Por Alejandro Palladino
Organismos de derechos humanos de la ciudad de La Plata le dieron un sentido abrazo a Carlos Rozanski, juez federal de la capital bonaerense que renunció a su cargo en las últimas horas tras una serie de presiones y ataques. Fue una muestra de apoyo en medio de los aprietes que vive el magistrado por el reflote de una causa en su contra impulsada por el gremialista Carlos Piumato, a través del Consejo de la Magistratura.
En un aula repleta de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP, en la que era jurado de una tesis doctoral, un emocionado Rozanski recibió un sostenido aplauso por su compromiso con el proceso de Verdad, Memoria y Justicia, por parte de ex detenidos en centros clandestinos, hijos de desaparecidos con sus familiares, Madres de Plaza de Mayo, ex funcionarios de áreas de derechos humanos de la provincia de Buenos Aires y de la Nación, autoridades y graduados de la Facultad de Periodismo y de la UNLP, estudiantes y militantes.
Entre los ex detenidos, madres e hijos de desaparecidos, se encontraban Juan Scatolini, Nora Ungaro, Silvia Fontana, Eliana Bacci, Martín Grass, Walter Docters, Ramón Baiviene, Marina Vega, Matías Moreno, Ana Barletta, Herenia Sánchez Viamonte, Mariano Tomaselli Pizzac, entre otros.
Entre las autoridades participó Florencia Saintout, decana de la Facultad anfitriona. Por el lado de la UNLP, estuvieron su secretario general, Leonardo González, la vicepresidenta, Ana Barletta, y la secretaria de Derechos Humanos, Verónica Cruz.
“El proceso de Verdad, Memoria y Justicia que se inició hace una década, parece ser sujeto a embates de todos los frentes.»
Rozanski, quien condenó a perpetua al represor Miguel Etchecolatz y al cura Christian Von Wernich, presentó el miércoles una carta de renuncia al Ministerio de Justicia, luego de denunciar semanas atrás al Consejo de la Magistratura por persecución política para impedir el avance en los juicios por crímenes de lesa humanidad.
En el texto, Rozanski denunció la maniobra trazada entre el Consejo, mediante el representante del Poder Ejecutivo en ese organismo, Juan Bautista Mahiques, junto con el denunciante por presunto “maltrato laboral”, Julio Piumato, titular de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, y los periodistas Jorge Lanata y Romina Manguel, quienes en el programa Periodismo Para Todos meses atrás anunciaron que el Gobierno nacional destituiría a Rozanski junto a los jueces Eduardo Freiler y Daniel Rafecas, sobre quienes avanza también el Consejo. La línea que tienen en común los tres jueces es su participación en la causa Papel Prensa.
El abogado de Rozanski, Eduardo Barcesat, dijo que ahora la denuncia de Piumato, reflotada por el Consejo recientemente luego de años de estar archivada, queda “abstracta”. Lo que continuará es la denuncia del juez ante el Consejo de la Magistratura por la persecución a la que fue sometido en los últimos meses, y en la que expresa cómo el gremialista Piumato ha manifestado su rechazo a la realización de los juicios por crímenes de lesa humanidad que él llevó a cabo.
“Fue un juez de primera que ha llevado a cabo todos estos juicios tan difíciles. Él se la ha jugado, y en qué forma. Que termine así es una injusticia muy grande”, consideró Herenia Sánchez Viamonte, Madre de Plaza de Mayo, sentada en la primera fila.
«a él le debo que los asesinos de mis viejos hoy estén en una cárcel común en perpetua y efectiva.”
“Si hablaban de que iba a ser una época en la que iba a haber una Justicia independiente, no sabemos dónde está, porque sucede todo lo contrario. Se persigue por todos los medios a jueces que realmente se la han jugado por los derechos humanos”, agregó.
“El proceso de Verdad, Memoria y Justicia que se inició hace una década, parece ser sujeto a embates de todos los frentes, tanto desde el aspecto judicial como también con políticas de recorte más de tipo político”, dijo a Contexto Emanuel Lovelli, abogado de la filial La Plata de Abuelas de Plaza de Mayo, presente en el aplauso al juez.
“Hay una embestida judicial sobre jueces que ejercen una función judicial de manera independiente y comprometida, son molestos, y correrlos significa un retroceso enorme a estos diez años de un proceso que ha sido ejemplo en el mundo”, completó.
Por su parte, Ana Mercader, integrante de H.I.J.O.S. La Plata, dijo a este medio sentir “bronca por saber que existe el apriete de los poderes hegemónicos para que tenga que renunciar”, pero agradeció por “tantos años que puso al servicio de la justicia para que se puedan esclarecer tantos casos en materia de delitos de lesa humanidad”. Y cerró: “A él le debo que los asesinos de mis viejos hoy estén en una cárcel común en perpetua y efectiva”.
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