Tras el sorpresivo resultado electoral de las primarias, el equipo económico de Sergio Massa comenzó a trazar la nueva hoja de ruta que marcará la gestión hasta las generales de octubre. Desde las primeras horas del lunes, con la apertura de los mercados internacionales y la sostenida caída de los bonos argentinos, el Gobierno dispuso una recalibración -según definió el Banco Central- del tipo de cambio oficial en torno al 20% que lo llevó por encima de los 350 pesos (similar a la cotización del denominado “dolar soja” que se instrumentó para acelerar la liquidación de exportaciones), y paralelamente instrumentó una suba de tasa de política monetaria del 21% que la llevó a 118% anual. El mismo curso siguieron los plazos fijos para personas humanas que alcanzan el mismo valor nominal con un rendimiento efectivo de casi 10 por ciento mensual, con el objetivo de evitar mayores presiones sobre el dólar. Además, durante el día se conocieron nuevas restricciones de la Comisión Nacional de Valores para las operaciones de dólar MEP y “contado con liqui”.
Las primeras medidas de Massa tras las elecciones tienden, por un lado, a contener una corrida acentuada y sostenida como la que se produjo en agosto de 2019, y por otro lado, buscan sostener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que, desde que se selló el nuevo acuerdo en el marco de la quinta revisión, presionaba para que se instrumente una devaluación.
Tras los primeros anuncios del BCRA, la directora de Comunicaciones del FMI, Julie Kozak, ratificó que el próximo 23 de agosto se reunirá el directorio del organismo para revalidar el acuerdo alcanzado a nivel técnico con las autoridades argentinas y aprobar el desembolso de unos 7.500 millones de dólares. “Valoramos las acciones políticas recientes de las autoridades y el compromiso de salvaguardar la estabilidad, reconstruir las reservas y fortalecer el órden fiscal”, sostuvo.
Con la batería de medidas anunciadas, la preocupación principal del Gobierno es el potencial traslado a previos. En este sentido, Massa firmó una resolución que crea una nueva unidad encabezada por el titular de Aduana, Guillermo Michel, encargada de negociar acuerdos de precios con el sector empresarial. Estará integrada, además, por el titular de la secretaría de Comercio, Matías Tombolini; el Secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein; y el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos, Carlos Castagnetto. Según adelantaron desde Economía, la adhesión a los acuerdos será voluntaria e incluirá beneficios impositivos y posibilidades de acceso a financiamiento del Banco Central para insumos importados.
