Todo empezó en las primeras semanas de la gestión macrista, cuando el entonces flamante presidente derogó en sus cláusulas fundamentales, o modificó, distintas leyes de la nación a través de los llamados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Una de esas arbitrariedades fue para asegurarse que el espionaje telefónico quedara dentro de la órbita del nuevo oficialismo, mediante un dispositivo jurídico donde el propio gobierno, la fracción dominante del Poder Judicial y los servicios secretos se combinaran para entrometerse, con un disfraz de “legalidad”, en las conversaciones privadas.
La maniobra inicial consistió en ejecutar por decreto un cambio de fondo en la legislación vigente, sancionada por el Congreso a propuesta del gobierno de Cristina Kirchner y promulgada en marzo de 2015. Se trata de la Ley N° 27.126, por la cual se creó la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en reemplazo de la vieja Secretaría de Inteligencia (SI), que durante décadas se llamó Secretaría de Inteligencia del Estado, la temible SIDE. Esa norma disponía -dispone, aunque sus cláusulas han sido violadas en los hechos- que la interceptación de comunicaciones para la investigación de delitos quedara a cargo de la Procuración General de la Nación (puede accederse al texto completo de la ley a través del sitio oficial de información legislativa Infoleg: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/240000-244999/243821/norma.htm)
Pero el 29 de diciembre del mismo año, disimulado por el jolgorio de un nuevo gobierno y el clima de Navidad y Año Nuevo, un decretazo de Macri -quien llevaba menos de veinte días en el cargo- eliminó ese artículo y transfirió las escuchas a la órbita de la Corte Suprema. En los hechos, esa transferencia dejó el espionaje «legal» en manos de Ricardo Lorenzetti, el presidente del poderoso tribunal (acceso a la noticia publicada por el diario Ambito: http://www.ambito.com/821548-transfieren-por-decreto-escuchas-telefonicas-a-la-corte). Comenzó así la ofensiva ilegal e inconstitucional para desgastar a la procuradora Alejandra Gils Carbó, considerada una enemiga por el macrismo, la corporación judicial, los servicios de inteligencia y el conjunto de la derecha ideológica, y que luego de resistir estoicamente durante dos años renunció a fines de 2017.
Tras aquella primera arbitrariedad, el paso siguiente lo dio la propia Corte. Mediante una acordada del 16 de febrero de 2016, creó bajo su órbita la Dicom (Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial de la Nación), e informó que «se designó mediante sorteo como director general del organismo al presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, Martín Irurzun». En caso de licencia, vacancia u otro impedimento, sus funciones quedarían a cargo del juez Javier Leal de Ibarra. Las designaciones serían por un año (la decisión fue comunicada oficialmente por el Centro de Información Judicial, CIJ, que es la agencia de noticias del Poder Judicial y depende precisamente de la Corte: http://cij.gov.ar/nota-19854-La-Corte-Suprema-cre—la-Direcci-n-de-Captaci-n-de-Comunicaciones-del-Poder-Judicial.html).
El nuevo marco legal derivó en que el sistema de escuchas volviera a ser manejado por los corrompidos servicios de inteligencia. Esa anomalía sólo se había interrumpido durante menos de un año, mientras la función estuvo a cargo de la Procuración General de la Nación. En ese breve lapso (de marzo a diciembre de 2015), la procuradora Gils Carbó designó para organizar y dirigir el área a la excelente y valerosa fiscal Cristina Caamaño.
Con el esquema urdido por el dúo Macri-Lorenzetti, volvieron las tropelías. La más notoria fue la de haber ultrajado la privacidad de Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, al escuchar y grabar sus conversaciones telefónicas. Parrilli integró el gabinete nacional durante los doce años y medio de gobiernos kirchneristas, además, sigue siendo hoy uno de los dirigentes más leales a la expresidenta, y por esa condición es titular del Instituto Patria.
Para darle una apariencia de “legalidad” al espionaje, las escuchas se basaron en autorizaciones otorgadas, con distintos pretextos, por el juez Ariel Lijo y por la jueza María Servini de Cubría (los detalles están puntualizados en una nota de febrero de este año publicada por Raúl Kollmann en Página/12, referida a las denuncias que realizó Parrilli como víctima de las maniobras: https://www.pagina12.com.ar/25604-escuchas-y-operaciones). Así pasó 2016, el primer año completo del gobierno de la derecha.
Transcurrido ese lapso, y viendo los resultados obtenidos, el oficialismo extendió el plazo para que sigan en funciones los dos responsables directos del organismo encargado de las escuchas, que en principio habían sido nombrados por un año. En febrero de 2017, otro decretazo presidencial confirmó a los jueces Irurzun y Leal de Ibarra por dos años más -tres en total- al frente de la Dirección de Captación de Comunicaciones (con el siguiente link se accede a la noticia que publicó La Nación el 14 de febrero de 2017. Al espionaje contra Cristina Kirchner, ese medio lo denomina “batalla entre el Gobierno y el kirchnerismo por las escuchas telefónicas”: https://www.lanacion.com.ar/1984460-oficial-amplian-el-mandato-de-los-responsables-de-las-escuchas)
Acción psicológica, negocios y delitos
Haberse quedado con el manejo del espionaje legalizado le permitió a Macri conseguir un resultado político de enorme eficacia en dos direcciones simultáneas: pudo controlar de forma clandestina y en tiempo real las actividades de la expresidenta de la nación, y luego, mediante la difusión de las grabaciones, utilizó ese material para la acción psicológica sobre la opinión pública y la propaganda antikirchnerista disfrazada de “información”.
Como parte de ese esquema oficial-judicial-mediático de complicidades, hace pocas semanas el periodista ultramacrista y además empresario de comercialización de espacios publicitarios Luis Majul optimizó la utilidad de las grabaciones obtenidas clandestinamente de charlas telefónicas entre Cristina y Parrilli. A los objetivos políticos de desgastar la imagen de la líder del kirchnerismo y todo su espacio, y a la vez distraer a la población de la masacre económica y social que está perpetrando el gobierno, le agregó el de garantizarse réditos económicos para su nuevo emprendimiento comercial, la radio digital Berlín, mediante el sensacionalismo y el escándalo, y, por lo tanto, la audiencia y el rating.
El juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tiene a su cargo la causa iniciada por la denuncia de Parrilli, dijo que el mencionado periodista podría haber cometido un delito (nota del portal InfoBaires 24 publicada el 23 de febrero: http://www.infobaires24.com.ar/juez-adelant-majul-podra-haber-cometido-delito-difundir-las-escuchas-cristina-kirchner/). Sin embargo, el desempeño de Majul como agitador mediático hiperoficialista y ultra-antikirchnerista no equivale a cometer actos delictivos. El texto constitucional y la jurisprudencia le dan amplias ventajas al periodismo.
Por ejemplo, el artículo 43 de la Constitución Nacional establece en su cuarto párrafo el derecho de toda persona a interponer recursos judiciales “para tomar conocimiento de los datos a ella referidos […] que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes”, pero a continuación remarca que “no podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística”.
Por lo tanto, el culpable del espionaje clandestino no es Majul, quien ante todo hace su negocio. Negocio político y económico. Consigue unir lo agradable con lo útil: realiza aquello que desea como operación política desde las maquinarias comunicacionales -encubrir al macrismo y hostigar al kirchnerismo-, y al mismo tiempo defiende su conveniencia comercial -que sus empresas tenga la mayor rentabilidad posible-.
En cambio, los responsables son las más altas autoridades de los poderes públicos. Si en Argentina se hubieran preservado las reglas del Estado de derecho, no habría ocurrido todo lo que ocurrió respecto de las escuchas telefónicas. En el caso de Macri, si hubiera respetado el principio elemental del sistema jurídico según el cual una ley de la nación sólo puede cambiarse mediante otra ley sancionada por el Congreso, no hubiera podido apoderarse de ese gigantesco instrumento de control político contra la oposición y de acción psicológica sobre la opinión pública.
Y habiéndolo realizado de forma ilegal como lo hizo, o sea, derogando por decreto cláusulas de una ley, la maniobra debió haber sido impedida por el Parlamento -el cual debe aprobar o rechazar los Decretos de Necesidad y Urgencia-, o en última instancia por el Poder Judicial. Para que ello ocurriera, se necesitaba que una mayoría legislativa y/o la judicatura del fuero federal conservaran un mínimo de decoro jurídico y de respeto por la Constitución. No fue así.
Es más: al ser reactivada en las semanas recientes por Majul la difusión de las conversaciones privadas entre Cristina y Parrilli, la Corte Suprema ejecutó otro acto de cinismo e impunidad. Pidió que sea el Congreso quien audite a la Dirección de Captación de Comunicaciones (la ya mencionada Dicom) y a vez solicitó información al juez Canicoba Corral sobre el avance de la investigación surgida de la denuncia de Parrilli. O sea que Lorenzetti y los demás jueces del tribunal se quitaron de encima toda responsabilidad sobre un área creada por ellos y que depende de ellos.
A su vez, su subordinado directo y “número 2” de la Dicom, Javier Leal de Ibarra, dijo recientemente que las grabaciones “no se han filtrado” desde allí gracias a la “cadena de custodia que existe” (noticia de la agencia Télam del 28 de marzo de 2018: http://www.telam.com.ar/notas/201803/264846-el-area-de-escuchas-de-la-justicia-niega-haber-filtrado-las-escuchas-a-parrilli.html).
Como en el viejo juego de “El Gran Bonete”, todos repiten lo mismo: “¿Yo, señor? No, señor”. Pues entonces, ¿quién es responsable del espionaje telefónico contra Cristina Kirchner y Oscar Parrilli, o contra quien fuere?
Parece broma, pero no lo es. Se trata, en cambio, de una de las manifestaciones más alevosas del ultraje al Estado de derecho perpetrado con total impunidad por el Poder Ejecutivo Nacional, por el Poder Judicial, y por el Poder Legislativo que siempre se negó a impedir las maniobras a pesar de los reclamos y proyectos impulsados por parlamentarios de la oposición.
Macri como presidente de la nación, y por lo tanto autoridad política de los servicios de inteligencia que dependen de su gobierno, Lorenzetti como presidente de la Corte y en los hechos jefe de la corporación judicial aliada al oficialismo, y la mayoría de integrantes del Congreso Nacional que se hacen los distraídos, son responsables de esas flagrantes violaciones contra las garantías constitucionales y las libertades democráticas.
