Este jueves, la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados dio el puntapié inicial para el tratamiento del juicio contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en una reunión de cuatro horas con tensos momentos entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, que rechaza rotundamente la iniciativa impulsada por el Ejecutivo nacional.
La comisión, presidida Carolina Gaillard, tuvo su primera reunión en lo que promete ser un proceso de largas jornadas, donde se tratarán catorce proyectos que contienen denuncias contra el supremo tribunal. Según se detalló, el 2 de febrero recibirán a sus autores y a la semana siguiente se analizará la «admisibilidad» de las pruebas para avanzar con el juicio político.
«Voy a ajustarme a la Constitución y al reglamento de la comisión. Esto no es un juicio penal, no tenemos facultades jurisdiccionales que sí tiene la Justicia», afirmó Gaillard, quien destacó que si se comprueba la admisibilidad el juicio político llegaría al recinto.
“La causal de mal desempeño que se está denunciando en la mayoría de los proyectos es una causal prevista en la Constitución nacional para apartar del cargo o de sus funciones a aquellos funcionarios que no estarían desempeñándose bien”, sostuvo la diputada oficialista.
De la oposición, el primero en tomar la palabra fue el vicepresidente de la comisión y presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, quien detalló que propondrán «una serie de invitados para discutir la admisibilidad a fin de «discutir con rigurosidad» con especialistas y magistrados.
El presidente del bloque oficialista, Germán Martínez, sostuvo que «siempre la oposición va a tener la posibilidad de expresar lo que quiera expresar», pero que dichas invitaciones «están claramente reguladas en la etapa de pruebas».
El diputado del PRO Omar de Marchi manifestó su negativa a avanzar con el pedido de juicio político «como formará parte de la agenda central de la Argentina» y apuntó contra Alberto Fernández al considerarlo «el principal impulsor mediático de este circo que montan a diario, que tiene principalmente dos objetivos”, que son “no hablar de los problemas importantes del país” y la intención del Gobierno de “intervenir, con meterse, con manipular la agenda judicial”.
Fue Martínez el que decidió responder a las críticas: «No venimos a montar ningún circo. Venimos a plantear un camino que está claramente expresado en la Constitución nacional. Venimos a hacer lo que tenemos que hacer», afirmó y señaló que «no andamos en conciliábulos nocturnos. Para eso está Lago Escondido, no venimos a eso».
“Esto que venimos a hacer tiene que ver con una crisis que está viviendo la Justicia argentina, de la cual hay sospechas gravísimas y análisis muy concretos de que no solamente hay arbitrariedades, parcialidades, situaciones de mal desempeño, sino que también en algunos casos hay claramente persecución política”, sostuvo. “Venimos a poder dar un debate con altura, con argumentos, con fundamentos, y lo vamos a hacer siempre apegados a derecho”, agregó.
Desde la Izquierda, Myriam Bregman cuestionó el «montaje electoral» y aseguró que es una iniciativa «que le conviene a Juntos por el Cambio». Asimismo, cuestionó al supremo tribunal: «Es la Corte del 2×1. ¿Qué podemos pensar de una Corte que quiere beneficiar a los genocidas de un modo tan escandaloso?».
A su turno, el diputado oficialista Leopoldo Moreau rechazó las acusaciones de De Marchi sobre la existencia de un «circo mediático» por parte del oficialismo y dijo que «estamos ejercitando una facultad constitucional».
“Las decisiones políticas generan alineamientos, no es que nosotros busquemos alimentar la grieta, no es culpa nuestra que se hayan alineado para defender su Corte, porque esta no es la Corte de todos los argentinos, esta Corte tiene dueño y son los 500 empresarios que han obtenido fallos favorables y los medios hegemónicos que quedaron desnudos con la ‘Banda de Lago Escondido’. Hay que erradicar del país la mafia del Poder Judicial”, sostuvo.
El jueves próximo llegarán a la comisión los autores de los 14 proyectos. Entre las denuncias que reúnen se encuentran el fallo sobre la Ley del Consejo de la Magistratura, la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, el 2×1 a favor de los genocidas y por supuesto el escandalo del Lago Escondido.
