Walter Barrios tenía veintiún años y llevaba dos meses detenido en la Comisaría 3ª de Esteban Echeverría, ubicada en Transradio, que pese a estar clausurada por la Justicia alojaba veintisiete presos el jueves 15 de noviembre pasado cuando se incendió. Falleció el lunes por la noche en el hospital donde estaba internado y su muerte elevó a ocho el número de muertos por lo que ya se considera una «masacre».
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), que acompaña a los familiares de las víctimas, informó que la muerte de Barrios se sumó a las de Juan Carlos Fernández (31), Elías Soto (20) y Miguel Ángel Sánchez (31), ambos fallecidos el viernes, y las de Jeremías Rodríguez (19), Jorge Ramírez (30), Eduardo Ocampo (60) y Juan Lavarda (59), quienes murieron dentro de los calabozos.
«Se trata de la mayor masacre en la historia de las comisarías argentinas, y, tal como viene señalando la Comisión Provincial por la Memoria, es el resultado directo del hacinamiento y la sobrepoblación, entre otros factores de violación de derechos en contexto de encierro, de una política criminal que persigue y encierra a los pobres», denunció el organismo provincial en un comunicado.
La CPM difundió además los testimonios de los detenidos sobrevivientes, quienes contradicen la versión oficial que hizo circular el Ministerio de Seguridad bonaerense el jueves, que indicaba que el incendio fue por un motín de presos que intentaban escapar.
«Ni intento de fuga ni de motín», aseguraron. Los relatos que recopiló la CPM coinciden en que la policía cortó la luz en los calabozos cuando un grupo de detenidos se negó a apagar la música, y que esa decisión, sumada a las degradantes condiciones de alojamiento –como la falta de colchones–, derivó en una protesta con fuego por parte de los detenidos. Fue allí cuando los efectivos deliberadamente cerraron el suministro de agua a los calabozos que habría evitado las muertes.
En la Comisaría 3ª había veintisiete detenidos pese a que tenía ordenada una clausura judicial para alojamiento y ni siquiera contaba con la cantidad de plazas ni colchones para la mitad de ese número de personas. Barrios llevaba dos meses en ese lugar acusado por el delito de encubrimiento, que implica penas mínimas de entre seis meses y tres años.
El episdio ya superó la masacre de la Comisaría 1º de Pergamino, donde siete jóvenes murieron en marzo de 2017. La Comisión viene denunciando que en la provincia hay 252 comisarías inhabilitadas, que representan el 55% del total, y de esas, 109 siguen siendo utilizadas para alojar detenidos. Además, se encuentran sobrepobladas en un 246%. También indicaron que durante la gestión del ministro de Seguridad bonaerense Cristian Ritondo hubo once jóvenes muertos bajo custodia del Estado en las comisarías.
