Con una gran resistencia, no sólo en Tucumán, sino en todo el país, de la mano de organizaciones feministas y de derechos humanos, la iniciativa de Marcelo Caponio no prosperó. El pejotista planteaba, en un proyecto que ya había conseguido 28 diputadxs firmantes, “la protección integral del niño por nacer”, al tiempo que explicitaba la prohibición de “la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación”.
Entre otros polémicos artículos, también proponía la habilitación de una objeción de conciencia institucional, así como la posibilidad de que lxs profesionales de la salud pudieran denunciar a las mujeres y personas gestantes que solicitaran un aborto por causa de violación, si sospechaban que estaban mintiendo.
Soledad Deza (Católicas por el Derecho a Decidir): “El proyecto no iba solamente en contra de la Constitución, sino también en contra de los tratados internacionales a los que el país ha suscrito”
No es menor este dato si se tiene en cuenta que en Tucumán hay, al menos, 543 causas abiertas por casos de aborto, y en el 97% son las mujeres abortantes las criminalizadas, según datos aportados en el Congreso de la Nación durante las exposiciones por el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. El 24% de estos casos son de abortos no punibles.
Pero ante el fuerte repudio que ayer incluyó una gran movilización convocada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, la iniciativa se cayó: a la hora de emitir dictamen, legisladorxs firmantes retiraron su adhesión y el proyecto fue rechazado, ya no pudiéndose tratar en labor parlamentaria. Según argumentaron en comisión, incumplía normas nacionales así como tratados internacionales con rango constitucional.
Cabe destacar que en Argentina rige el “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal de un embarazo (ILE)”, vigente desde 1921 de acuerdo con el artículo 86 del Código Penal y ratificado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A.L.” de 2012. Esta normativa es de “aplicación obligatoria en todo el territorio argentino” por parte de “todas las instituciones sanitarias” públicas, privadas y de las obras sociales, y establece que el aborto no es punible en ninguna de las siguientes causales: si representa un peligro para la vida o salud de la persona embarazada o si es producto de violación. Por lo que el proyecto retrocedía en materia de derechos casi cien años.
“El proyecto era inconstitucional e inconvencional: no iba solamente en contra de la Constitución, sino también en contra de los tratados internacionales a los que el país ha suscrito”, explicó a Contexto la abogada Soledad Deza, de Católicas por el Derecho a Decidir, quien fue defensora de Belén, la joven tucumana que estuvo presa 881 días tras un aborto espontáneo.
Deza calificó el proyecto como “un papelón mediático”, que “supuso no sólo la presentación del proyecto, sino las explicaciones del legislador Caponio”. En esta línea, celebró “la reacción” de todas las organizaciones, así como de constitucionalistas, para visibilizar y repudiar este proyecto.
Si bien Tucumán no ha adherido al Protocolo ILE, desde Católicas por el Derecho a Decidir han realizado una presentación pública al Sistema Provincial de Salud (SIPROSA) en la que las autoridades estatales han señalado que en la provincia norteña se garantiza el aborto legal. Para Deza, el proyecto iba “no solamente en detrimento de la ley y del fallo F.A.L., sino también del protocolo en la provincia”.
en Tucumán hay, al menos, 543 causas abiertas por casos de aborto, y el 97% son las mujeres abortantes las criminalizadas.
En este marco, la iniciativa de Caponia buscaba poner límites a las causales, eliminando la de violación. Pero no es la primera iniciativa de este tipo en Tucumán. En agosto, en pleno debate por el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Legislatura declaró a la provincia como “provida”. “Esta declaración no tiene efectos jurídicos, pero sí supuso un posicionamiento político muy fuerte que genera grandes confusiones”, explicó Deza. “Los sectores conservadores después del 8A se vieron asustados, pero también se organizaron rápido y este proyecto (el de Caponio) está concatenado con esa declaración provida”, agregó.
Tucumán no adhirió al Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, que entre otras cosas garantiza la anticoncepción gratuita, ni tampoco a la Ley de Educación Sexual Integral (ESI). Aunque cuenta con una normativa propia en la Ley de Educación provincial, tampoco es garantizada su aplicación.
Manzur designó al fiscal del caso Belén como ministro de la Defensa
El gobierno de Manzur fue más allá y premió al fiscal Washington Navarro Dávila, artífice del encarcelamiento de Belén, otorgándole la titularidad del Ministerio Público de la Defensa.
Cabe recordar que la joven de veintisiete años había llegado con fuertes dolores abdominales y un sangrado abundante al Hospital de Clínicas Avellaneda en San Miguel de Tucumán, donde le dijeron que estaba teniendo un aborto espontáneo. Ella ni siquiera sabía que estaba embarazada. Gracias a la participación de Navarro Dávila, estuvo presa casi tres años acusada de “aborto seguido de presunto homicidio”.
