Por Miguel Croceri
La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada nacional Lilia Lemoine tienen todas las condiciones favorables para ejecutar tareas de entretenimiento de la opinión pública en función de los intereses del régimen gobernante, además de acumular poder para sus propias carreras políticas individuales.
Tanto Villarruel como Lemoine tienen piel blanca, ojos claros, rasgos faciales acordes a los mandatos hegemónicos de «belleza» y saben sonreír relucientes; son además porteñas, de ultraderecha, y locuaces para expresarse en el espacio comunicacional. La primera de ellas posee, en particular, una formación ideológica sólida y una especial habilidad para la polémica, como demostró durante la campaña electoral en los debates televisivos frente al candidato de Unión por la Patria para su mismo cargo, Agustín Rossi.
Ambos personajes oficialistas son impunes y eficaces, también, para descargar discursos violentos contra sectores o referentes de la sociedad a los cuales (por la propia naturaleza político-ideológica de ellas) consideran enemigos que deben ser atacados con toda la agresividad que resulte necesaria: por ejemplo, el kirchnerismo, las/los líderes del movimiento de derechos humanos, los feminismos, los pueblos originarios, las organizaciones sociales y las sindicales, la izquierda, las/los militantes y dirigentes populares en general, y asimismo personas con cuerpos no hegemónicos.
(Este último fue el caso divulgado hace dos años, donde se pudo ver a Lemoine dando instrucciones a un grupo sobre temas de «militancia digital». Allí explicaba que estaba permitido llamar «tanque australiano de medialunas» a la joven dirigente Ofelia Fernández, quien en ese momento era legisladora de la ciudad de Buenos Aires. El hecho está registrado en un brevísimo video filtrado que se publicó en el canal de YouTube del portal de noticias La Política Online. Posteo del 31/10/2022).
Con ese conjunto de características a su favor, potenciadas hasta el infinito por las cadenas de medios de la derecha y la ultraderecha más los ejércitos de activistas de esa misma matriz ideológica en las redes digitales, la vicepresidenta de la nación y la mediática diputada dedicaron gran parte de los días recientes a pronunciarse sobre los cánticos discriminatorios divulgados por Enzo Fernández, jugador de la selección nacional de fútbol campeona del mundo y bicampeona de América.
Se trata de una forma cómoda, magnífica para sus intereses, de «hacer política» a bajo costo y con amplios beneficios. No enfrentan a ningún adversario poderoso, sino que, por el contrario, ganan adhesiones por ese tipo de discursos en una parte importante de la ciudadanía, hasta el extremo de simular postulados «nacionalistas», «patrióticos» y «anticolonialistas», como hizo Villarruel (información de Perfil, nota del 17/07/24).
La vicepresidenta es, institucionalmente (y más allá de las disputas internas en la camarilla oficialista), nada menos que la «número 2» de un Gobierno que está sometiendo a Argentina bajo la geopolítica de Estados Unidos y las demás potencias occidentales, y en general bajo los intereses del poder capitalista que pretende saquear a nuestra patria de sus recursos y su riqueza.
En tanto, la violenta diputada porteña ocupó el centro de la escena también a partir de la polémica desatada tras los festejos de la selección, a lo que agregó golpes de efecto sexistas contra el destituido subsecretario de Deportes, Julio Garro, como parte de rencillas internas de la ultraderecha (video reproducido en la red X por el multimedia alternativo El Destape, posteo del 18/06/24).
Calamidades día tras día
Discutir públicamente asuntos de máxima trascendencia humanitaria y social como la discriminación, el racismo, la xenofobia, etcétera, tiene una finalidad antihumanista cuando se lo usa (como en los ejemplos aquí mencionados) para distraer a la opinión pública de las calamidades que lleva a cabo Milei como cabeza visible del régimen extremista.
No se trata solo de calamidades económicas y sociales. Aunque estas resulten las más urgentes y normalmente, son las únicas que se toman en cuenta para el debate político argentino.
Desde una concepción marketinera, contraria a la función pedagógica que la propia política tiene sobre la sociedad y a las tareas que le conciernen para la educación cívica y conducción, orientación y movilización de las energías colectivas, los demás asuntos son desdeñados en la acción y discurso de múltiples dirigencias populares por considerar que «no le importan a la gente».
Mientras las fuerzas que aspiran a representar los intereses del pueblo piensan y actúan de tal manera, los poderes que expresan a las clases dominantes locales y a las estrategias imperiales extranjeras gobiernan día tras día con métodos antidemocráticos.
Los principales daños que Javier Milei ha infligido a la nación y a la gran mayoría de las personas que la habitamos en sus siete meses al frente del Poder Ejecutivo, fueron a través de decisiones unilaterales y unipersonales, aunque avaladas (sin ello no tendrían efectos reales) por los poderes fácticos y por un cierto consenso social.
Así, en la primera semana y a través del Banco Central, devaluó la cotización del peso argentino en 118 %. Las grandes empresas aprovecharon para asaltar la economía de las familias y provocaron una inflación, solo en ese mes, del 54 % en los precios mayoristas (crónica del diario La Nación, nota del 18/01/24).
De inmediato, el presidente emitió la norma generalmente llamada «DNU» o a veces «DNU 70», que en concreto fue el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2023, a través del cual derogó de facto casi ochenta leyes y modificó otras trescientas. Con semejante acto dictatorial inició su gobierno y puso en marcha el procedimiento de gobernar mediante decretazos, pasando por arriba de la Constitución y de las leyes argentinas.
Otras decisiones de máxima trascendencia para el presente y futuro, pero en este caso (al menos a grandes rasgos) dentro de atribuciones que legalmente corresponden al Poder Ejecutivo, involucran las relaciones con otros países o el incumplimiento de acuerdos internacionales.
Los discursos dominantes suelen referir a los insultos y agravios de Milei a otros presidentes. Pero siendo ello muy grave, infinitamente peor es haber rechazado el ingreso de Argentina al grupo BRICS (Brasil, Rusia, China, India y Sudáfrica); además, paralizar la construcción de dos represas hidroeléctricas en Santa Cruz que tenían financiamiento de China, anunciar la instalación de una base militar de Estados Unidos en Tierra del Fuego y respaldar la matanza de Israel contra la población palestina en Gaza.
Ninguno de estos asuntos forman parte de la discusión pública. Sin embargo, más allá de que las dirigencias populares y medios de comunicación afines lo ignoren, y por lo tanto queden fuera de la consideración social, son decisiones determinantes para la vida de las personas aunque estas no lo sepan (tema comentado por este mismo autor en una columna similar que publicó hace tres meses el portal neuquino Vaconfirma, titulada «Argentina, humillada por su propio gobierno». Nota del 14/04/24).
Poderío del régimen
La fracción dominante del Poder Judicial, que forma parte del régimen, tras la sanción del DNU 70 miró para otro lado y convalidó ese ataque al orden jurídico. Luego, el Senado se tomó tres meses para considerarlo y recién lo trató y rechazó en marzo. Pero finalmente una mayoría cómplice de la Cámara de Diputados se negó a debatir el decretazo, que entonces mantuvo y mantiene plena vigencia (excepto unas pocas cláusulas suspendidas momentáneamente por decisiones de algún juez o tribunal).
Con ello, más las resoluciones que adopta diariamente a través del Ministerio de Economía y del Banco Central, en poco más de medio año Milei ha expropiado gran parte del poder adquisitivo de los trabajadores formales e informales, así como de jubilados y de las capas medias de la sociedad, para transferirlo a las clases dominantes y al capital trasnacional (pueden consultarse cifras referidas a salarios, jubilaciones y asignaciones familiares, resumidas por la organización Chequeado, dedicada a la verificación del discurso público, en un informe que elaboró cuando se cumplía un semestre de la gestión presidencial. Artículo del 10/06/24).
A partir de ahora, tras la sanción legislativa a fines de junio de la ley Bases y el denominado «paquete fiscal», Milei puede ejercer atribuciones discrecionales que le fueron otorgadas por mayorías parlamentarias cómplices.
Haciendo uso de ese poderío descomunal, la semana pasada dispuso por decreto una transformación rotunda del sistema nacional de inteligencia. Lo que, según el orden jurídico vigente, debió realizarse a través de una ley (o más de una) que tuviera tratamiento en el Congreso. El jefe del régimen volvió a resolver de manera unipersonal y anticonstitucional (acerca del contenido y significación de la reforma de los servicios secretos que dependen de la Presidencia de la Nación, resulta esclarecedor un análisis de la periodista Luciana Bertoia publicado en Página/12. Nota del 19/07/24).
«Llevarse las marcas«
La articulación entre funcionarios públicos surgidos del voto ciudadano más las corporaciones que actúan dentro del Estado y asimismo grandes conglomerados empresariales constituyen una fuerza real suficiente como para pasarle por arriba a los intereses populares y a las instituciones democráticas.
Ese ejercicio impune de los poderes está hábilmente sostenido, al mismo tiempo, por maniobras para entretener a la sociedad a través de espectáculos políticos que ocupan y distraen mientras la extrema derecha lleva a cabo la devastación del país con la complicidad de «moderados» y «racionales», como demuestra el llamado Pacto de Mayo y la subsiguiente instancia negociadora que lleva por nombre «Mesa de Mayo».
A su vez, en días recientes Villarruel y Lemoine han sido ejemplo de cómo «llevarse las marcas», dicho con una metáfora deportiva, de modo tal que la agenda comunicacional esté pendiente de sus egos y sea funcional a los sectores dominantes. Aunque ellas no son las únicas que lo hacen, su despliegue resulta especial para esa función debido (como se decía al comienzo de esta nota) a rasgos ventajosos que ambas comparten.
Pronto se harán visibles otras maniobras que implican nuevos ataques al bien común y el interés general, pero disfrazados mediante formatos legales y fórmulas retóricas convenientes a los perpetradores y beneficiarios. Una está rodeada de la palabra «hojarasca», que de por sí es un término llamativo y de gran utilidad distractiva para esconder la derogación de normas protectorias de derechos sociales y garantías ciudadanas.
También se vuelve a instalar en la conversación pública la famosa «edad de imputabilidad», un tema que engaña y estafa con enorme facilidad a personas comunes del pueblo afectadas por hechos de violencia urbana o con miedo a sufrirlos.
Y muy probablemente en poco tiempo el oficialismo saldrá a la carga con una ampulosa «reforma política» que incluiría la eliminación de las elecciones PASO (primarias abiertas, simultáneas y obligatorias). Y, mientras tanto, el pueblo futbolero y la sociedad en general polemizan con entusiasmo sobre las llamadas Sociedades Anónimas Deportivas (SAD).
El régimen extremista está sostenido por una articulación de instituciones públicas y corporaciones estatales y privadas que saben ejecutar con mucha eficacia estrategias de entretenimiento político masivo, y que sobre todo han conseguido un poderío e impunidad necesarios para gobernar con métodos antidemocráticos sin que (al menos por ahora) eso les signifique mayores problemas.
