Por Rocío Cereijo
Las indagatorias a dieciocho exmilitares acusados de torturas durante el conflicto bélico en las islas Malvinas fueron suspendidas por la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto, quien alegó «falta de personal» y «de espacio». La causa que investiga los crímenes de lesa humanidad perpetrados por las Fuerzas Armadas contra los propios soldados tiene más de doce años de antigüedad y muchas idas y vueltas.
En el marco del genocidio llevado adelante en la última dictadura argentina, exconscriptos denunciaron diversos vejámenes por parte de sus superiores como respuesta a los reclamos de alimento y abrigo, como «estaqueamientos» y «enterramientos» hasta el cuello en la intemperie, con temperaturas bajo cero.
El juez federal de Ushuaia Federico Calvete había fijado las declaraciones indagatorias para fines de junio y principios de julio de los exmilitares Miguel Ángel Garde, Belisario Gustavo Affranchino Rumi, Eduardo Luis Gassino, Jorge Oscar Ferrante, Emilio José Samyn Duco, Jorge Guillermo Díaz, Luis Alfredo Manzur, Raúl Antonio Linares, Pablo Emilio Hernández, Claudio Tamareu, Jorge Arnaldo Romano, Ramón Eduardo Caro, Sergio Alberto Guevara, Oscar Luis Contreras, Francisco Gabriel Rivero, Oscar Albarracín, Ramón Desiderio Leiva y Gustavo Adolfo Calderini.
«Se suspendió la fecha sin fijar otra cierta y con argumentaciones inadmisibles, planteando que era por falta de personal y físico. Consolida la impunidad sobre estos hechos»
Ante la suspensión aún no se ha fijado una nueva fecha para esta instancia judicial, donde los acusados deben presentarse y optar entre declarar y no hacerlo. Una vez cumplido este paso, la jueza tiene la posibilidad de dictar el sobreseimiento, la falta de mérito o el procesamiento.
El secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes CECIM La Plata y miembro de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Ernesto Alonso, calificó la decisión de la magistrada como un «grave» retroceso. «Se suspendió la fecha sin fijar otra cierta y con argumentaciones inadmisibles, planteando que era por falta de personal y físico. Consolida la impunidad sobre estos hechos denunciados en una causa que fue iniciada hace doce años, con muchas idas y vueltas», reclamó. Asimismo, remarcó que se trata de una jueza con más de veinticinco años de trayectoria en el Poder Judicial y que conoce la causa «porque siempre estuvo en esa jurisdicción».
Por su parte, el escritor de Iluminados por el fuego y guionista de la película homónima, Edgardo Esteban, cree que esta resolución «es parte de la presión que hay de un gobierno que quiere esconder y que es negacionista con todo lo que fue una parte muy importante de nuestra historia».
«Porque no es que acá se está pidiendo una venganza. Como sostienen las Madres o las Abuelas de Plaza de Mayo, la lucha es ni olvido ni perdón: justicia», agregó. El periodista e integrante del Grupo por Soberanía asocia esta demora a «la presión y el temor a la corporación militar y política» y sostiene que es imprescindible continuar «este camino por la verdad, la memoria y la soberanía de las islas Malvinas».
En esta línea, ambos excombatientes destacaron el valor de los testimonios brindados por quienes padecieron torturas, y hablaron del valor histórico que tendría que la Justicia continúe con una investigación tras 37 años. «La documentación difundida por Agustín Rossi cuando era ministro de Defensa es parte de las pruebas de este proceso judicial, que se ha trabajado con mucha seriedad, con mucha responsabilidad. Se ha ido a Río Grande, justamente a la Justicia que depende en nuestro territorio de las islas Malvinas», afirmó Esteban.
«Estas dilaciones son muy preocupantes. Una Justicia lenta no es justicia», dijo Alonso, y agregó: «Esto causa efectos terribles en las víctimas que estaban con mucha expectativa porque, por primera vez, se iba a llamar a indagatoria. Es una causa que, además, tiene un nivel de pruebas, de testimonios y de documentos con los que ya tendríamos que estar por lo menos en una instancia de juicio oral».
Asimismo, el integrante del CECIM y de la CPM comentó que realizaron un viaje junto con representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires en el que pudieron manifestarle su «preocupación, presentando un recurso de reposición para que revea su situación y siga con las fechas planteadas», a la jueza.
Alonso y Esteban también hablaron de las declaraciones difundidas por el jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, quien en un acto por los 209 años de la fuerza armada que representa afirmó que «oficiales, suboficiales y soldados combatieron todos juntos con gran valor y arrojo compartiendo privaciones y sacrificios […] ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes».
«Sigue operando el lobby militar detrás de todo esto», manifestó Alonso, y agregó: «Esto es gravísimo. Si estamos en un gobierno democrático, Pascolini no puede estar un minuto más a cargo del Ejército, en un acto público y sumándose a la política de ocultamiento». Por su parte, Esteban sostuvo que «lo que debe hacer el jefe del Ejército es buscar la información de ellos mismos, porque la tienen ahí en los archivos y es parte de la prueba de esta investigación».
«es parte de la presión que hay de un gobierno que quiere esconder y que es negacionista con todo lo que fue una parte muy importante de nuestra historia»
Finalmente, Esteban celebró la identificación del cuerpo de Néstor Osvaldo Pizarro en el Cementerio Darwin de la isla Soledad y calificó este proceso como «el mejor homenaje que le podemos dar a nuestros héroes de Malvinas».
«Me parece que es importante dentro de la construcción de nuestra historia darles nombre y apellido», sostuvo, y cerró: «Cuando se habla de 629 muertos o de 44 cuando hablamos de los submarinistas, para los medios o para el común de la gente es un número. Para esa madre, ese padre, esa familia, ese hermano, ese amigo, tiene nombre y apellido; es una historia, es un afecto, es un sentimiento».
