Por Gabriela Calotti
La Cámara de Diputados bonaerense convirtió en ley una iniciativa impulsada el año pasado por el gobernador Axel Kicillof para expropiar la Quinta de los Méndez, propiedad de los hermanos Julio y Emilio Méndez, para que sea un centro de atención para jóvenes con adicciones. Durante la pasada dictadura cívico-militar (1976-1983) ese lugar fue centro clandestino de detención (CCD). Entre las víctimas allí secuestradas y asesinadas estuvo el abogado laboralista Carlos Alberto Moreno.
Moreno representaba legalmente a la Asociación de Obreros Mineros Argentinos (AOMA) y estaba investigando «las condiciones laborales de los trabajadores de la empresa cementera Loma Negra [ubicada en Olavarría], por entonces propiedad de Amalia Fortabat», la multimillonaria que falleció en 2012 y que fue muy cercana al menemismo.
En la década del setenta «algunos de los obreros morían antes de llegar a jubilarse, producto de una enfermedad llamada silicosis, producida por el depósito de cristales de sílice en los pulmones», precisó la Subsecretaría de Derechos Humanos en un comunicado.
Tras conocerse la aprobación por unanimidad en la Cámara Baja bonaerense que tuvo lugar el jueves y que ya contaba con media sanción del Senado provincial, el titular de la Subsecretaría, Matías Moreno, hijo de Carlos Alberto Moreno, dijo a Contexto: «Acabamos de asistir a una jornada histórica en la provincia de Buenos Aires. Es la primera vez que se expropia un lugar que era de privados y donde funcionaba un centro clandestino de detención».
Moreno precisó que ese lugar será transformado «en un espacio de memoria» y «en un centro de atención para jóvenes en situación de consumo», tal como se acordó con el Municipio de Tandil.
«En lo personal, la verdad es que esto es muy emotivo. Siempre está presente la figura de mi papá, que fue uno de los detenidos y asesinados en ese lugar», sostuvo, antes de insistir en que «es un orgullo para la gestión [bonaerense] que podamos dar este paso tan importante como es la expropiación y la transformación en un futuro espacio de memoria».
La Quinta de los Méndez
Cuatro sobrevivientes de La Quinta de los Méndez señalaron a los hermanos Julio y Emilio Méndez como los dueños de esa quinta, durante el juicio que tuvo lugar en 2022 conocido como «La Huerta», ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Mar del Plata. Se trata de Jorge Guillermo Andreasen, Rubén Luis Allegro, Mario Isidoro Bastianelli y Walter Raúl Fernández, secuestrados allí en 1976.
Andreasen, Allegro, Bastianelli y Fernández fueron detenidos ilegalmente y llevados a la comisaría 1° de Tandil. De madrugada fueron trasladados a la Quinta de los Méndez, luego al ex ISER (San Souci) y después al predio La Huerta, precisó la Subsecretaría bonaerense en el mismo comunicado difundido poco después de la votación en Diputados.
Desde 2012, la Quinta de los Méndez -ubicada en la paraje Los Laureles) integra el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) que identifica centros clandestinos hasta 1983. Es además otra muestra de la complicidad civil con el terrorismo de Estado.
Carlos Alberto Moreno, que además militaba en la Juventud Peronista, fue secuestrado el 29 de abril de 1977 hacia las diez de la noche por dos o tres hombres cuando volvía a su casa en Olavarría. Inmediatamente fue llevado en un automóvil a la Quinta de los Méndez, cercana al club de rugby Los Cardos. El 2 de mayo escapó de la quinta, pero fue capturado nuevamente. En la Quinta de los Méndez fue golpeado y asesinado.
Cuarenta y siete años más tarde, ese predio del horror en Tandil, a 135 kilómetros de Olavarría, la capital del cemento, la Quinta de los Méndez será un Centro de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos y un Centro Comunitario de Salud Mental y Consumos Problemáticos orientado a los jóvenes.
«Mientras que el Gobierno nacional tiene un discurso de odio, negacionista y hasta apologista de la dictadura, en la provincia de Buenos Aires no solo seguimos promoviendo las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, sino que también se construyen políticas públicas para atender las necesidades de las y los bonaerenses», sostuvo Moreno, que presenció la votación en el recinto.
Milei, la contracara negacionista
En su afán por borrar la memoria, reivindicar el terrorismo de Estado y siempre bajo la premisa de hacer negocios con los bienes del Estado, el presidente Javier Milei y su jefe de Gabinete, Guillermo Francos (sobreviviente camaleónico de la política argentina), firmaron el Decreto 950/2024 publicado días atrás en el Boletín Oficial, con el cual autorizan la enajenación de 309 bienes inmuebles del Estado nacional en dieciocho provincias, entre estos, el sitio de memoria La Perla Chica o La Perlita, ubicada frente al CCD más emblemático de Córdoba, conocido como La Perla. Ambos CCD estaban unidos por un camino de tierra en inmediaciones de una colectora de la autopista entre Córdoba capital y Carlos Paz.
El predio se encuentra en el ejido El Malagueño. Estaba al lado de la Sociedad Rural y pertenecía al Ejército Argentino, que en años anteriores y ya por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) había sido objeto de inspecciones oculares judiciales.
La Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba expresó su “firme rechazo” a la venta del predio “La Perla Chica” pues es un “sitio clave para distintas causas por delitos de lesa humanidad” que están en manos de la justicia federal. Por esa razón “debe preservarse para asegurar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo estatal y sus familias”, según un comunicado.
Instó al gobierno nacional a “respetar el marco legal” de ese espacio y también reclamó “responsabilidad” en este caso al gobierno de Córdoba y al Municipio del Malagueño.
“Exigimos que ‘La Perla Chica’ se mantenga bajo custodia del Estado y sea preservada como un sitio de memoria, justicia y patrimonio para las generaciones presentes y futuras”, sostuvo la Mesa Provincial cordobesa que subrayó igualmente la “relevancia ambiental” de dicho predio “lo que refuerza su carácter de bien común y su valor integral”.
Tras la difusión de ese decreto, la red nacional de la organización HIJOS sostuvo que «no se puede vender la memoria», y expresó su «enérgico rechazo a la puesta en venta del predio del ex centro clandestino de detención y torturas ‘La Perla Chica’».
Otros predios en diversos puntos del país donde funcionaron centros clandestinos durante la dictadura cívico-militar estarían también en peligro de ser vendidos, como el ex Regimiento de Infantería 9 (RI9), en Corrientes. También figura un predio lindero con el ex CCD conocido como La Huerta, en Tandil.
Entre los considerandos del decreto, Milei y Francos indican que la «AGENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL ESTADO tiene la función de disponer, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente, de los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino que integran el patrimonio del ESTADO NACIONAL» para «eficientizar el rol del Estado». La palabra eficientizar no existe en el diccionario de la lengua castellana, pero negocios son negocios.
En el anexo del decreto figuran bienes inmuebles ubicados en dieciséis provincias y en CABA. Las provincias mencionadas son Buenos Aires, Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Mendoza, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.
El link para acceder al decreto y al anexo que figura al final del texto oficial es el siguiente: https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/316057/20241025
Macri ya lo hizo
Decisiones similares, sobre todo con tierras pertenecientes al Ejército Argentino o para entregárselas a sus amigos, como el multimillonario británico Joe Lewis, adoptó entre 2017 y 2019 el entonces presidente Mauricio Macri. Gracias a esa amistad, Lewis, que controla casi el 20 % de la empresa Pampa Energía, se apropió de doce hectáreas alrededor de su mansión en la provincia de Río Negro, incluyendo el lago Escondido, prohibiendo el acceso público.
Por un decreto, en abril de 2017 Macri dispuso enajenar 39 inmuebles en zonas urbanas o rurales pertenecientes al Estado argentino. En esa lista figuraban, por ejemplo, 7.200 hectáreas del Campo de Los Andes, en el departamento de Tunuyán, provincia de Mendoza, gobernada también por entonces por el radical Alfredo Cornejo, cercano aliado de Macri. La legislación prohibía la venta a extranjeros de tierras en zonas limítrofes por razones de seguridad y defensa del territorio nacional.
