A poco más de un mes de la asunción de Javier Milei como presidente de la nación, ya comienzan a conocerse cifras preocupantes en materia de violencia institucional. En efecto, a 35 días de la llegada del nuevo Gobierno, se han registrado unas 32 muertes en manos de las fuerzas federales de seguridad, casi una persona asesinada por día desde mediados de diciembre a esta parte. La cifra fue arrojada por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).
«Llevamos sólo 35 días de gobierno de Milei como presidente y Bullrich como Ministra de Seguridad. Ya son 32 las personas asesinadas por las fuerzas represivas estatales. Con la aprobación de la Ley Ómnibus que legaliza el gatillo fácil y profundiza toda la política represiva», indicaron desde el organismo de derechos humanos a través de sus redes sociales al publicar este miércoles. «Sólo se puede esperar que el escenario empeora», advirtieron desde CORREPI, en vista de la clara intención de Patricia Bullrich de dar rienda suelta a medidas represivas como el mentado protocolo antipiquete o la reciente instalación del discurso de lucha contra «inmigrantes que delinquen».
Además de contabilizar en los últimos 35 días unas 32 muertes por parte del accionar de las fuerzas de seguridad, desde la CORREPI sumaron otras cifras igual de preocupantes: 12 casos de fusilamientos por gatillo fácil, 16 muertes en cárceles o comisarías, un feminicidio con uniforme y 3 casos de asesinatos intrafamiliares.
«La situación es preocupante. Son cifras que no hemos tenido en un primer año de gestión de esta magnitud, cuando, además, estamos hablando de datos que nos llegan a través de medios de comunicación, de contacto directo, sin hacer búsqueda sistemática. Es muy preocupante», dijo a Contexto María del Carmen Verdú, abogada y referente de CORREPI.
En ese sentido, uno de los puntos más preocupantes del relevamiento es el de los casos de gatillo fácil, en especial frente al retorno de Patricia Bullrich a la conducción del Ministerio de Seguridad, luego del antecedente de su paso por la gestión Cambiemos con la mentada «doctrina Chocobar» como paradigma. «Estos datos lo que evidentemente demuestran es el envalentonamiento de las fuerzas de seguridad a partir del aval oficial para el gatillo fácil, no hay otra explicación», expresó Verdú.
«La situación es preocupante. Son cifras que no hemos tenido en un primer año de gestión de esta magnitud«
María del Carmen Verdú (CORREPI)
Cabe destacar que una de las preocupaciones centrales de los organismos de derechos humanos en la actual coyuntura está puesta en el contenido de la mentada ley ómnibus (ahora en plena instancia de debate parlamentario) en materia de medidas punitivas.
Desde CORREPI remarcaron que un punto del proyecto de Javier Milei implica una legitimación directa del gatillo fácil. «Está la propuesta de la modificación del artículo 34 del Código Penal, que legitima el gatillo fácil, porque establece que cualquier persona que dispare contra una persona a la que considere en actitud sospechosa o intenta huir después de haber intentado cometer un delito es absolutamente impune», informó la abogada.
«Además, es grave porque priva a las familias de las personas fallecidas a reclamar cualquier tipo de juicio y castigo o investigación del hecho. Es lisa y llanamente la legitimación del gatillo fácil como modo de intervención natural de las fuerzas de seguridad», añadió.
