A una semana de conocerse el fallo que, aún sin sentencia firme, condenó a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de prisión y a la inhabilitación de por vida para ocupar cargos en el Estado, el PRO y La Libertad Avanza llevaron este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados, el proyecto denominado «Ficha limpia», que prohíbe que personas con condena en presentarse en elecciones. Por un voto, no lograron consumar la proscripción.
En la previa, los partidos impulsores del tratamiento aseguraban llegar con el quorum, pero pasada media hora el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem dio por caía la sesión. Entre el PRO, libertarios, radicales y la Coalición Civica, sumaron 128 presencias, quedando solo a una del numero mágico.
Dos de las ausencias fueron por temas de salud, mientras que los partidos provinciales, en plena negociación por el Presupuesto 2025, también se ausentaron.
Vale recordar el presidente de la que el Comisión de Hacienda y Presupuesto, Jose Luis Espert, anunció la suspensión de la misma, alegando que aún continuan las negociaciones. “Todavía no hemos llegado a un punto en común que permita garantizar el déficit cero”, aseguró. La medida generó su efecto en los mandatarios provinciales, que decidieron no enviar a sus legisladores a dar quorum.
Más allá de eso, desde el PRO insistirán la semana que viene en el tratamiento. “Vamos a volver a pedir el tratamiento de la ficha limpia para la semana que viene, porque no peleamos ocho años para rendirnos por dos problemas de salud que son entendibles, puede pasar somos seres humanos”, indicó la diputada Silvia Lospenatto.
“Voy a aprovechar a contarle a los argentinos qué es la ficha limpia y por qué esta semi vacío el recinto, porque hay una mitad de este recinto que sigue avalando que los corruptos vengan buscar fueros en el Congreso para no cumplir con la justicia y para que los argentinos no sientan ni la más mínima reparación al daño que le hacen a la democracia”, agregó la diputada del PRO.
El proyecto plantea la inhabilitación para quien quiera postularse “desde que exista sentencia condenatoria, aunque no se encuentre firme, siempre y cuando resulte confirmada por un órgano judicial de instancia superior, hasta su eventual revocación o, en su caso, cumplimiento de la pena correspondiente”. La confirmación de “un órgano judicial de instancia superior” sería la sentencia de la Cámara de Casación, como fue el caso de CFK.
Quedan comprendidos en este proyectos los delitos de cohecho y trafico de influencias; malversación de caudales públicos; enriquecimiento ilicito, encubrimiento; fraude y todos los delitos que formen parte del Código Penal de la Nación como cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción
