El jury de enjuiciamiento impulsado contra el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias puso sobre la lupa una vez más la cruzada que el gobierno ha iniciado contra cualquier actor legislativo crítico a su gestión. En este caso, la suspensión de Arias, aprobada ayer por unanimidad en el Senado provincial, mostró la nulidad de independencia de poderes entre el aparato judicial y la dirección política del Ejecutivo.
No obstante, la solidaridad hacia la figura del magistrado Arias se hizo sentir desde múltiples sectores del ámbito jurídico, político y social, que ven en este enjuiciamiento la síntesis de una persecución política que inició en 2015 y cuyo objetivo –tal como definió el propio Arias– parece no ser otro que el de liberar el camino para que no hayan voces críticas al oficialismo.
“Se pueden tener diferencias de opinión respecto de los fallos que ha tenido el doctor Arias en sus sentencias, pero eso no amerita bajo ningún punto de vista un juicio político. Los legisladores que votaron su suspensión vienen de un oficialismo o seudo oficialismo, podríamos decir”, dijo a Contexto Emanuel Desojo, presidente de la asociación Abogados por la Justicia Social (AJUS). Desojo agregó: “Las personas más arcaicas y antidemocráticas que tiene el Poder Judicial dirigen los colegios de abogados que designaron a los abogados que esta semana enjuiciaron a Arias. Ninguno de ellos tiene respeto por los derechos humanos, por la Constitución, por los tratados internacionales, como sí lo hace Arias. El juez Arias molesta al Poder Judicial”.
Uno de los casos que más influyó en la carrera del juez Arias y su trascendencia pública sin duda fue su intervención en la investigación por la trágica inundación de La Plata de 2013, donde la averiguación de datos respecto de la cantidad de víctimas fatales se convirtió en el eje de una delicada controversia. La actuación de Arias fue clave al denunciar la divulgación de datos imprecisos sobre las muertes, anomalías en los certificados de defunción y el ocultamiento de datos con fines políticos.
Por otra parte, la polémica desatada por la ola de tarifazos impulsada por el macrismo durante el año pasado también tuvo como protagonista a Luis Arias, uno de los pocos actores judiciales que decidió pronunciarse en contra y dictaminar un amparo para suspender la suba de los impuestos. Arias, por entonces, fue uno de los principales impulsores del llamado a audiencias públicas para defender las garantías de los consumidores.
A esto debe sumarse su actuación frente al conflicto salarial que mantuvo el gremio docente, donde el juez presentó una cautelar que invalidó la conciliación obligatoria impulsada por Vidal en plena disputa. La decisión del magistrado representó un apoyo fundamental desde la Justicia a la lucha docente. En ese entonces, el ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, había calificado su actuación como una “intromisión no republicana”.
“Arias es claramente un juez que puso la prioridad en una perspectiva de derechos humanos, y, obviamente, eso incluye el derecho de los trabajadores y trabajadoras, hoy puesto en jaque por las intenciones del gobierno de reformar las leyes laborales”, dijo a Contexto la referente gremial de la CTA, Estela Díaz, quien esta semana se presentó a acompañar al juez durante el jury.
“Hay una política de amedrentamiento contra todas aquellas figuras que se planten contra esta etapa del ajuste. Lo de Arias va claramente en esa sintonía. Hay una vulneración clarísima del Estado de derecho”, expresó Díaz. En esta línea, la diputada electa por Unidad Ciudadana y decana de Periodismo de la UNLP, Florencia Saintout, se sumó al arco de apoyo al magistrado platense.
“La única acusación que pesa sobre un juez de intachable trayectoria como Luis Arias es haber firmado una solicitada en defensa de la democracia. Es claro que detrás de esta ignominia el objetivo es el disciplinamiento de la Justicia y que quienes no se subordinen a los intereses del Ejecutivo, como dijo el propio Mauricio Macri, serán reemplazados por ‘jueces que nos representen’”, expresó Saintout, y agregó: “El autoritarismo del gobierno ha llegado a un punto muy peligroso para las instituciones democráticas”.
Entre las intervenciones jurídicas más destacadas del juez se ubica la defensa por parte de Arias de familias desalojadas durante un violento operativo en la localidad platense de Abasto en el año 2015. La actuación de Arias fue declarada “improcedente” por la Suprema Corte, por una cuestión de falta de competencia del fuero Contencioso Administrativo en ese caso. El propio Arias, al presentarse en el desalojo, fue increpado y agredido por efectivos policiales.
