes al mismo tiempo.
Sin duda, la sorpresa del macrismo por la amplitud del repudio ante el intento de amnistía a los militares condenados radicó en creer que el reclamo de Memoria, Verdad y Justicia es sólo un eslogan que convoca términos sueltos. En función de este pensamiento, la alianza neoconservadora y neoliberal Cambiemos ha determinado sólo una única instancia de protesta: se la piensa como una proveniencia que tiene como un único destinatario al kirchnerismo. Es decir, el supuesto hacedor de grietas y conflictos a nivel nacional, cultural y político.
Paradójico fue entonces que tanto desde los sectores “críticos” como de los “independientes” y de aquellos que “sólo quieren que al país le vaya bien” existe un discurso que busca culpables, al menos, inquietantes en relación con el fallo. En este sentido, las facciones “equilibradas”, críticas y de presunción objetiva a rajatabla señalan que el kirchnerismo es el que generó las condiciones para que se instituyera el 2×1 a los genocidas. En estos términos, más allá del reduccionismo y la falacia buscada e intencionada, el discurso de culpabilidad vehiculiza una lectura potencial que los sectores politizados pueden o suelen hacer cuando surgen complejidades en la trama social.
El peso de las responsabilidades por las cuales la Corte viró en su jurisprudencia exige un análisis que conjugue la heterogeneidad del partido Frente para la Victoria y su representación en el Senado, con las agendas del tribunal supremo, las demandas de los organismos de derechos humanos y el tejido de las memorias sobre el terrorismo de Estado. Por fuera de las campañas electorales, se puede decir algo más que “todo es lo mismo” y evitar así los dedos acusadores. En efecto, vale decir que sin la voluntad política de Néstor Kirchner no habría “delito imprescriptible de lesa humanidad”, y sin la lucha inclaudicable de las madres, abuelas, H.I.J.O.S. de las víctimas y sobrevivientes del plan del terror, tampoco. Entonces, que unos dirigentes del FpV hayan aprobado el pliego de los nuevos magistrados sugeridos por Macri no los vuelve co-firmantes, ni mucho menos representa al movimiento peronista-kirchnerista. Este hecho destaca un evento particular que suele olvidarse: los contingentes posicionamientos de los gobernadores ante el pedido de “gobernabilidad”, donde justamente su mayor peligro es el peronismo.
Sin embargo, resulta extraño y hasta cínico ese reclamo que se le realiza al FpV. Si su bloque de Senado no votaba la incorporación de los magistrados en su momento, no sólo podría ser tildado de obstructor inconveniente, sino también de golpista y deslegitimador de la gestión del “cambio” (elegida por mayoría democrática). Asimismo, vale señalar que si no se votaba aquel día, la Corte Suprema podría quedar incompleta y eso, desde ya, tampoco tendría el consenso de la opinión pública de designar a otros a partir de su mayoría en el recinto. Pero a esta altura ya no importa ni es materia de discusión mediática, siempre la culpa la tendrá el kirchnerismo por no abroquelarse, por unirse, por negarse, por avanzar, por detenerse, por consensuar, por agregar y/o por polemizar.
Ahora bien, cabe aclarar en esas discusiones que, sin las políticas y decisiones estratégicas de los doce años de kirchnerismo que visibilizaron la responsabilidad estatal de la memoria, la verdad, la justicia y la reparación, no sería posible el aumento de la base de sustentación para el rechazo a cualquier intento de amnistía. Para ser aun más específicos, la contundencia de la marcha de los pañuelos es imposible de pensar sin el kirchnerismo, porque hizo hábito la toma de las calles antes que sean los genocidas los que anden sueltos.
En consecuencia, la manifestación en contra del fallo de la Corte no fue un microclima progresista, ni tampoco una resistencia con aguante, o tan sólo un “cambio de época” que la oligarquía puede borrar de un plumazo y que los medios pueden cubrir con notas sobreactuadas. Dicho acontecimiento –que aún genera lecturas y revisiones– fue un hito que desplegó en la comunidad política un lema simbólico: la decisión de Memoria, Verdad y Justicia no se negocia y no depende de un partido político. Eso, sin lugar a dudas, exige una lectura de la complejidad política y social mayor y profunda, que excede el señalamiento moral de la culpabilidad peronista en todas las instancias y modalidades.
