Por Lucía García Itzigsohn
El Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense denunció a las fuerzas policiales implicadas en los apremios ilegales y la tortura de las que fue víctima Celina Benítez, en la Comisaría de Villa Astolfi, Pilar. La joven fue detenida en una unidad especial de Melchor Romero tras el asesinato de su hija Milagros, de dos años, a manos de Luis Carlos Alonzo, su pareja. La detención fue solicitada por la fiscal especializada en género, Carolina Carballido Calatayud, quien la acusó de abandono de persona. Un año antes había usado la misma figura para acusar a Yanina González por la muerte de su hija Lulú. Lejos de ver el contexto de violencia de género de estos femicidios vinculantes, la fiscal ve “malas madres”.
“La excarcelación que la Justicia ordenó para Celina fue una salida bastante elegante para una causa muy delicada y mediatizada”, explicó la coordinadora de la OVG, Laurana Malacalza, en una entrevista con Contexto.
-¿Cómo es la situación de Celina Benítez en estos momentos?
-Se nos informó que la semana pasada se libró una orden de excarcelación extraordinaria, un recurso que en realidad le dieron después de que desde el Observatorio junto a Sofía Caravelos presentamos la denuncia por apremios y torturas que había sufrido en la comisaría de Villa Astolfi. El juez de Garantías llamó a una audiencia donde estuvo Celina junto a la defensora y la fiscal. Allí la defensora pidió la excarcelación extraordinaria, que es un recurso poco utilizado.
-¿Con qué argumentos se le otorgó la excarcelación?
-No nos informaron. Pero la pueden dar si es un delito que no supera los ocho años. Creemos que fue una salida elegante para una causa muy delicada y mediatizada, de la que estaban al tanto distintas organizaciones e incluso organismos estatales. Desde el Observatorio tuvimos mucha participación en el proceso judicial, y entendemos que ese fue el reconocimiento de que la causa original no contempló la violencia de género que sufrió Celina, además de que jamás se le brindó la oportunidad de denunciar estos hechos.
-¿Y cómo se explica que la fiscal Carolina Carballido Calatayud continúe en la fiscalía, luego del antecedente de Yanina González, la joven con retraso madurativo a la que le imputó el delito de abandono de persona seguido de muerte de su beba Ludmila, que había sido asesinada por su ex pareja, Alejandro Fernández, y que jamás libró una orden de detención contra el hombre, quien espera el juicio en libertad?
-Las acciones de varios operadores judiciales han sido muy cuestionadas desde distintos sectores, sin que por ello sufrieran ninguna consecuencia. Yo recuerdo también las actuaciones de otros fiscales y jueces, a los que se los ha denunciado, pero esas causas no avanzan. Existe cierto cerramiento del Poder Judicial sobre sí mismo, sin llegar al fondo de muchas cuestiones, porque varios de esos operadores judiciales han sido designados con un fuerte apoyo político. Eso es difícil de resolver. Es preocupante, porque estos fiscales han sido designados por los fiscales generales para llevar, precisamente, los casos de violencia contra las mujeres, entonces tienen que tener formación y cierta especificidad. Lo que no parece claro es cuáles son los mecanismos institucionales que designan a los fiscales para el área de violencia de género. Me parece que es preciso reclamar desde la sociedad que esos mecanismos de selección sean más claros para saber quiénes van a ocupar esos cargos.
“LO QUE NO PARECE CLARO ES CUÁLES SON LOS MECANISMOS INSTITUCIONALES QUE DESIGNAN A LOS FISCALES PARA EL ÁREA DE VIOLENCIA DE GÉNERO. ES PRECISO RECLAMAR DESDE LA SOCIEDAD QUE ESOS MECANISMOS DE SELECCIÓN SEAN MÁS CLAROS PARA SABER QUIÉNES VAN A OCUPAR ESOS CARGOS.”
-¿No debería existir un recurso para que los fiscales sean destituidos cuando no cumplen con sus funciones?
-El único mecanismo que tenemos es el jury, que sabemos que es dificultoso, en tanto que debe contar con el apoyo de las Cámaras. Coincido en que debería existir un mecanismo intermedio, de denuncia, pero también nos interesa poner en discusión el rol de las defensorías, que no plantean estrategias en función de la perspectiva de género sino que cargan con los mismos prejuicios y estereotipos que tienen los fiscales. Lo cual es engorroso, porque se construye una defensa técnicamente muy débil. Por eso aparecen los organismos y las organizaciones, para fortalecer esas defensas. Nosotros, desde el Observatorio, propiciamos que se generen defensorías especializadas, porque muchas veces el problema no es sólo cómo se imputa a las mujeres, sino también cómo se las defiende. Eso, en parte, explica el elevado número de mujeres en las cárceles: mujeres que no tienen contacto con sus defensores, que no conocen las causas, y para quienes no se plantean estrategias de defensa que tengan en cuenta el efecto de la prisión preventiva sobre los hijos o las condiciones en las que estos viven en las cárceles. Por eso resulta indispensable que se establezcan algunos lineamientos o resoluciones que ayuden a estructurar la defensa.
-Desde el Observatorio, ¿consideran que existe una dificultad particular para establecer el acceso de las mujeres a la Justicia?
-Sí, enorme. Mucha dificultad, con muchísimos obstáculos. Primero, en todas las cuestiones procedimentales donde se invisibiliza la violencia de género como un factor para atenuar la condena de mujeres que son criminalizadas. Por otro lado, las dificultades que aparecen para acceder a la Justicia, cuando son imputadas y no se les permite declarar; la mayor parte de las estrategias defensivas implican que no declaren, y entonces, en esa no-declaración, su testimonio no aparece nunca en todo el proceso o aparece muy tardíamente luego de pasar varios años encarceladas. Y el escaso contacto de los defensores con sus defendidas. En el caso de Celina Benítez, fuimos nosotras desde el Observatorio a entrevistarnos con ella a la cárcel, no vino la defensa. Ellos argumentan que son muy pocos, que llevan muchas causas y que no pueden tomarse ese tiempo; pero también, en el momento en el que tienen contacto, lo primero que les recomiendan es que no declaren. Entonces toda su historia y la trayectoria de la violencia quedan invisibilizadas. Además, cuando entran en los procesos judiciales, se las insta a firmar para que se hagan juicios abreviados. O sea, que se culpabilicen antes de ir a un juicio previo.
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