Por Alejandro Palladino
La semana que pasó fue intensa en cuanto a los paros y movilizaciones de los sindicatos que no entraron a las paritarias bonaerenses. Hubo movilizaciones y paros de ATE, la Asociación Judicial Bonaerense, CICOP y SOEME, lo que implicó paro en escuelas el lunes y de estatales y de salud jueves y viernes. ATE además anunció un paro nacional para el 19 de abril y CICOP hará lo propio en la provincia por 72 horas, del martes al jueves de la semana próxima.
A todo esto se le sumó la complejísima situación de los auxiliares (ATE y SOEME), que, cuando fueron a cobrar sus sueldos, vieron que Vidal les había descontado el 70% por adherirse a los paros, luego de que la mandataria cerrara las paritarias ofreciendo un 15%, que fue rechazado por estos sindicatos al considerar la devaluación y la inflación, incluso antes de los tarifazos.
Dentro de este cuadro de situación, como respuesta a las medidas de fuerza de los gremios y lejísimo del diálogo y de su pretensión de escuchar que tanto propagó durante la campaña, la gobernadora mostró su arma más peligrosa en su plan de batallar contra los gremios: lanzó un paquete que incluye el Decreto 230 y dos proyectos de ley que dejan a los trabajadores estatales al borde del abismo.
Con el objetivo de “modernizar” y volver más “eficiente” el Estado, consignas repetidas hasta el hartazgo por el discurso macrista, le otorga facultades extraordinarias a sus funcionarios y flexibiliza las condiciones de trabajo, incluyendo no sólo a los contratados, sino también a los de planta temporaria y permanente, y quebrantando artículos de la Ley 10.430, como señaló a Contexto el abogado de ATE Marcelo Ponce Núñez.
«Modificar la 10.430 no es un problema en sí mismo. El asunto es que los artículos e incisos que deroga flexibilizan a los estatales», explica Ponce Núñez.
Como príncipes en su reinado, los altos funcionarios de Vidal pueden manejar las horas extras, disponer los ascensos, los cambios de agrupamiento, las reubicaciones y traslados de agentes dentro de cada jurisdicción, entre otros tantísimos contenidos de los artículos, fieles a la receta neoliberal. Y todo esto sin discutir en paritarias.
De las tres medidas, “el decreto de Vidal es el que más se mete con el laburante”, consideró Ponce Núñez. Firmado el 28 de marzo, el decreto entró en vigencia el miércoles 6. Su artículo 3, comienza así: “Delegar en los señores Ministros, Secretarios del Poder Ejecutivo, Titulares de los Organismos de la Constitución y Asesor General de Gobierno las normas que regulan el ejercicio de las siguientes facultades en materia de personal atribuidas a la Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires”.
Desde aquí, desciende una lista incisos. Algunos de ellos, sostiene el abogado, como el 4 y el 7, atacan la estabilidad laboral de todos los trabajadores: de planta permanente, de planta transitoria y contratados. El decreto enuncia: “Disponer los ceses de personal excluidos los del personal de planta permanente sin estabilidad y los supuestos de pasividad anticipada y retiro voluntario”.
“Esto significa que al personal de planta permanente con estabilidad también lo pueden echar. Están en jaque todos los trabajadores estatales”, afirma Ponce Núnez. “Ponen al trabajador en una situación vulnerable”, agrega, en referencia a la intención del Gobierno provincial de disciplinar la protesta por mejoras salariales inyectando el miedo a posibles despidos.
“Echar personal va a ser un simple trámite”, dijo el miércoles al diario Página/12 Oscar de Isasi, titular de ATE provincial. Para esta asociación, el combo de protocolo y proyecto de leyes que ya envió Vidal a la Legislatura pone a 10 mil trabajadores públicos bajo intimación.
El otro inciso del mismo artículo que resalta el abogado de ATE que deja en situación de precariedad a los tres tipos de trabajadores es el 7: “Prorrogar plazos para la conclusión de sumarios administrativos, ampliar suspensiones preventivas y disponibilidades relativas”.
Para el abogado, este inciso no especifica por cuánto tiempo son esos plazos. “Pueden prorrogar el plazo de un sumario con una sanción suspensiva durante todo el período de su gobierno y no laburás nunca, por dar un ejemplo”. “Esto es una locura y abarca a todos, no hace distinción. No explica qué tipo de trabajador. La Ley 10.430 establece plazos de un sumario, de traslado de prueba, de resoluciones. Si prorroga, la 10.430 dice por cuánto tiempo”, distingue. Y añade: “Si no ponen especificidades, la norma les permite hacer cualquier cosa”.
Semanas atrás, otra carta de Vidal fue la Resolución 142, que le da espacio a empresas privadas para hacer la limpieza de las escuelas, en perjuicio de los auxiliares. Ante esto, otros dos capítulos de la semana fueron los consejos escolares realizados por los gremios, que se llevaron a cabo en distintos puntos de la provincia, la mayoría de los cuales, informó ATE a Contexto, se posicionaron en rechazo a la medida, lo que generaría un paso atrás en la intención de la gobernadora.
El otro episodio tiene que ver con el descuento que le hizo Vidal a los auxiliares de SOEME y ATE, del 70% por los días de paro, en sus salarios de 8.500 que no entraron a paritarias. Esto generó la intervención del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias contra la gobernadora por considerar que los descuentos “superan todo límite de legalidad y razonabilidad”.
