Por Fernando M. López
Producen gran parte de las frutas, hortalizas y otros alimentos que se consumen en el mercado interno, pero no están en la agenda del presidente Mauricio Macri y su ministro de Agroindustria, el terrateniente Ricardo Buryaile. Tras la devaluación de diciembre, que disparó el precio de sus insumos hasta en un 80%, la situación de los campesinos empeoró con los tarifazos, el aumento desmedido de los alquileres de la tierra y la apertura de las importaciones.
Arruinados por estas medidas, decidieron salir de sus huertas y quintas en diferentes puntos del país para movilizarse “contra el hambre y la flexibilización laboral” en el marco de la denominada Marcha Multisectorial de las Economías Regionales, que llegará el viernes a Plaza de Mayo.
Según explicaron desde la Federación Nacional Campesina (FNC), participan pequeños y medianos productores de Chaco, Misiones, Jujuy, Tucumán, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, Río Negro, Neuquén, La Pampa y Buenos Aires, a los que se suman pueblos originarios, comerciantes, organizaciones sociales y gremios.
Roberto Solano, titular de la Asociación de Medieros y Afines (ASOMA) de La Plata, dijo a Contexto que “los campesinos pobres y medios de las economías regionales no producimos para exportación”, sino que “abastecemos el mercado interno”. Sin embargo, “este Gobierno nos está fundiendo con las importaciones”, y detalló que, entre otras cosas, “entran tomates de Chile y verduras de Brasil”, con los que los productores locales no tienen posibilidades de competir.
“LOS CAMPESINOS POBRES Y MEDIOS DE LAS ECONOMÍAS REGIONALES NO PRODUCIMOS PARA EXPORTACIÓN, ABASTECEMOS EL MERCADO INTERNO. ESTE GOBIERNO NOS ESTÁ FUNDIENDO CON LAS IMPORTACIONES.”
Hace apenas un mes, Buryaile lanzó junto a Macri el Programa de Fortalecimiento para las Economías Regionales. Lejos de estar destinado a los sectores que realmente los necesitan, la medida constituye una nueva transferencia de recursos hacia terratenientes y grandes empresas agroindustriales que ya fueron favorecidos con la quita de retenciones.
“Todos los beneficios son para los grandes pooles de siembra, para nosotros nada. Somos considerados inviables hasta para un crédito bancario”, subrayó Solano.
Ciertamente, el punto más relevante del programa consiste en reintegrar a los exportadores sojeros de las diez provincias del Plan Belgrano (Corrientes, Misiones, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Tucumán, Salta, Jujuy, La Rioja y Catamarca) el equivalente al 5% en el valor FOB (precio de la mercadería puesta a disposición del comprador a bordo del buque) a partir de 2017.
Desde el Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo (OETEC) estimaron que este “privilegio disfrazado de reparación histórica” y “retórica regional” tendrá un costo fiscal de entre 60 y 100 millones de dólares.
“Es una medida absolutamente retrógrada, tramposa, pergeñada en el marco de esta auténtica revolución de los ricos”, agregó Pedro Peretti, dirigente agropecuario de la Agrupación Grito de Alcorta y ex director titular de Federación Agraria.
NO MÁS DE CINCUENTA EMPRESAS CONCENTRAN EL 80% DE LA SOJA QUE SE PRODUCE EN LA JURISDICCIÓN DEL PLAN BELGRANO.
Peretti precisó en un artículo publicado en la página web de OETEC que no más de cincuenta empresas concentran el 80% de la soja que se produce en la jurisdicción del Plan Belgrano: “Pensemos que esa zona tiene al productor individual que más soja siembra en la Argentina, Alfredo Olmedo, 115.000 hectáreas. Allí operan empresas como Rio Juramento, propiedad de la familia Brito (Banco Macro), más de 70.000 hectáreas; Adecoagro, del grupo Soros, con 260.000 hectáreas; o Cresud, de Eduardo Elzstain, con más de 400.000 hectáreas, además de dueños del Banco Hipotecario e IRSA, la familia Macri posee cuantiosas hectáreas”.
Pero no sólo se trata de la transferencia monetaria. Para el experto, “lo peor” del programa macrista es que “reprimariza la economía” y “refuerza la tendencia de seguir deforestando y sembrar más soja donde no se debería hacer”.
No hay nuevos puestos de trabajo en juego, como aseguraron Macri y Buryaile al lanzar la medida desde Tucumán. Por el contrario, será otro factor para “las migraciones rurales que después recalan en los conurbanos de las grandes ciudades”, graficó Peretti.
Los campesinos de las economías regionales que arribarán este viernes a Plaza de Mayo –el mismo día de la movilización de las dos CTA contra el ajuste y los despidos– buscarán ser recibidos por los ministerios de Agroindustria, Desarrollo Social y Trabajo. Reclamarán medidas “urgentes” y “políticas diferenciadas”, como una tarifa social para los servicios públicos que utilizan en su producción, un precio mínimo sostén, líneas de créditos blandos a tasa subsidiada y acceso a la tierra.
