La reforma que amplía el poder de la Justicia porteña para apelar fallos nacionales vuelve a generar un fuerte repudio. Tras la crítica lanzada días atrás por Cristina Fernández de Kirchner, una fuerte manifestación tuvo lugar en las calles de CABA este miércoles para rechazar lo que es definido como una maniobra judicial para «garantizar la impunidad» de Mauricio Macri.
Organizaciones sociales, sindicatos, agrupaciones políticas marcharon a la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires, organismo judicial de la capital federal que, gracias a esta medida impulsada por el macrismo porteño, tendrá la facultad de apelar fallos nacionales. Aprobada en la Legislatura de CABA, la medida busca «empoderar» al aparato judicial allegado a Horacio Rodríguez Larreta.
Entre los sectores que se movilizaron durante la tarde de este miércoles se ubicaron representantes de la Asociación Bancaria, Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (Agtsyp), Sipreba, los docentes de SUTEBA, entre otros sectores nucleados en la CTA.
Cabe recordar que la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional también advirtió que la nueva normativa es inconstitucional y vulnera las facultades de la Corte Suprema de Justicia. La entidad incluso fue recibida por el ministro de Justicia, Martín Soria, quien también expresó su preocupación por la ley.
«La ley no solo es manifiestamente inconstitucional, sino que es políticamente repudiable. Si entrara en vigencia, afectaría seriamente el servicio de administración de justicia de la ciudad», dijo Soria tras la reunión con la AMFJN, donde los magistrados le entregaron un documento en rechazo a la ley.
«El hecho de que el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se atribuyera una potestad que no posee no solo genera un riesgo institucional, sino que también pone en riesgo la seguridad jurídica y la garantía de juez natural», expusieron los representantes judiciales.
Durante la manifestación, Sergio Palazzo, dirigente de la Asociación Bancaria, enfatizó «el rechazo y el repudio» hacia la medida y expresó que «no es un simple traspaso de la Justicia», sino que «es la impunidad de la familia Macri y significa la pérdida de derechos de los trabajadores».
En tanto, la discusión por esta avanzada del PRO porteño sobre la Justicia también tuvo su correlato en la sesión parlamentaria del Congreso este miércoles. Allí, el representante del Frente de Todos por la CABA, Mariano Recalde, presentó una cuestión de privilegio contra la decisión de los legisladores porteños, a la que calificó como «muy grave».
«Quieren legalizar el abocamiento de causas en las que no tienen competencia», expresó Recalde.
