El domingo 30 de julio, más de 8 millones de venezolanos participaron de la elección de representantes que conformarán la Asamblea Constituyente. A pesar de las amenazas de los sectores de la derecha, que intentaron boicotear la elección, la participación fue muy alta.
Esto poco pareció importarle a los sectores de la derecha, que, dentro y fuera de Venezuela, anunciaron que desconocerán la voluntad popular.
Cabe recordar que la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) es un acto de soberanía del pueblo y el Gobierno venezolano, que está previsto en su Constitución.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos comunicó que implementará una serie de sanciones contra el presidente Nicolás Maduro, y amenazó con sancionar a todos los representantes que fueron electos si participan de la Asamblea Constituyente.
Ante esta nueva agresión, Maduro respondió: “tomen las sanciones que les dé gana, pero el pueblo venezolano ha decido ser libre y yo soy el presidente de una nación libre, la República Bolivariana de Venezuela”.
“No obedezco órdenes de Gobiernos extranjeros, por no dejar que nuestro petróleo venezolano caiga en las manos de los magnates, por defender los recursos naturales que más nunca serán del imperio norteamericano”, agregó Maduro.
Por su parte, el Gobierno ruso de Vladimir Putin emitió un comunicado en el que señaló: “esperamos que aquellos miembros de la comunidad internacional que quieren rechazar los resultados de las elecciones venezolanas e incrementar la presión económica sobre Caracas muestren contención y renuncien a estos planes destructivos que pueden agudizar la polarización de la sociedad”.
“Hay que crear las condiciones propicias, también externas, para que la Asamblea Constituyente pueda sentar las bases de una solución pacífica para las contradicciones que existen en la sociedad venezolana”, agrega el texto.
En la región también quedaron evidenciadas las diferentes posturas entre los Gobiernos que apoyan la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de otros países, frente a la de los Gobiernos de derecha que, sumisos a los intereses de Washington, repitieron el guión del Departamento de Estado.
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), emitió un comunicado en el que asegura desconocer “totalmente los resultados anunciados en el día de ayer por un tribunal electoral que ha perdido todo vestigio de legitimidad y que, lejos de respetar y favorecer la expresión de la voluntad popular, da sobradas pruebas de su funcionalidad a la dictadura”.
En Argentina, el presidente Mauricio Macri “lamentó” lo sucedido en Venezuela y su Cancillería emitió un comunicado en el que señala que desconoce el resultado de la votación y, por ende, la voluntad popular de más de 8 millones de venezolanos.
El Gobierno del golpista Temer en Brasil, y los gobierno de derecha de Colombia, Costa Rica, España, México, Panamá y Perú, también anunciaron que desconocerán el resultado.
Por su parte, los Gobiernos de Nicaragua, Cuba, Ecuador, El Salvador y Bolivia felicitaron al pueblo y al Gobierno venezolano por la celebración del acto democrático.
El presidente de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén, señaló: “estamos seguros de que el resultado de esta elección abonará al objetivo de lograr el ambiente de tranquilidad que necesita este hermano país en el contexto de su soberanía y constitucionalidad, superando de forma definitiva los conflictos sociales que han enfrentado”.
En la misma línea, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, aseguró que «la vocación democrática del pueblo garantiza la unidad y soberanía de Venezuela, demostrando que el voto puede más que las balas».
Por su parte, mediante un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Cuba denunció “la puesta en marcha de una bien concertada operación internacional, dirigida desde Washington, con apoyo del Secretario General de la OEA (Luis Almagro), destinada a silenciar la voz del pueblo venezolano, a desconocer su voluntad, a imponerle la rendición mediante ataques y sanciones económicas”.
El comunicado reclama el fin de las “injerencias, de conciliábulos, de traiciones al espíritu bolivariano”.
