Mediante un decreto presidencial, el Ejecutivo nacional sigue avanzando con el vaciamiento de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, esta vez con la eliminación del organismo que busca a niños y niñas apropiados durante la última dictadura cívico-militar. «La decisión del Gobierno nacional favorece a la impunidad», advirtieron las Abuelas de Plaza de Mayo.
Con firma del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, el Gobierno dejó sin efecto la «Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado» (UEI), dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI), que tenía entre sus objetivos impulsar la búsqueda de niños y niñas desaparecidos y nacidos en cautiverio durante el secuestro de sus madres.
A los fines de cumplir este objetivo, la UEI tenía entre sus facultades la posibilidad de solicitar documentación o información a todos los organismos del Poder Ejecutivo, inclusive los de Presidencia, entre los que se encuentran las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Es este punto el que utiliza el Gobierno nacional para argumentar su baja.
El documento oficial cuestiona la creación de la UEI, que le dio «a un órgano de la administración nacional facultades de investigación, por iniciativa propia para la individualización de los responsables de posibles hechos criminales y, a tales efectos, le otorgó acceso directo e irrestricto a información y documentación en poder de organismos públicos y potestades que son de estricto resorte legal del Poder Judicial de la Nación y de los fiscales que integran el Ministerio Público Fiscal, extremo que violenta nuestro régimen constitucional».
«Denunciamos una nueva embestida contra la búsqueda de nuestras nietas y nietos apropiados durante la última dictadura cívico-militar», señalaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo.
«Al desfinanciar, vaciar y eliminar áreas que atienden la problemática de los derechos humanos en general, y el derecho a la identidad en particular, el Estado argentino, en su conjunto, incumple normas internacionales de rango constitucional y garantiza impunidad por crímenes ocurridos, pero también por ocurrir», advirtieron.
En este marco, el organismo conducido por Estela de Carlotto rechazó el argumento del Ejecutivo nacional y aseguró que «es falso que la labor de la UEI se superponga con la del Poder Judicial, ya que durante todos estos años han trabajado de manera mancomunada y complementaria para dar celeridad a esta búsqueda que lleva más de 40 años».
«El propio Poder Judicial, lejos de ver una intromisión en su tarea, reconoce el aporte de estas herramientas, construidas como políticas públicas de la democracia. Como otros organismos del Estado, la UEI fue creada para auxiliar a la Justicia, con el objeto de hacer más eficaz y ágil su trabajo, tal cual sucede con la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, sendas dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no reemplazan ni ejercen funciones judiciales», agregaron.
Abuelas reclamó saber cómo seguirá la búsqueda de los trescientos nietos que queda recuperar y cuestionó al Ejecutivo nacional por la medida. «La decisión del Gobierno de eliminar la UEI obstaculiza la búsqueda de nuestros nietos y nietas y favorece la impunidad. No podemos dejar de ver esta medida como parte de un plan, que incluye la visita de los diputados de LLA a los represores condenados por delitos de lesa humanidad, entre muchas otras medidas que atacan derechos de la ciudadanía», manifestaron.
Por su parte, H.I.J.O.S. repudiaron «el desmantelamiento de un organismo fundamental para garantizar la resitutción de lxs más de 300 hermanas y hermanas que nos faltan». En ese sentido, exigieron que «se restituya su pleno funcionamiento, para terminar con la impunidad de las apropiaciones», e hicieron responsable a Milei y Villarruel.
La noticia se da a conocer en medio de una embestida hacia la CONADI que comenzó meses a atrás, con Cúneo Libarona anunciado que no se enviaría más información al organismo, mientras que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, calificó de «organismo militante». Asimismo, ya hubo un intento de sacarle facultades a la CONADI, que terminó de completarse con el decreto presidencial.
