El Ministerio Público Fiscal solicitó el lunes al Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata la pena de prisión perpetua por “delitos de lesa humanidad” para los civiles Carlos Ernesto Castillo, alias “El Indio”, y Juan José Pomares, alias “Pipi”, por ser “coautores como integrantes de la CNU” del secuestro de siete militantes de izquierda y del peronismo revolucionario y el asesinato brutal de cuatro de ellos en los meses previos al golpe cívico-militar del 24 de marzo de 1976.
Castillo y Pomares eran conocidos integrantes de la temible Concentración Nacional Universitaria, organización paraestatal de ultraderecha católica peronista, amparados por el gobierno bonaerense de Victorio Calabró y por el sindicalismo más ortodoxo, empezando por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM).
Aunque las víctimas de la CNU fueron varias decenas en La Plata entre 1974 y 1976, en este juicio, que fue demorado por años, se incluyeron sólo siete casos ocurridos entre febrero y abril de 1976. Se trata del secuestro y homicidio de Carlos Antonio Domínguez, Leonardo Miceli, Néstor Dinotto y Graciela Martini, y el secuestro de Roberto Fiandor, Daniel Pastorino y Ursula Barón.
Al cabo de una audiencia de más de seis horas a la que asistió Contexto, el fiscal ad hoc Juan Martín Nogueira pidió al TOC presidido por el juez subrogante Germán Castelli la condena de prisión perpetua para Castillo por ser “autor material” de los delitos de homicidio doblemente calificado, privación ilegal de la libertad agravada por amenazas y uso de la fuerza, y tormentos agravados por ser las víctimas perseguidos políticos.
Para Pomares, el fiscal pidió la misma pena como “coautor material” de los delitos de homicidio doblemente calificado, privación ilegal de la libertad y partícipe necesario en los tormentos.
Basándose en el derecho internacional y en el derecho interno, el fiscal destacó el principio de jurisdicción universal y la imprescriptibilidad de las acciones juzgadas en este tribunal federal en virtud de las “conductas aberrantes” de los imputados.
“Los hechos constituyen crímenes de lesa humanidad”, sostuvo Nogueira para quien Castillo y Pomares “formaron parte de un plan sistemático contra una parte de la población” constituyendo “acciones criminales” previas al golpe con el “apoyo del Estado”, lo cual quedó demostrado –sostuvo– “por la libertad con la que se movían, las armas que tenían, y los vehículos en que se manejaban” frente al “estado de indefensión de las víctimas”.
En su alegato, Nogueira subrayó el “daño inconmensurable, intergeneracional y social” que el accionar de los imputados, cuya pertenencia a la CNU quedó probada por los numerosos testimonios que se escucharon durante las audiencias iniciadas el 15 de mayo, provocó en las familias, y destacó los testimonios de Federico Rave, Silvia Domínguez, Walter Martini, Alicia Gershanik y Mario Urrera, entre otros, lamentando que varios de estos casos hayan quedaron fuera de este primer juicio oral y público que logró llevarse adelante en La Plata para juzgar el terror sembrado por la CNU años antes del golpe.
El representante de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes del terrorismo de Estado en La Plata sostuvo que las atrocidades cometidas en los años previos al golpe, es decir, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, sentaron “las bases para la represión estatal” que aplicarían las Fuerzas Armadas y las otras fuerzas de seguridad después de marzo del 76.
Descartó “de plano” un argumento de las defensas y de los propios imputados acerca de que ya fueron juzgados por estos hechos: “Ninguno fue indagado ni condenado por estos hechos, sino que fueron detenidos el 30 de abril de 1976 por asociación ilícita, robo calificado reiterado, tenencia de armas y de explosivos y secuestro extorsivo”.
“Tampoco fueron presos políticos o víctimas del terrorismo de Estado”, enfatizó el fiscal antes de recordar que durante el juicio por la Unidad 9, que tuvo lugar en 2010 en esta ciudad, “nadie mencionó que Pomares o Castillo recibieran trato inhumano e indigno en la cárcel”. “Los de la CNU tenían otro trato”, afirmó.
“Pomares y Castillo fueron detenidos el 30 de abril de 1976 con la intervención de varios jueces. Tuvieron defensores. Por lo tanto les fueron respetadas las garantías constitucionales, a diferencia de las víctimas del terrorismo de Estado”, sostuvo. “Fueron detenidos porque dejaron de ser funcionales a la práctica represiva” que amplió la dictadura.
“La CNU fue la antesala del golpe”, sostuvo Nogueira. “Tenemos demostrado que la CNU se plegó al accionar represivo del Estado”, agregó el fiscal que se refirió a la “inserción concreta de la CNU en los diferentes estamentos del Estado llevando adelante tareas de inteligencia […] además estaban organizados internamente y tenían un modus operandi similar actuando de forma violenta”.
En su alegato, Nogueira incluyó un apartado histórico que arrancó con el golpe de 1955 contra Juan Domingo Perón, hecho que consideró un “punto de inflexión en la escalada de violencia” en la Argentina que “anticipó el terrorismo de Estado”.
El fiscal subrayó la “desmesura y desproporción en la acción” de la CNU. Los cuerpos de sus víctimas aparecían “acribillados y expuestos en la calle”, afirmó. “Las víctimas de esta causa lejos están de pertenecer a organizaciones armadas. Eran militantes, estudiantes universitarios y algunos dirigentes sindicales”.
Castillo y Pomares pidieron retirarse de la audiencia a las 16:15 para poder volver a la cárcel de Ezeiza en el camión de traslado, razón por la cual no escucharon en cuerpo presente el pedido de condena de la Fiscalía. No obstante, para perturbar a la audiencia, Castillo no dudó en hacer comentarios e interrumpir el alegato del fiscal en tres ocasiones. Pomares se retiró diciendo “Disculpe, señor fiscal”.
A partir del 25 de septiembre alegarán las querellas, empezando por la Liga de los Derechos del Hombre. Le seguirán la Asociación de ex detenidos-desaparecidos y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia. Luego será el turno de las defensas. Ante la lentitud con que se está desarrollando este juicio, las querellas confían en que haya una condena antes de fin de año.
