Por Contexto
La investigación avanza y la red de complicidades que llevaron a la muerte de Emilia Uzcamayta Curi agrava la situación de los involucrados. Los más complicados hasta ahora son los organizadores. La semana pasada, el fiscal Álvaro Garganta pidió detenerlos, el juez de Garantías Fernando Mateos aceptó y la Policía salió a buscarlos. El primero que cayó fue Gastón Haramboure, quien ya fue condenado a diez años y ocho meses de prisión por la muerte de Juan Andrés Maldonado, en 2009, frente al boliche Alcatraz, de Berisso. Estaba con prisión domiciliaria y ahora deberá explicar también por qué circulaba libremente, a tal punto que lo vieron atender una de las barras el día de la tragedia.
El otro que se presentó ante la Justicia fue Santiago Piedrabuena, que evitó quedar preso por un recurso de eximición de prisión que presentó su abogado. Pero Mateos ya le denegó ese pedido y, si la Cámara también lo rechaza, quedará detenido. Está complicado por su responsabilidad en el hecho y por sus antecedentes: en 2014, el Tribunal N° 2 de La Plata lo condenó a cuatro años de prisión por tenencia de arma y tiene otra causa por “desobediencia” de una clausura realizada a su boliche “737”, de calle 46 entre 9 y 10.
Pero dos siguen prófugos. Uno es Raúl “El Peque” García, el militante PRO y empresario de viajes, cuyo vínculo con el poder político de Cambiemos compromete al intendente Julio Garro. Recordemos que García aparece en fotos con María Eugenia Vidal, con Mauricio Macri y hasta acompañó al intendente de La Plata en el escenario donde el nuevo Presidente festejó su triunfo. El otro prófugo es el dueño de la quinta, el ingeniero Carlos Bellone.
Recordemos que el «peque» García aparece en fotos con Vidal, con Macri y hasta acompañó al Intendente de La Plata en el escenario donde el nuevo Presidente festejó su triunfo.
El pedido de detención se encuadra en la figura de homicidio culposo y doble desobediencia (por haber ignorado el acta que les ordenaba no hacer la fiesta y la de clausura de la misma). El abogado Miguel Molina, que defiende a García, Bellone y Haramboure, presentó un recurso de hábeas corpus destinado a revocar las órdenes de detención, al argumentar que los delitos por los que se les imputan «son excarcelables, no hay peligro de fuga y no se resolvió el planteo de eximición de prisión para estos tres acusados». Pero el fiscal sigue firme y sostiene la necesidad de detenerlos.
Mientras buscan a los prófugos, que pueden aportar datos claves sobre el vínculo con los funcionarios municipales y las posibles coimas pagadas, el fiscal tiene que resolver el resto de las imputaciones, que recaerían sobre los funcionarios que tenían que controlar y no lo hicieron. Espera la respuesta formal de la gestión Garro al escrito que presentó la semana pasada, donde solicita detalles sobre la actuación de los inspectores municipales, los motivos para justificar por qué no se suspendió el evento, y por qué la Policía no estaba en el lugar.
Los más comprometidos son el jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazia, y el secretario de Seguridad del municipio, el ex comisario Daniel Piqué. La responsabilidad de Control Urbano es explicar por qué no se clausuró la fiesta, a pesar de haber ido dos veces en la noche al lugar. Los inspectores sólo se limitaron a labrar actas, pero no avanzaron en el desalojo del predio. Además, complica a los funcionarios las declaraciones de los mismos organizadores que reconocieron haber pagado 20 mil pesos al organismo para que “aflojaran” los controles.
Los más comprometidos son el Jefe de Control Urbano, Roberto Di Grazia, y el Secretario de Seguridad del Municipio, el ex comisario Daniel Piqué.
La responsabilidad de Piqué tiene que ver con la zona liberada de policías. El inspector de Control Urbano puso en el acta de las 4:12hs que no pudo clausurar “por carecer de apoyo policial para su desalojo”. Esta situación se agrava con el informe presentado ente la Unidad Funcional de Investigación y Juicio (UFIJ) 11 que sostiene: “un móvil de la Policía Local estuvo frente a la quinta donde se hizo la fiesta hasta las 21 del jueves 31 de diciembre”. A esa hora se retiró.
Esta revelación fortalece las sospechas del pago de coimas a funcionarios de Garro para liberar la zona, porque, si bien advirtieron formalmente a los empresarios para que no hicieran la fiesta, no tomaron ninguna medida concreta para impedirla y encima sacaron a la Policía del lugar.
el fiscal tiene que resolver el resto de las imputaciones, que recaerían sobre los funcionarios que tenían que controlar y no lo hicieron.
En su defensa, Piqué afirmó que la Policía Local tiene entre 8 y 10 móviles por noche y que resolvieron que el auto que se encontraba frente a la quinta de Melchor Romero siguiera patrullando por la avenida 520. “Se dio esa orden porque no teníamos la capacidad operativa de cubrir todo lo que estaba sucediendo en La Plata, había que clausurar otras fiestas que se estaban desarrollando. No podemos permitirnos tener agentes y patrulleros parados, nos faltan recursos”, indicó.
Ahora deberá explicar qué otras fiestas clausuraron que eran más ilegales o más peligrosas que la organizada por los allegados al intendente, donde terminó muriendo Emilia, ahogada en un pileta el 1° de enero, en medio de un caos organizativo sin médicos ni guardavidas, como pide la ley.
El temor del oficialismo municipal radica en que si Di Grazia y Piqué son imputados, el próximo sería el mismísimo Garro, porque no existe la posibilidad de que sus funcionarios actuaran sin su consentimiento, y mucho menos que su “amigo entrañable” (como lo definió en un acto de campaña), El Peque García, hiciera la fiesta contra la voluntad del intendente.
