Con una nueva acusación emergida en el marco de la mentada causa conocida como «Obra pública», se reavivó esta semana el hostigamiento contra la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Las palabras del fiscal Diego Luciani este lunes, al adjudicar a la vicepresidenta el liderazgo de una «asociación ilícita» y una «matriz de corrupción extraordinaria», despertaron la preocupación de la plana política por el nivel de agresividad por parte de un Poder Judicial que viene insistiendo con causas cada vez más endebles.
Las reacciones no se hicieron esperar, y múltiples mensajes comenzaron a aparecer en respaldo a Fernández de Kirchner. «Todos con Cristina» fue la consigna con que dirigentes, organizaciones, funcionarios e intendentes comenzaron a expresar su apoyo y ratificar su alerta por el recrudecimiento del «lawfare».
Figuras como Axel Kicillof, Andrés Larroque, Mayra Mendoza, Martín Insaurralde, Carlos Rozanski, entre otros, fueron algunas de las voces que se hicieron oír durante esta jornada, para enviar su apoyo a la vicejefa de Estado. Tal como fue denunciado en reiteradas ocasiones, todas las miradas apuntan al montaje de una operación político-judicial para derribar la figura de CFK, en una coyuntura donde buena parte de la opinión pública comienza a posicionarla como un potencial cuadro electoral de cara a 2023.
«Un sector del Poder Judicial busca proscribir a CFK. Círculos del poder económico, como siempre pasó en la historia de este país, persiguen a las y los líderes que defienden los intereses del pueblo y la construcción de una Argentina más igualitaria», señaló el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. En esa misma línea se pronunció su par de Quilmes, Mayra Mendoza. «El Partido Judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Despabilémonos», sostuvo vía Twitter.
Desde la propia Secretaría de Derechos Humanos de la Nación también manifestaron su preocupación sobre el curso que viene manteniendo la Justicia argentina desde 2019, con un evidente fin de perseguir sin descanso a CFK. «La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación ve con suma preocupación el avance de la persecución judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner porque deja en evidencia que el lawfare en nuestro país está más vivo que nunca», expresó, a través de un comunicado, la cartera conducida por Horacio Pietragalla.
Según lo planteado por la Secretaría, en la serie de causas judiciales que viene enfrentando la vicepresidenta se desconocen garantías básicas como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. «Además, es palmario que estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha condicionado al país y generado pobreza e indigencia en la población», agrega.
«La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir. Democracia o corporaciones», sostuvo el ministro de Desarrollo Comunitario bonaerense, Andrés Larroque. «Los jueces, fiscales, políticos y periodistas empleados del poder económico siguen persiguiendo a Cristina. Cristina sigue defendiendo al pueblo», añadió.
La propia Cristina Fernández de Kirchner realizó un fuerte descargo semanas atrás en relación con los intereses de poder que hoy se disputan en el seno del Poder Judicial. Apuntó en particular a la mentada «Corte de los Cuatro», en referencia a la conducción de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyas principales autoridades, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, supieron asentar su poderío gracias a haber sido designados «a dedo» por Mauricio Macri durante su mandato presidencial.
