La política antimigrante del gobierno de Mauricio Macri exacerba la xenofobia, la discriminación y el racismo. Desde que el presidente firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017 para modificar la Ley 25.871 de Migraciones, los residentes extranjeros vienen sufriendo todo tipo de agresiones, ataques y persecuciones, incluso por parte de las fuerzas de seguridad que deberían protegerlos.
Uno de los casos más recientes sucedió el 28 de mayo en la localidad platense de Lisandro Olmos. Tres efectivos del Comando de Patrulla de la Policía bonaerense persiguieron a Reynaldo Soraide, un trabajador frutihortícola de 42 años que se dirigía en camioneta hasta su casa, luego de una larga jornada laboral. Lo sorprendieron cuando estaba por bajarse del vehículo y allí empezaron a golpearlo con saña, mientras le gritaban “boliviano de mierda” y otros insultos humillantes. Luego lo tiraron al piso, donde continuaron atacándolo a patadas y palazos.
Antes de llevárselo detenido sin razón alguna, los policías también agredieron a los familiares y vecinos que intentaron detener la golpiza. Reynaldo fue trasladado primero a la Comisaria de Abasto y, más tarde, a la Cuarta de Berisso. Recuperó su libertad recién al otro día.
Aún más nefasto es el caso del folklorista boliviano Abraham Condori, de 36 años, asesinado a balazos y calcinado en su vivienda de Lomas del Mirador, partido de La Matanza, el pasado 29 de abril.
Su familia lo calificó como un crimen xenófobo y acusó a un vecino apodado “El Gitano”. El presunto autor del hecho declaró ante la justicia, pero no quedó detenido. “Ese tiene mucho poder. Yo sé que fue él y no voy a bajar los brazos hasta que pague”, manifestó la viuda de Condori en esa oportunidad.
El vicecónsul de Bolivia en La Plata, Ramiro Argandoña Cuellar, dijo a Contexto que “los migrantes son presentados como un problema, se los utiliza como distracción de otros temas vinculándolos al narcotráfico y a la delincuencia, y eso reaviva visiones xenófobas y discriminatorias”.
“Otra vez nos llaman ‘bolitas’, nos dicen que nos volvamos a nuestra tierra, nos acusan de sacarle el trabajo a los argentinos”, sostuvo y señaló que, pese a los crecientes hechos de violencia, “hay muchos compatriotas que no se animan a hacer la denuncia porque temen ser expulsados”.
“Se ha generado un ambiente de miedo. Por eso, estamos tratando que todos los ciudadanos bolivianos regularicen su situación migratoria para evitar problemas”, explicó Argandoña Cuellar.
El Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas ya cuestionó el decreto xenófobo de Macri y exhortó al Estado argentino a derogarlo o enmendarlo para garantizar los derechos humanos de los migrantes.
El organismo advirtió el mes pasado que las modificaciones a la Ley 25.871 restringen el ingreso al país sobre la base de parámetros muchas veces discriminatorios, facilitan expulsiones sin garantías legales mínimas, limitan el acceso a la defensa jurídica y amplían los supuestos por los que un migrante puede ser detenido bajo prisión preventiva.
Sin embargo, al igual que con la resolución de la ONU que exige la libertad inmediata de Milagro Sala, el Gobierno de Cambiemos ha decidido desconocer las recomendaciones en materia migratoria de las máximas instancias internacionales.
El subdirector nacional de Migraciones, Julián Curi, salió a decir hace unos días que Argentina “es el país abierto que ha sido siempre, pero con reglas claras para quienes no cumplan las normas”.
Macri había dicho más o menos lo mismo cuando presentó el DNU 70/2017, una medida inconstitucional justificada en la necesidad de combatir delitos graves como el narcotráfico, el tráfico de armas y la trata de personas, algo que ya estaba contemplado en la Ley de Migraciones; mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y otros funcionarios nacionales inflaban estadísticas para culpar a paraguayos, peruanos y bolivianos de todos las males del país.
Los efectos del discurso xenófobo y la política antimigrante de Cambiemos se ven claramente reflejados en casos como los de Reynaldo Soraide y Abraham Condori, más allá de que el gobierno haya bajado ahora el tono porque se aproximan las primarias de agosto y las elecciones legislativas de octubre.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que realizó una denuncia penal por el brutal ataque de la Policía bonaerense al trabajador frutihorticola de Olmos, remarcó ayer que “lo más preocupante” de estas arbitrariedades “es que son expresión de una gravedad aún mayor: la persecución sistemáticas que sufren las comunidades migrantes en Argentina por su condición de migrantes”.
“Todo esto se ha profundizado con la puesta en vigencia del DNU 70/2017 a principios de este año, que reformó la Ley de Migraciones, vulnerando garantías y derechos constitucionales y asumiendo una perspectiva xenófoba que asocia los índices de criminalidad con la nacionalidad de las personas”, concluyó en un comunicado.
