Por Sebastián Novomisky y Gladys Manccini
Analizar el sentido de la formación en general y de la Universidad en particular es una de las practicas más cotidianas que podemos encontrar en las columnas de los principales medios de comunicación, pero también en el sentido común, ya que la gran mayoría de nosotros hemos sido alumnos en alguno de los niveles y por lo tanto nos sentimos habilitados para debatir técnicamente sobre el tema.
Y, por eso, el cambio que comenzó en diciembre de 2015 refleja nuevamente múltiples aristas, y entre ellas un nuevo debate sobre el rumbo del sistema de educativo nacional. Nuevas miradas que reponen viejas perspectivas comienzan a surgir, y mucho de ello se puede ver condensado en las notas de opinión sobre el tema que el periódico La Nación viene presentando en sus ediciones diarias, en las cuales podemos posarnos para reflexionar sobre una parte del debate abierto.
Comenzando por las temáticas y siguiendo por el perfil de quienes escriben, queda claro que el criterio editorial de selección de La Nación sobre temas educativos está emparentado con una mirada empresaria, de costos y beneficios –que al parecer es la vara con la que se medirá la política pública los próximos cuatro años–.
Un primer dato relevante es el lugar desde el cual se sienten autorizados quienes redactan las principales notas firmadas, primer elemento que recuperamos, para luego mencionar los editoriales que no poseen firma.
Podemos ver en cuatro de los principales voceros una formación e inserción profesional que posee un claro lugar común: la empresa y el mundo de los negocios.
- Héctor Masoero es presidente de la Universidad de la Empresa (UADE). Formado en la Universidad de Harvard y Monterrey, con DIES (Dirigentes de Instituciones de Educación Superior), graduado de la Escuela de Negocios de la Stanford University y de la Harvard Business School.
- Jorge Mosqueira es licenciado en Relaciones de Trabajo. Dirige la consultora Mosqueira y Asociados y es columnista de La Nación también en el suplemento de economía.
- Andres Hatum es licenciado en Ciencias Políticas y se doctoró en Management and Organization en la Warwick Business School, Inglaterra.
- Luciana Vázquez es profesora de Letras por la UNLP, periodista por TEA y executive master in business administration del IAE Business School, de la Universidad Austral. El IAE es una iniciativa del Opus Dei, prelatura personal de la Iglesia Católica con actividades en todo el mundo.
Baste observar las palabras que se repiten en ese combo de notas: resultados, tasas de inversión frente a tasas de graduación, gratuidad indiscriminada, competitividad, rendimiento. La coherencia con el perfil de quienes escriben, y por supuesto el dato de la formación en todos los casos en negocios, en el exterior, o, cuando es en Argentina, en una Universidad que prepara a los hombres y mujeres nada más y nada menos que por iniciativa del Opus Dei.
Sin embargo, un síntoma de esta época es poner en duda hasta las principales banderas “civilizatorias” de fines del siglo XIX y principios del XX, cuando el acceso a la educación era la única llave hacia el progreso. Parece que un siglo más tarde los valores se han invertido y, por ello, una de las especialistas que firma las columnas de opinión, se permite la pregunta “¿Vale la pena estudiar en Argentina?” o “¿Vale la pena ir a la Universidad?”. Y, en esa línea de razonamiento, asegurar por ejemplo que la extensa carrera del ex ministro de Economía, Axel Kicillof –medalla de oro al mejor promedio– no lo hace apto para ejercer la función pública porque tuvo demasiado recorrido académico, vale decir, reeditando una vieja disputa academia vs realidad, falta de calle.
Entonces, el problema es la pregunta, la formulación de la pregunta que nos hacemos en torno al análisis educativo, porque de ello depende lo que se define como problema. Si es la desproporción entre el gasto del Estado y los graduados universitarios, entonces hay que recortar el gasto o expulsar a los rezagados. Si en cambio el problema es la calidad educativa y esto se relaciona con la gratuidad desmedida, la solución es reducir el ingreso, implementar filtros, arancelar, etcétera.
Como contrapartida, los principales referentes académicos en educación presentan en sus textos palabras como «estudiantes», «enseñanza», «aprendizajes», y la enunciación de los “problemas” no es si son muchos en la escuela o en la Universidad, si el “gasto del Estado” debe corresponder con los índices de egresados, etcétera, sino más bien cómo mejoramos nuestras clases para interpelar a las nuevas generaciones, cómo los convertimos en constructores de sus procesos educativos, cómo educamos ciudadanos/profesionales libres y críticos. La pregunta entonces es humanista y no mercantilista. Queremos que todos tengan derecho a educarse, porque siempre “vale la pena” un pueblo instruido en el más alto nivel educativo.
Pero para terminar necesitamos hacer mención al elemento que, a nuestro juicio, devela la estrategia editorial general del diario recuperando lo sucedido el pasado domingo en una nota sin firma que permite aclarar mucho de lo hasta aquí dicho. Es una carta al lector que uno de los autores citados envió al diario como derecho a réplica y circuló por las redes sociales para desestimar el uso de una investigación por él realizada.
“Sr. Director,
En la edición del día DOMINGO 03 DE ABRIL DE 2016 bajo el título ‘Empleabilidad de los graduados universitarios’ se publica una nota editorial sin firma que cita un trabajo mío sobre el tema. No me gusta prejuzgar intenciones pero no puedo menos que sorprenderme de que no se aclare que dicha investigación realizada por la Universidad de Tres de Febrero data del año 1999 y que el libro mencionado de mi autoría data del año 2000. Por tanto es claro que esta omisión induce al lector a creer que las conclusiones del estudio se refieren a la situación actual lo cual es completa e insanablemente falso. Es una buena ocasión para informar bien: desde el año 2005 hasta el último trimestre del 2014 hay robusta evidencia en las mediciones de la EPH (encuesta de hogares del INDEC) y otros estudios de que la inserción laboral de los que alcanzaron educación superior se amplió hasta casi el pleno empleo (3 por ciento de desocupación y 6 de subocupación), de que sus remuneraciones mejoraron entre un 30 y un 50 por ciento en términos reales desde ese año y que se redujo considerablemente a un 12 por ciento el nivel de precarización y de subcalificación de los puestos de trabajo. Justificar una reducción de la Universidad pública (especialmente aquellas del Gran Buenos Aires) o desincentivar a los jóvenes para que estudien, instalando el tema de que sus egresados no van obtener buenos empleos o van a quedar desocupados, nos retrotrae a otras épocas de políticas de suicidio colectivo (baja inversión educativa, alto desempleo y bajos salarios) que siempre vienen acompañadas por una ceguera social que tiene –no por obvios menos eficientes– responsables y cómplices.
Marcelo Gómez – DNI 14027247″
Acordamos con Marcelo Gómez y por eso citamos completa su réplica realizada a un informe utilizado por un medio que, recuperando estadísticas de los años 2000, pretende preparar el terreno para el embate de quienes creen que debemos ser un pueblo sólo con una primaria sólida y carreras técnicas, en el que las aspiraciones de las grandes mayorías estén puestas en ser mano de obra de bajo costo.
Este es otro claro ejemplo de cómo asistimos cada vez más y con más fuerza a la manipulación de los discursos que los grandes medios hegemónicos pretenden instalar en detrimento de la educación pública. Reinstalan valores individualistas, meritocráticos y competitivos, en donde todo se mide con los criterios de la mercancía, de la relación costo-beneficio, poniendo en jaque nuevamente la educación como un derecho de nuestros pueblos. Frente a esta avanzada, resulta relevante y casi imperioso apostar a lo colectivo, al pensar y hacer juntos para defender las conquistas alcanzadas y no dar ni un paso atrás.
