Una nueva muerte puso de manifiesto la grave situación en que operan los espacios de encierro del territorio bonaerense. Se trata de Christian Moreno Garzón, veterinario colombiano de 27 años, quien padecía problemas de salud mental y falleció luego de una golpiza en la Unidad Penitenciaria Psiquiátrica N° 34 de Melchor Romero. El joven, que había llegado a Argentina a cursar estudios de posgrado, sufrió una descompensación y, luego de intervenciones judiciales y policiales, acabó en el penitenciario donde fue víctima de un episodio de violencia.
A fines de 2019, Moreno Garzón sufrió un brote psicótico en el lugar donde se alojaba, por lo que fue trasladado a prisión después de varias intervenciones judiciales. Allí sufrió una golpiza que, hasta el momento, el Servicio Penitenciario adjudica a un ataque por parte de otro interno. Luego de dos meses de internación, murió el miércoles 19 de febrero.
«[Christian] fue detenido por un supuesto delito que nosotros evaluamos como un problema psiquiátrico», expresó la referente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) Sandra Raggio en declaraciones a Página/12, y advirtió que el joven, aun con problemas de salud mental, «fue criminalizado».
El pasado jueves 13 de febrero -una semana antes de su fallecimiento-, la Justicia decidió sobreseer a Moreno Garzón del caso por el cual fue detenido en un principio. «Cristian murió en libertad, pero ahora es indispensable que la Justicia avance en la investigación», expresó la CPM mediante un comunicado.
La familia del joven fallecido recibió la atención tanto de la CPM como del área bonaerense de Derechos Humanos. Desde allí, advierten que el resultado fatal de este caso no solo pone de manifiesto el estado actual del sistema penitenciario bonaerense, sino también la falta de prevención que requiere el tratamiento de la salud mental, al no implementarse la Ley Nº 26.657.
«Este fatídico episodio pone de relieve no solo el estado de abandono que encontramos en la provincia de Buenos Aires y de las instituciones que deberían cuidar y garantizar los derechos de las personas, sino la necesidad imperiosa de alcanzar la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental», expresaron desde la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y sostienen que la ley es un instrumento que «se torna ineludible» porque aporta los procedimientos que requieren estas intervenciones, los cuales no deberían ser penales.
«Para esto es necesaria la recuperación inmediata del Estado como rol central y garante de los derechos de todos los habitantes de nuestra provincia», agregaron desde la Secretaría.
