Por Gabriela Calotti
«Yo soy hermana de Graciela Jurado, desaparecida en el año 1976, más precisamente el 5 de octubre», así comenzó su testimonio María Cristina Jurado, en el marco del juicio por los delitos de lesa humanidad perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y El Infierno de Lanús que lleva adelante de forma virtual el Tribunal Oral Federal Nº 1 de La Plata.
Graciela Jurado tenía treinta años cuando fue secuestrada. Hacía un tiempo, y por seguridad, había renunciado a su trabajo en el Instituto de Previsión Social (IPS) de La Plata, donde desde 1975 reinaba el terror paraestatal, relató María Cristina en la audiencia número 39 del juicio que comenzó en octubre de 2020.
Haydé Lampugnani, sobreviviente del genocidio y testigo en este juicio, afirmó semanas atrás que compartió cautiverio con Graciela en la Comisaría N° 5 de La Plata, en el centro clandestino de detención El Vesubio y en El Infierno, que funcionaba en la Brigada de la Bonaerense de Lanús, con asiento en Avellaneda. Graciela Jurado y Liliana Violini –que siguen desaparecidas– les habían dado albergue a Haydée y a su hijo pequeño en su departamento, cerca de la estación provincial de Meridiano Quinto.
Nilda Eloy, sobreviviente fallecida en 2017, declaró varias veces ante la Justicia afirmando que había compartido cautiverio en El Infierno con Inés Pedemonte y Graciela Jurado, entre otras mujeres secuestradas en el marco del terrorismo de Estado.
En aquel entonces María Cristina trabajaba en el Colegio de Escribanos de La Plata. «Un día llega una compañera mía diciendo que ‘estaba contenta porque habían apresado a dos guerrilleras’… Tuve la percepción de que podría tratarse de mi hermana y después, sí… era ella», recordó ante el tribunal, antes de asegurar que habían pasado varios días sin noticias de Graciela y «empezamos a alarmarnos».
María Cristina y Graciela se veían casi diariamente en el centro de la ciudad para tomar un café, contó. Según supo, a Graciela la secuestraron con otra chica. «Se metieron en una carnicería pero las secuestran igual», dijo sin otros datos.
Según María Cristina, su hermana había quedado «fichada» por las fuerzas represivas meses antes del golpe, «el 22 de agosto de 1975, al salir de un acto de conmemoración por los sucesos de Trelew. A partir de ahí empezaron las redadas, operativos en las calles, paraban colectivos, iban a las casas… Mi hermana lo primero que hizo fue dejar la casa de mis padres», explicó.
Su padre ya había presentado un habeas corpus, y ella se presentó ante una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitaba el país y al Ministerio del Interior, donde el «señor» que la atendió le hizo preguntas y «me dijo varios disparates. ‘Qué sabía yo si mi hermana estaba en la selva tucumana peleando’… Yo le respondí que con mi hermana nos veíamos todos los días en La Plata», sostuvo.
Al día siguiente, el 6 de octubre, «un montón de personas a cara limpia» irrumpieron en la casa de sus padres donde ella vivía con su hija. «Me tenían encañonada y me hacían preguntas, hasta que mi papá insistió en que yo era María Cristina […] Ahí salieron gritando ‘no es, no es’ y se fueron».
Cuando vino a La Plata a declarar conoció a Nilda Eloy, quien «me contó, calculo, a grandes rasgos todo lo que había pasado», indicó María Cristina, sin recordar si le había mencionado los lugares de cautiverio.
«Mi mamá siempre tuvo la esperanza de que iba a aparecer», contó María Cristina, antes de asegurar que las semanas que pasaron desde el secuestro de Graciela parecían «años». «Creo que llegó hasta noviembre. No sé si alcanzó a cumplir los 31 años, el 18 de noviembre. Su final sé que fue en noviembre por Nilda Eloy», sostuvo.
«Nunca más supimos nada», afirmó María Cristina Jurado, que durante su testimonio revindicó el «trabajo de militante y de concientización» de su hermana en el IPS y en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
Graciela militaba en la Juventud Trabajadora Peronista.
«Ella quería un mundo mejor»
David Nillni era el marido de Inés María Pedemonte, estudiante de Veterinaria de la UNLP y militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Al comienzo de la dictadura cívico-militar Inés tenía 35 años, algunos más que él.
Inés María «es una persona que fue de carne y hueso, que sentía, que quería, amaba y luchaba por algo distinto. Es la historia de una militante de base, secuestrada y desaparecida forzada», sostuvo el martes Nillni mientras mostraba dos fotos de aquella joven mujer con su bebé en brazos, nieta de uno de los fundadores de la ciudad de La Plata. «Ella quería un mundo mejor. Que todo el mundo tuviera acceso a la cultura, a la educación», afirmó ante el tribunal.
La menor de siete hermanas, trabajaba en IOMA en el departamento de Odontología y era delegada de ATE. Con ella contrajo matrimonio David el 14 de agosto de 1968. Tres años más tarde tuvieron a su hijo, Sergio Alejandro.
Mientras vivieron en su casa de Tolosa recibían gente todo el tiempo. Compañeros de estudio, vecinos, amigos. «Con los vecinos festejábamos el fin de año, los nacimientos», recordó el testigo sin poder contener las lágrimas.
«Lamentablemente por casa pasó gente que desapareció o que fue asesinada, como Sergio García, compañero de Inés; otra es Melanie, una chica paraguaya de origen alemán; también estuvo Nora Ungaro, Horacio y también Josefina Pedemonete, mi cuñada, que fue secuestrada en Castelar delante de sus tres hijos», precisó.
Por «una diferencia ideológica» en aquel momento decidieron separarse. Nillni estudiaba medicina. El 9 de octubre tenía que cursar una materia en el hospital de Melchor Romero. Inés debía pasar a buscar a su hijo. Su sorpresa fue mayor cuando volvió pasada la una de la tarde y lo vio a Sergio en la puerta diciéndole «mamá no me vino a buscar». «En ese momento no se me cruzó la idea de que la habían podido secuestrar», sostuvo este martes, 45 años después de aquella tragedia.
«Ahí fue cuando tomé a Sergio y me fui desesperado a la casa de ella. Caminé por el pasillo y vi que la puerta estaba abierta. No entendía. Empecé a tocar el timbre de toda la gente hasta que una señora mayor se acercó y me dijo ‘a la señora se la llevaron a la madrugada’… El 8 de octubre de 1976 a las 4 de la mañana, según la declaración de esa señora. Gente encapuchada. Hicieron mucho ruido. La señora dijo que a Inés la sacaron en paños menores», relató David Nillni con la voz quebrándosele. Días después supo que habían secuestrado también a Horacio Matoso, un compañero de estudios de medicina.
Recordó que Marta Ungaro fue la primera en presentar un habeas corpus por Inés. Luego su cuñada, Marta Pedemonte y Alfredo Bravo –que sería secuestrado en 1977– presentaron otro.
En abril de 1977 se exilió en Israel. Al mes siguiente le siguió los pasos su hermano biólogo. Allí, junto con otros exiliados, crearon una Comisión de Familiares de Desaparecidos en la Argentina.
De regreso al país en 1986 concurrió a una reunión en la ciudad de Buenos Aires. Allí «se me acercó una persona de pelo largo que resultó ser Nilda Eloy. ‘Yo quiero contarte que estuve con Inés’. Ahí me corrió un escalofrío», recordó Nillni.
Nilda Eloy «me dijo que Inés le había dicho que ‘estaba tranquila porque Sergio iba a estar en muy buenas manos y protegido’». También le contaron del cautiverio de Inés otros dos sobrevivientes, Nora Ungaro y Horacio Matoso.
«Cuando una persona es desaparecida forzosamente, es deportada, es trasladada. Es igual que lo que hicieron los nazis, y eso se llama terrorismo de Estado y es algo de lesa humanidad», sostuvo Nillni, que reclamó la restitución de las baldosas blancas de la memoria que habían sido colocadas en la entrada del edificio de IOMA con el nombre, entre otros, de Inés.
El tercer testigo, Gerardo Manuel Carrizo, trabajador de la metalúrgica SAIAR y sobreviviente de El Infierno, pidió que su testimonio no fuera público.
Graciela Jurado, Inés Pedemonte y Gerardo Carrizo forman parte de los más de 440 casos de este juicio, víctimas del terrorismo de Estado que pasaron por el Pozo de Banfield, el Pozo de Quilmes y El Infierno de Lanús, centros clandestinos de secuestro, tortura y exterminio que formaron parte del Circuito Camps.
El presente juicio por los delitos perpetrados en las Brigadas de la Policía bonaerense de Banfield, Quilmes y Lanús es resultado de tres causas unificadas en la causa 737/2013, con solo dieciocho imputados y apenas dos en la cárcel, Miguel Osvaldo Etchecolatz y Jorge Di Pasquale. El resto está cómodamente en sus casas ignorando las audiencias.
El juicio oral y público comenzó el 27 de octubre de 2020 de forma virtual debido a la pandemia. Por esos tres centros clandestinos de detención pasaron 442 víctimas tras el golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976, aunque algunas estuvieron secuestradas en la Brigada de Quilmes antes del golpe. Más de 450 testigos prestarán declaración en este juicio.
En esta etapa de juicios, que se hacen mediante plataformas virtuales por la pandemia, invitamos a todes a acompañar los testimonios a través del canal de La Retaguardia TV o el Facebook de la Comisión Provincial por la Memoria. Más información en el blog del Programa de Apoyo a Juicios de la UNLP.
La próxima audiencia tendrá lugar el martes 14 de septiembre a las 9 hs.
