Por Cristian Scarpetta
Cuando el diario El Día tituló en el editorial del 5 de mayo “Se deben desmontar las mafias a cargo de la usurpación sistemática de tierras en la zona”, dejó en evidencia una postura que no es nueva: defender los intereses inmobiliarios y ni siquiera poner en discusión las causas de la ocupación de lotes por parte de 350 familias en Abasto, que reclaman un lugar para vivir.
En una ciudad en la que sobran los terrenos, el pedido por vivienda se multiplica y, en paralelo, los beneficiarios del Pro.Cre.Ar siguen esperando la intervención del Estado municipal para poder acceder a lotes para construir. Pero ni los medios ni las autoridades hablan de estas necesidades, y defienden un Código de Ordenamiento Urbano modificado en 2010 que habilitó la especulación inmobiliaria, generó un crecimiento caótico de la ciudad y no resolvió el déficit habitacional. Los datos del último Censo Nacional fortalecen esta postura: el 19% de las viviendas en La Plata están vacías.
Para Florencia Saintout, concejal del Frente para la Victoria de La Plata, es fundamental “crear un Banco Municipal de Tierras, que sean administradas por el Municipio, y que estén destinadas a la construcción de viviendas y espacios públicos de uso comunitario”. La propuesta se basa en los principios de la Ley de Acceso Justo al Hábitat, que concibe el acceso a la vivienda como un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado. Y se aleja de la estigmatización que hace El Día de las personas que ocupan terrenos y son tratadas como “mafia organizada” y “usurpadores”, mientras que las grandes inmobiliarias aparecen como las víctimas, cuando no está claro de quién son estas tierras desocupadas hace años.
Todo este argumento de los medios hegemónicos y de las inmobiliarias resurgió con la ocupación por parte de 350 familias de unas cincuenta hectáreas a la altura de 520 y 214, en Abasto. Estas tierras fueron utilizadas en el siglo pasado para la actividad ganadera vinculada con el Matadero Municipal. En 1988, fueron compradas de manera poco clara por la empresa Texlan. Pero en 2001 entró en cesación de pagos y luego quebró. La AFIP y la Dirección Provincial de Rentas eran los principales acreedores y las tierras tendrían que haber pasado a manos del Estado. Sin embargo, empezaron a ser alquiladas a pequeños productores y ahora la Inmobiliaria Mattioli de Olmos reclamó el desalojo en nombre de Texlan. La semana pasada, la Sala IV de la Cámara Penal platense confirmó la orden de desalojo, que había ordenado un juez de primera instancia. Esta acción había sido frenada por una apelación de la Defensoría Oficial Nº 10, que entendió que “en las parcelas de Abasto no se registraban delitos de usurpación”.
Frente al inminente desalojo, Ramiro Berdesegar, vecino que ocupa el predio, sostuvo que “estas tierras son del Estado y los usurpadores son las inmobiliarias, que tienen como cómplices a sectores de la Justicia que le dan la razón y nos tratan a nosotros como delincuentes”. Además, afirmó que no se tocaron ninguno de los cultivos del predio y “sólo se ocupó lo que estaba vacío hace más de cien años”. El senador provincial Francisco López Muntaner, del Frente para la Victoria, presentó ante la Justicia un pedido de expropiación de los terrenos, argumentando que “no estamos de acuerdo con la decisión de desocupar por la fuerza el predio y darle las tierras a las inmobiliarias que hacen negocios. Además, estos lotes pertenecen al Estado y deben ser utilizados para producción y vivienda social”.
Por ahora, los vecinos resisten, la Justicia avala el desalojo impulsado por el sector inmobiliario y los medios justifican un accionar represivo en defensa de los negocios y en contra de las necesidades de las mayorías.
