Los bloques opositores de Morón buscaban que Ramiro Tagliaferro explicara al Concejo Deliberante cómo se llevó adelante la implementación del Servicio Alimentario Escolar (SAE) en las escuelas públicas del distrito, pero el intendente macrista no acudió a la cita.
La de ayer fue la sexta interpelación en su contra desde que asumió al frente del municipio y el sexto faltazo consecutivo. Tampoco estuvo el hermano del jefe comunal y secretario de Obras Públicas, Leandro Tagliaferro, señalado como responsable directo del manejo irregular del SAE. Los únicos que se presentaron fueron el subsecretario de Legal y Técnica, Cristian Herrera, y el secretario interino de Economía, Jorge Álvarez Holmberg.
“El intendente eligió una vez más no dar la cara y envió a dos funcionarios sin información a eludir respuestas, chicanear y provocar, lo que generó un gran enojo en todo el arco opositor”, dijo a Contexto el edil del Frente para la Victoria (FpV) Hernán Sabbatella.
Tras decretar a fines del año pasado la municipalización del SAE, la gobernadora María Eugenia Vidal firmó un convenio con doce distritos para empezar a aplicar el nuevo sistema en la provincia de Buenos Aires, que traspasa a los intendentes facultades que eran exclusivas de los Consejos Escolares.
Tagliaferro suscribió el acuerdo, pero nunca lo sometió a tratamiento en el Concejo Deliberante. Además, el juez en los Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, suspendió la medida de Vidal, al considerarla “inconstitucional”, y ordenó que el SAE continuara en manos de los Consejos Escolares.
Así y todo, el jefe comunal de Morón siguió adelante y contrató, sin licitación pública, a las empresas Bagala S.A., Teylem S.A., Equis Quince y Compañía Integral de Alimentos S.A., todas con sede en Capital Federal y proveedoras del Gobierno porteño.
Sabbatella explicó que estas firmas “amigas” del PRO, con “vínculos societarios entre sí”, se llevan más de 4.000.000 de pesos al mes, en detrimento de proveedores locales que “brindaban un buen servicio” a los comedores.
“Cualquier contratación superior a $1.700.000 requiere licitación pública. Para evitar ese mecanismo de transparencia, los hermanos Tagliaferro fraccionaron las compras de los alimentos destinados a las escuelas y realizaron licitaciones privadas, que tuvieron lugar el mismo día, a la misma hora y por el mismo monto de $1.033.000”, completó el edil.
Herrera y Holmberg reconocieron durante la interpelación que las compras fueron fragmentadas, pero alegaron que se decidió de esa manera “por una cuestión de tiempo” y luego de consultar al Tribunal de Cuentas.
“Dudamos que el Tribunal de Cuentas haya avalado esta maniobra”, señaló Sabbatella, y agregó que los funcionarios municipales no pueden hablar de “una cuestión de tiempo” cuando “otros municipios del mismo signo político que ellos, como Tres de Febrero, llamaron a licitación pública” tras firmar el convenio con Vidal.
“Lo primero que hizo Tagliaferro al asumir fue decretar la emergencia económica y financiera para poder contratar en situación de excepcionalidad. Acá hay una vocación de eludir los mecanismos de control. Lo hacen todos los días con distintas contrataciones”, denunció el concejal.
Basura y alimentos
Teylem S.A. y Equis Quince S.A. vienen trabajando desde hace años con las sucesivas Administraciones macristas de la Ciudad de Buenos Aires. Fundamentalmente, proveen cestos y contenedores de residuos. También alimentos, aunque a veces les cueste diferenciarlos de la basura.
En 2012, Teylem estuvo en el ojo de la tormenta por entregar yogures en mal estado en al menos tres escuelas porteñas. Dos años después, la Dirección de Bromatología de Vicente López –otro territorio PRO– determinó que la misma empresa distribuía en las escuelas del distrito productos no aptos para el consumo humano, como prepizzas con moho, dulce de leche con excremento de mosca y queso vencido.
Otra de las actuales proveedoras de Tagliaferro, la Compañía Integral de Alimentos S.A., recibió fuertes multas en 2013 por entregar 145 kilos de carne podrida al Hospital Penna de Bahía Blanca; mientras que Bagalá S.A. fue denunciada por productos en mal estado cuando estaba a cargo de la alimentación de los ancianos del Hogar “Dr. Alejandro Raimondi” de Necochea, que depende del Gobierno porteño.
Según comentó Sabbatella, la calidad de la comida que estas empresas distribuyen en las escuelas de Morón ya empezó a ser objeto de controversia a partir de algunas denuncias sobre “falta de la cadena de frío y entrega de yogures a establecimientos que no tienen heladera”.
“Está en discusión la calidad de los alimentos, los mecanismos de control y un proceso de contratación que, además de violar lo que dice la ley, expulsa a proveedores locales. En un contexto tan difícil, las pymes y comercios moronenses ni siquiera tienen la posibilidad de competir en una licitación pública”, lamentó el concejal.
