Por Gabriela Calotti
Los dos funcionarios jerárquicos de Julio César Garro, el intendente de Cambiemos de La Plata, citados por el fiscal Álvaro Garganta en la causa que investiga la muerte de Emilia Uscamayta Curí; el subcomisario jefe de la Policía Local, Sebastián Martínez Pass, y el subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano y empresario, Roberto Di Grazia, intentaron ganar tiempo para no tener que comparecer ante la Justicia sobre su responsabilidad en la tragedia ocurrida el 1º de enero pasado en una fiesta ilegal en Melchor Romero.
Llamativa o curiosamente, Martínez Pass se presentó el martes a la Fiscalía sin abogado defensor, y Di Grazia directamente ni se presentó, aunque después del mediodía una abogada se hizo presente en su nombre.
Los dos subsecretarios de la actual gestión municipal macrista habían sido citados a declarar a raíz del testimonio del secretario de Seguridad de la Municipalidad de La Plata, el comisario Daniel Piqué –imputado en la causa–, que semanas atrás intentó deslindar responsabilidades en Di Grazia y Martínez Pass.
Garganta había anticipado a Contexto que los testimonios de ambos funcionarios podían desembocar en “potenciales imputaciones”. Pero el martes, ambos eligieron estrategias distintas para ralentizar las investigaciones para esclarecer la muerte de Emilia, estudiante universitaria de Periodismo de veintiocho años.
Martínez Pass llegó sin abogado a la Fiscalía, donde mantuvo una entrevista con un defensor oficial. El subcomisario jefe de la Policía de Garro se negó a declarar y pidió postergar la audiencia para concurrir con otro abogado, indicaron fuentes judiciales a Contexto.
“Llama poderosamente la atención que no haya una cobertura legal detrás de un caso tan resonante como este. Que venga desprovisto de todo apoyo técnico-jurídico”, dijo a Contexto el abogado de la familia de Emilia, Adrián Rodríguez, en la puerta de la Fiscalía, en 7 entre 56 y 57.
El letrado subrayó que “el pilar de toda acusación penal es precisamente la defensa técnica. Es importantísimo”, sostuvo, antes de ilustrar: “Es como que un equipo de fútbol vaya sin el técnico”.
Di Grazia, en cambio, un funcionario de mayor jerarquía, que es subsecretario de Convivencia y Control Ciudadano del Gobierno de Garro y además empresario, ni siquiera concurrió a la Fiscalía, aunque envió a una abogada, confirmaron a Contexto fuentes judiciales. Muy probablemente, la letrada iba a solicitar una nueva fecha de audiencia.
“La causa avanza lentamente, pero de alguna manera es positivo que se esté investigando a estas personas. Nosotros tenemos la plena seguridad de que tienen un grado de responsabilidad en virtud de las misiones y funciones que tienen como funcionarios” públicos, puntualizó Rodríguez.
A diez meses de la muerte de Emilia, la Justicia imputó a cinco personas: a los cuatro organizadores de la fiesta clandestina por “homicidio culposo”, figura que equivale a un accidente, y al comisario Piqué, considerado “autor penalmente responsable” del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los cuatro organizadores de la fiesta ilegal, cercanos al macrismo y a la noche platense, son: el dueño de la casaquinta, Carlos Bellone; el empresario y militante del PRO, Raúl “El Peque” García –que compartió actos no sólo con Garro, sino con Mauricio Macri y María Eugenia Vidal–; el propietario de un reconocido boliche platense, Santiago Piedrabuena; y el relacionista público Gastón Haramboure, único detenido tras violar la prisión domiciliaria en el marco de una condena por el asesinato de un joven en 2009 a la salida de un boliche en Berisso.
“Todavía faltan muchos actores que se investiguen”, aseguró el abogado de la familia Uscamayta Curí, quien semanas atrás pidió la imputación de cuatro directores municipales que estuvieron en la fiesta. Se trata de Néstor Galarraga (Inspecciones), Walter Etchevest (Tránsito), Emanuel Reyes (Control y Fiscalización) y Gerardo Gioglio (Nocturnidad). El nombre de este último se hizo conocido por su relación con el cirujano plástico y ex comisario bonaerense Guillermo Luna y su esposa, Laura Favre, asesinados a fines de agosto, así como con el principal sospechoso de ese doble crimen, Ariel Maydana, detenido días atrás junto a su pareja, Flavia Rodríguez, en un aguantadero en Bernal.
Para Adrián Rodríguez, “hay elementos de sobra” que indican que Galarraga, Etchevest, Reyes y Gioglio “aflojaron los controles” en el marco de “un acuerdo por coimas”.
Las circunstancias de la muerte de Emilia
Según la autopsia, Emilia murió por “inmersión en el agua” en la pileta de natación de la quinta San Cayetano, en la avenida 520 entre 159 y 160, donde la noche de fin de año se hizo una fiesta ilegal y de cuyas inmediaciones desapareció, a partir de las 22 horas, toda presencia policial o de Control Urbano, según la defensa de la familia Uscamayta Curí. No obstante, las circunstancias en que murió aún no fueron esclarecidas. “Es un segmento de la investigación que todavía no está reconstruido”, aseguró Rodríguez.
Según la querella, los funcionarios Martínez Pass y Di Grazia, y el resto de los sindicados, tienen una responsabilidad en la causa porque “hubo una zona liberada, es decir, el Estado municipal y provincial estuvieron ausentes en la zona de 520 y 160. Por muchas horas, desde el primero de enero hasta aproximadamente el mediodía, no hubo autoridad estatal pese a los llamados de los vecinos”.
«La causa está caratulada como ‘averiguación de causales de muerte’, pero nosotros estamos seguros de que se trata de un ‘homicidio simple con dolo eventual’, teniendo en cuenta que se produjeron varios factores y aportes de los organizadores que permitieron ‘una muerte anunciada’”, explicó el letrado al referirse a su reclamo de cambio de carátula para que se aplique “la doctrina penal del caso Cromañón”.
Mientras los dos funcionarios de Garro debían comparecer ante el fiscal Garganta, familiares de Emilia permanecieron en la puerta de la Fiscalía, donde repartieron volantes a los transeúntes, explicando la causa y pidiendo “Justicia por Emilia”, para “que su muerte no quede impune”.
Dos de los imputados, Carlos Bellone y Raúl “Peque” García, están prófugos de la Justicia, y las autoridades no lanzaron en ningún momento una persecución mediática para dar con ellos. Otros, como Martínez Pass y Di Grazia, se valen de otros recursos dilatorios.
“Que sepan que nunca me voy a cansar. Yo quiero justicia por mi hija”, sostuvo Juan Uscamayta, quien a sus 68 años permaneció varias horas la mañana del martes frente a la Fiscalía. “Fue mi hija, pero le podría haber pasado a cualquier otro chico.”
