En medio del ajuste en educación a nivel nacional, con severos recortes previstos en la ley de Presupuesto 2019 a la que Diputados dio media sanción, la educación técnica de la provincia de Buenos Aires atraviesa un momento de intentos de reformas curriculares en detrimento del trabajo docente y de subejecución presupuestaria que afecta su funcionamiento.
El exdirector provincial de Educación Técnica, Gerardo Marchesini, explicó cómo es el proceso a partir del cual el gobierno de María Eugenia Vidal destruye a este sector del sistema educativo. El exfuncionario, a quien el director general de Escuelas, Gabriel Sánchez Zinny, obligó a renunciar ni bien asumió en 2017, detalló que ese proceso conlleva desfinanciamiento a través de subejecuciones presupuestarias y reformas curriculares que reducen horas y tercerizan el trabajo docente, condiciones que sientan el campo para el avance de privados, como ocurrió en la Escuela Técnica Nº 6 (Albert Thomas).
Los gremios docentes denuncian un fuerte ajuste en la educación técnica. ¿Cuáles son las medidas que han impactado en este sector del sistema educativo?
El contexto tiene que ver con los recortes presupuestarios, en particular con la subejecución presupuestaria. Provincia está subejecutando el Fondo Nacional de Educación Técnica Profesional (ETP). Las escuelas técnicas, agrarias, centros de formación profesional e institutos técnicos superiores se sustentan de dos formas: una vía es por el Fondo Nacional que le dio la Ley 26.058 y la otra es el presupuesto provincial. Provincia sólo paga los sueldos. El ajuste en el Fondo Nacional se viene dando desde 2016. El encargado de ejecutarlo es el INET (Instituto Nacional de Educación Tecnológica), que hasta 2016 manejó Sánchez Zinny. La ejecución en ese año de su gestión fue sólo del 12%. En números, se perdieron 2.300 millones de pesos. Como resultado de eso, lo nombraron ministro en provincia para 2017. En 2017, y este año también, se subejecutó. Entre los tres años se perdieron 500 millones de dólares.
¿Cómo se da este proceso de recortes en la provincia y qué aspectos educativos afecta?
La provincia de Buenos Aires tiene el 48% de la matrícula del país, con lo cual se ve enormemente afectada por esta vía de financiamiento a nivel nacional. Por la segunda vía, la provincial, el gobierno intenta desde mitad de año una reforma curricular que baja entre 1.100 y 1.400 horas en el trayecto formativo para los títulos de técnico medio. Esto es un año de estudio. Es un recorte del 20% en los sueldos docentes, con lo cual el ajuste en nación ya se hizo, y si se aprueba el proyecto para 2019 que está en debate, formalmente se cae el Fondo de la ley.
¿Cómo juega en este proceso el avance de las ONG y fundaciones en el sistema público?
En este intento de desregulación del sistema de educación técnico-profesional empiezan a actuar actores externos: fundaciones y ONG. La única plata que se está ejecutando del Fondo Nacional son contratos con fundaciones, como por ejemplo Enseñá por Argentina. Acá lo que llevan adelante Sánchez Zinny y la gobernadora Vidal es claramente un proyecto de mercantilización de la educación, con la educación ya no como bien social, como dicen nuestras leyes, sino como bien de comercio.
Para hacer eso, antes tienen que desfinanciar, que ya lo hicieron. Después modificar los planes de estudio, con lo cual descompromete la validez nacional y la homologación del título. Y el tercer paso, como lo muestra el caso del Albert Thomas, entre otros, es que empieza a haber intentos de cosas que no quedan claras en cuanto al avance de privados, porque el convenio con la Fundación Albert Thomas no sabemos qué alcance tiene. Sí sabemos que la DGCyE firmó de manera específica un convenio. En este contexto de ajuste, uno sospecha intentos de tercerización y mercantilización de la educación. El proceso va en ese sentido.
¿Qué otros casos hay en los que el control de la escuela quede en manos de privados?
Hay distintos ensayos con fundaciones. Por ejemplo, una de las pocas cosas que ejecuta Provincia ahora: hay un plan que costó 16 millones de pesos con una fundación para que los alumnos entren vía online con una aplicación a ver su orientación vocacional. Es un disparate. No se compran los insumos básicos para que se hagan las prácticas, pero compran licencias de una fundación para esto. Cuando uno mira quiénes son, encontrás a Enseñá por Argentina, un cazador de talentos para precarizar el trabajo docente. Todo el tiempo hay fundaciones a las que la DGCyE les contrata servicios que son propios del Estado para que los hagan dentro de la escuela.
Los gremios señalan que la reforma curricular que impulsa Sánchez Zinny crea figuras institucionales que no están avaladas en el Estatuto docente. ¿Cómo es eso?
La Ley Provincial de Educación sostiene en su artículo 14 que cualquier reforma curricular no puede afectar fuentes de trabajo. Entonces, al bajar 1.400 horas, ellos plantean que esas horas sin disponibilidad los docentes no las van a perder, por eso crean “figuras de apoyo”, como tutorías. Eso es insostenible, porque, en primer lugar, no es una figura estatutaria. Si quieren generar figuras nuevas tienen que abrir la discusión en la paritaria. Pero no se puede cerrar la paritaria salarial, mucho menos abrir una discusión en estos términos. Los gremios no han sido siquiera llamados para hablar de esta reforma cuando la ley provincial establece que cualquier reforma curricular se hace con los actores educativos. Si se sabe de esto es porque ha habido filtraciones de los documentos. De lo contrario no se entera nadie.
A nivel nacional hay un proceso de desindustrialización. ¿Cómo se relaciona esta caída de la actividad industrial del país y este nuevo diseño curricular de Cambiemos?
Cada vez que vivimos un proceso de primarización de la economía, como pasa ahora, esto se repite. Se repitió durante el siglo XX varias veces. Durante el último golpe militar, la segunda medida económica de Martínez de Hoz fue desafectar el financiamiento que solventaba el Consejo Nacional de Educación Técnica (CONET) con el que se financiaba la educación técnico-profesional desde 1959, cuando lo creó el presidente Frondizi. Cuando desfinanciás una actividad, como ahora, esa actividad se cae. Este proceso terminó en los noventa con la descentralización del sistema secundario y la transferencia a las provincias y la Ley Federal de Educación. Nos llevó desde 1976 a 2005 tener una ley que otra vez solvente la educación técnico-profesional. Y eso permitió desde 2005 a 2015 crecer desde un 6% durante la crisis de 2001 de los títulos totales emitidos en el país de educación técnico-profesional, a un 15% en 2015.
Estos procesos no son nuevos, ya los hemos vivido. La diferencia que hay ahora con respecto a los noventa es que hoy hay una ley que dice lo contrario, por lo tanto, se está incumpliendo esa ley. Es una versión de los noventa pero más rápida.
¿Cómo son esos índices en países industrializados?
Un país industrializado tiene como mínimo de piso un 30%. Por lo tanto, en Argentina había que sostener no menos de diez o quince años más un proceso de financiamiento como el que teníamos. El 30% es la media europea, y cuando mirás a los países asiáticos que se industrializaron en los ochenta y en los noventa, andan en el 40%, 45% de participación entre los títulos técnicos y las ingenierías universitarias ligadas a educación técnico-profesional. Y eso se hace con financiamiento. Lo primero que hizo este gobierno es desfinanciar, y eso afecta a la matrículas.
Antes de conocerse el caso del Albert Thomas, Sánchez Zinny había dado de baja los convenios entre las escuelas técnicas y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). ¿Qué consecuencias tuvo?
Los convenios con la UTN fueron creados en 1995 para cubrir algunas escuelas del desguace de la educación técnica por la Ley Federal de los noventa. Primero fueron treinta y pico y últimamente quedaban seis. Esos convenios les permitió que no sean destruidas. Desde 2005, la mayoría de las escuelas abandonaron ese convenio. En La Plata quedaban dos, las técnicas Nº 8 y Nº 6, que mantenían el convenio con la UTN básicamente por una cuestión de proyecto de trabajo en común. Cuando se ataca esto, se ataca un fortalecimiento por parte de una institución educativa con una Universidad pública.
