A tono con la criminalización y la represión de la protesta social planificadas por el gobierno de Mauricio Macri, responsable de la desaparición forzada de Santiago Maldonado, las fuerzas de seguridad cordobesas se lanzaron a perseguir con toda dureza a las organizaciones populares.
Por orden del fiscal Gustavo Dalma, la policía provincial realizó ayer una serie de allanamientos simultáneos en un comedor del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), locales del Partido para la Victoria y el Partido Obrero, la Casa 1234, el espacio social y cultural Ateneo Social Anarquista del barrio Güemes, la Biblioteca Popular de Villa la Maternidad, la Kasa Karakol de la Federación de Organizaciones de Base (FOB), el Centro Cultural San Martín y dos viviendas particulares.
El pretexto para ingresar a esos espacios, incautar materiales y detener a varios militantes fue –aunque parezca absurdo– la rotura del vidrio de una financiera y el incendio de un contenedor de basura durante la Tercera Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que se desarrolló el lunes.
Para tener una mayor idea de la irracionalidad de la medida de Dalma, basta con destacar que una de las viviendas allanadas fue la del fletero que transportó las banderas durante la movilización, mientras que la otra pertenece a la madre de una de las víctimas del gatillo fácil.
Tras los allanamientos hubo una masiva manifestación de repudio por las calles cordobesas y una protesta frente a la Comisaría 1ª en reclamo de la liberación de Francisco Salas, Juan Kabaradjian, Osvaldo Chirio y un cuarto militante menor de edad, quienes hasta anoche continuaban detenidos.
“En Córdoba hay una especie de shock represivo, un amedrentamiento hacia todas las organizaciones que días atrás nos movilizamos en contra del gatillo fácil, pero esto también responde a las órdenes de (la ministra de Seguridad de la Nación) Patricia Bullrich para disciplinar y controlar la protesta social”, dijo a Contexto Marianela Navarro, delegada del FOL en Capital Federal, al movilizarse ayer hasta la Casa de Córdoba, ubicada en la zona de Callao y Corrientes.
La dirigente social consideró que “no casualmente este delirio represivo se ha dado un día antes de la marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado” y en medio de “la resistencia a un ajuste que está golpeando cada vez con mayor fuerza a las capas populares”.
Por su parte, el dirigente platense Esteban San Pedro, integrante de la Mesa Nacional del Partido para la Victoria, se solidarizó con sus compañeros cordobeses y el resto de las organizaciones perseguidas policial y judicialmente.
Según detalló a este diario, el local del Partido para la Victoria de Córdoba fue allanado por “efectivos de civil que llevan chalecos de la Policía provincial”, pese a no haber convocado ni participado de la marcha contra el gatillo fácil.
“Ingresaron cuando se encontraba un compañero, a quien le sustrajeron un celular y ahí nomás empezaron a llevarse imágenes de Santiago Maldonado y banderas. Luego se retiraron sin dejar constancia de la orden judicial ni de lo que incautaron”, agregó.
El dirigente remarcó, por último, que el recrudecimiento de la persecución represiva en Córdoba “no es algo aislado”, sino que “está sucediendo en todo el país”.
“Es un proceso que está llevando adelante Cambiemos con aliados estratégicos en las provincias, como el gobernador Juan Schiaretti, al que hacemos responsable por los allanamientos de este miércoles”, explicó San Pedro, quien además llamó a no dejarse atemorizar y “participar masivamente de la marcha por Santiago Maldonado”.
