La Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación dio un nuevo paso en el repliegue del Estado nacional en el proceso de justicia por los crímenes de la dictadura: este viernes la agrupación H.I.J.O.S. denunció que la Secretaría despidió a la última abogada querellante que tenía en Rosario, Santa Fe, cuando faltan días para que comiencen dos nuevos juicios en los Tribunales Orales Federales.
En un comunicado emitido este viernes, H.I.J.O.S. denunció que la Secretaría “ya no cuenta con ningún abogado ni abogada para afrontar su responsabilidad como querellante” en los debates en los que se juzgarán las responsabilidades de cerca de una veintena de genocidas involucrados en las causas Klotzman y Feced III, cuyo inicio está pautado para las primeras semanas de marzo.
“Hay un repliegue absoluto del Estado”, dijo a Contexto Nadia Schrjman, abogada querellante de H.I.J.O.S. en juicios de lesa humanidad en Rosario. “No sólo por las Secretarías de Derechos Humanos, sino también por el que ha hecho el gobierno en las diferentes áreas de derechos humanos de los ministerios, como los de Seguridad y Defensa, que aportaban a los juicios y hubo despidos.”
En la denuncia, H.I.J.O.S. explicó que todo comenzó en junio del año pasado cuando el abogado Santiago Bereciartúa fue despedido luego de haber estado contratado durante varios años por Nación para llevar adelante la representación de la Secretaría en los juicios a los genocidas. A ese despido se sumó este año -luego de un proceso de hostigamiento- el de la abogada Natalia Moyano.
Bereciartúa y Moyano también integraban los equipos jurídicos de H.I.J.O.S. y de Abuelas de Plaza de Mayo filial Rosario. Schurjman contó que inicialmente trabajaban tres abogados en la Secretaría porque la jurisdicción también abarca la de San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires. Y aclaró que la participación de los abogados de la agrupación y de la Secretaría siempre fue en conjunto para facilitar y hacer más efectivas las estrategias judiciales para buscar justicia.
Además de inscribir los despidos en el vaciamiento de las políticas de derechos humanos que lleva adelante el gobierno nacional, el organismo denunció que se debe a una cuestión política.
“A Santiago lo despidieron sin causa. Pero después supimos que fue por razones políticas, por publicaciones que realizó criticando al gobierno nacional”, detalló Schurjman. De hecho, las tensiones políticas venían aumentando en el trabajo cotidiano de los abogados querellantes. “Había una bajada de línea que no compartíamos: pedían que los abogados no dijeran represores o genocidas en las presentaciones”, detalló la abogada. Pero, además, las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos dieron la orden de no oponerse a las prisiones domiciliarias.
Por esa situación, desde H.I.J.O.S. Rosario denunciaron los despidos como un hecho de “persecución política” contra sus compañeros. Y advirtieron que el vaciamiento “adquiere una mayor gravedad ante el próximo inicio de los juicios Klotzman y Feced III.
La causa Ricardo Klotzman, que lleva el nombre de quien fue jefe del ERP en Rosario, es un expediente que investiga 27 homicidios, secuestros y torturas cometidos contra militantes del PRT-ERP en la primera mitad del mes de agosto de 1976. En el debate oral que comenzará el mes que viene están acusados el excapitán del Destacamento de Inteligencia 121, Jorge Alberto Fariña, de 73 años y detenido en el Complejo Penitenciario de Marcos Paz, junto con los policías federales Federico Almeder (65), preso en Marcos Paz, René Langlois (69), detenido en Ezeiza, Enrique Andrés López (65), detenido en Marcos Paz, y Luis Paulino Coronel (74), con domiciliaria.
La causa Feced III es el tercer tramo de una amplia investigación sobre crímenes de la dictadura cometidos en el centro clandestino de detención (CCD) que funcionó en el Servicio de Informaciones (SI) de la Jefatura de Policía de Rosario, en la que se investigarán los asesinatos, secuestros, torturas y abuso sexual cometidos contra 155 víctimas. En ese expediente están imputados los policías santafesinos Carlos Ulpiano Altamirano, Eduardo Dugour, Julio Fermoselle, Héctor Gianola, Daniel González, Ramón Ibarra y José Rubén Lo Fiego. También están acusados Mario Alfredo Marcote, Lucio César Nast, Ovidio Olazagoitía, José Carlos Scortechini, Ernesto Vallejo, Ramón Vergara y el sacerdote Eugenio Zitelli.
En los debates H.I.J.O.S. aclaró que “con nuestros abogados y abogadas seguiremos luchando por Memoria, Verdad y Justicia, y para que todos los genocidas, asesinos, torturadores, ladrones de bebés y vendepatrias estén en el lugar que les corresponde: la cárcel”.
