Tras el DNU lanzado ayer, donde Javier Milei decidió ubicar a dos nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, este jueves se concretó la jura de uno de ellos: Manuel García Mansilla. Si bien la asunción de Ariel Lijo fue aplazada hasta el 6 de marzo, las repercusiones ya se hacen sentir frente a la consumación de esta maniobra que vuelve a poner de relieve los vínculos entre la derecha argentina y el mentado «partido judicial».
Organizaciones civiles, de derechos humanos y del ámbito judicial ya empezaron a pronunciarse sobre esta medida que, según denuncian, no solo atenta contra la independencia de poderes y encarna una fuerte impronta inconstitucional, sino que además se enmarcan en un escenario donde buena parte de la esfera política y judicial pidió juicio político contra Milei.
«Esto de intentar instalar a los magistrados, seguramente con el compromiso de asegurar su impunidad, es realmente querer tapar el sol con la mano. Por lo cual vaticino que esto no va a prosperar y que va a, diría, incentivar el pedido de juicio o los pedidos de juicio político que están en marcha contra el presidente, este verdadero autócrata que está destruyendo la vida y la calidad de vida del pueblo argentino, y destruyendo la institucionalidad, tal como lo anunció al decir ‘vengo a destruir el Estado'», fueron palabras del abogado constitucionalista Eduardo Barcesat en declaraciones al portal Tiempo Argentino.
Según Paula Litvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), «está clara la intencionalidad política» de parte del Gobierno de Javier Milei «de aprovechar una interpretación literal, incorrecta, de la Constitución» para avanzar en esa decisión. «Designar jueces de la Corte Suprema en comisión por un año va a implicar que están dependiendo de la posición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y del Senado para mantener su cargo y es contrario a las garantías de independencia y a la idea de estabilidad de los jueces para que no los presionen», remarcó Litvachky.
Por su parte, la Asociación Pensamiento Penal también manifestó su rechazo a la designación vía decreto de los jueces. «Desde la Asociación Pensamiento Penal rechazamos la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en comisión. Este caso es solo una forma autoritaria de imponer una decisión por incapacidad de construir los consensos que demanda la vía democrática», expresaron en redes sociales en las últimas horas.
«Las designaciones sin acuerdo del Senado solo deben darse cuando está en riesgo el funcionamiento de uno de los poderes del Estado: en este caso, la CSJN se encuentra operativa y el receso legislativo está próximo a terminar», agregaron.
La organización de derechos humanos H.I.J.O.S. también se pronunció esta tarde en rechazo a la asunción de Mansilla. «Hasta hoy la Corte Suprema de Justicia de la Nación tenía 3 integrantes, de los cuales 2 habían aceptado entrar inicialmente por decreto de Macri. Hoy aceptaron que entre un cuarto, García Mansilla. ¿Cómo? Por decreto de Milei. Lo que está pasando en Argentina es DEMASIADO grave», indicaron desde la organización.
