El genocida Miguel Etchecolatz, condenado a perpetua por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar y principal sospechoso de la desaparición de Jorge Julio López en 2006, está muy cerca de irse a su casa.
La Sala I de Cámara Federal de Casación Penal le otorgó ayer el beneficio de la prisión domiciliaria con los votos de los jueces Liliana Elena Catucci y Eduardo Riggi, quienes hicieron lugar al pedido de la defensa por “razones de índole humanitarias”, teniendo en cuenta los 87 años de edad del represor y “las condiciones físicas en las que se encuentra”.
La Cámara de Apelaciones de La Plata había rechazado en noviembre último un fallo favorable a Etchecolatz del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de esa misma ciudad al tomar la recomendación del Cuerpo Médico Forense. Los profesionales del cuerpo determinaron que su deterioro de salud, producto de una huelga de hambre llevada a cabo unos meses antes, y sus patologías crónicas no constituían razones suficientes para otorgarle el beneficio, ya que podía ser tratado perfectamente en el Hospital Penitenciario Federal 1 de Ezeiza.
De hecho, la jueza Ana María Figueroa, que votó en contra de la decisión de Catucci y Riggi, destacó que no había “un informe actualizado del Cuerpo Médico Forense” y que el propio Servicio Penitenciario Federal “hace saber que Etchecolatz está recibiendo la atención médica de acuerdo a su estado”.
Por lo tanto, no hay “razones de índole humanitarias” que justifiquen el beneficio para un criminal de lesa humanidad varias veces condenado, sino más bien el precedente del fallo que dictó semanas atrás la Corte Suprema de Justicia para revocar una sentencia que había dejado sin efecto el arresto domiciliario de Felipe Alespeiti, represor que se fue a su casa gracias a los votos de Juan Carlos Maqueda y los dos cortesanos designados por Mauricio Macri, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz.
“Casación se escuda claramente en ese fallo para decir que corresponde darle la prisión domiciliaria a Etchecolatz”, dijo a Contexto la abogada e integrante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Guadalupe Godoy, quien consideró que detrás de todo esto hay “una decisión política que ha tomado el Gobierno de Cambiemos”.
“Ellos no pueden dictar indultos ni amnistías, porque nuestra sociedad no las aceptaría. Tampoco pueden detener los juicios, pero pueden mandar a los genocidas a sus casas. Esa fue la demanda que hicieron los genocidas y está claro que hubo una recepción del poder político y de las principales cabezas del Poder Judicial”, agregó la querellante en causas de lesa humanidad.
El fallo de Casación no se hará efectivo por el momento porque el ex mano derecha de Ramón Camps en la Policía bonaerense tiene otras causas pendientes con prisión preventiva, una de ellas en el Juzgado Federal N° 3 de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, quien ya le negó la domiciliara; y otra en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de Daniel Rafecas.
No obstante, Godoy estimó que “sólo es cuestión de tiempo” y que se va “en camino a la domiciliaria de todos los represores por goteo”.
La misma preocupación plantearon distintos organismos de derechos humanos, como la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que vienen advirtiendo desde el año pasado sobre “una flexibilización absoluta de la prisión domiciliaria”.
A lo largo de 2016, más de cincuenta represores de la última dictadura cívico-militar obtuvieron el beneficio, y este año se sumaron otros tantos más, siempre con aval de funcionarios de la talla del jefe de Gabinete, Marcos Peña, el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, o el propio secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, quienes hablan de las domiciliarias como “una buena señal de madurez cívica” y se hacen eco de convenciones internacionales para justificarlas.
“Resultan muy selectivos a la hora de mencionar tratados internacionales. Nunca recuerdan, por ejemplo, que hay tratados que hablan de evitar las condiciones carcelarias inhumanas. Además, impulsan en el Congreso una reforma a la Ley de Ejecución Penal que sería absolutamente regresiva y violatoria de los derechos de las personas privadas de su libertad por delitos comunes”, remarcó Godoy.
