Luego de las repercusiones y repudios que ocasionó la designación del joven militante PRO Lautaro Grilli como director de Juventud de la ciudad, desde la gestión de Cambiemos tuvieron que dar marcha atrás y nombraron en su lugar a la actual secretaria de Fernando Ponce, Florencia Mele.
Una vez conocida la noticia, distintos organismos de defensa de los derechos humanos en el país publicaron un comunicado en repudio de la designación por su ideología neonazi y por manifestarse a favor de la dictadura cívico-militar (1976-1983).
El documento, que llevaba la firma de referentes sociales como Estela de Carlotto, Tati Almeyda, Nora Cortiñas, y de organizaciones como H.I.J.O.S., la Mesa de Derechos Humanos de La Plata y la Asociación Nacional de expresos políticos, entre otras, afirmaba: “Se trata de un nefasto personaje que reivindica las prácticas de desaparición forzada, la tortura y la muerte de miles de personas”. Asimismo, apuntaba directamente contra el intendente Julio Garro exigiendo la no designación de Grilli por reivindicar “los años más oscuros de nuestra historia”.
Hasta la concejala del bloque Cambiemos Florencia Rollié, a través de un comunicado, había expresado su rechazo: “Desde el Radicalismo, nuestra historia y nuestros actos no nos permiten dejar pasar este tipo de errores al designar a personas cuyos antecedentes tengan inclinaciones con el pensamiento del totalitarismo de cualquier extracción, en este caso nazi y a favor de la dictadura militar que implantó en la Argentina el terrorismo de Estado”.
El referente del Frente Amplio Vecinal Jerónimo Larsen, a través de su página de Facebook, también había hecho público un mensaje de whatsapp en el que le sugerían que borre la publicación en repudio de la designación de Grilli, porque gente vinculada al PRO quería “armar una nota” contra él.
Ante la presión social por la posible llegada de un pro nazi a la Dirección de Juventud, Fernando Ponce llevó adelante su plan B de nombrar a su secretaria personal en el Concejo Deliberante. Con este nuevo nombramiento, queda al descubierto que Lautaro Grilli y Florencia Mele son parte de un mismo equipo de trabajo y responden a Fernando Ponce y al secretario de Coordinación Municipal, Oscar Negrelli.
Al igual que Grilli, Florencia Mele es militante de la Juventud del PRO en la ciudad de La Plata. Dentro de su actividad militante se puede mencionar que en el año 2013 integró la lista de dicho espacio político en la Facultad de Derecho de la UNLP, siendo candidata a secretaria general.
Si bien la elección de Mele es un lavado de cara de la gestión municipal ante el repudio generalizado de distintos sectores sociales por la posible llegada de Grilli, su historial en redes sociales evidencia una postura similar a la de su compañero en materia de derechos humanos.
A principios del año pasado, en su cuenta de Twitter apuntó contra Hebe de Bonafini escribiendo: “Hebe hablando de moral? #tachameladoble #delmoroSANTIAGO #lunesintratables”.
Los dichos de Grilli y Mele en relación con víctimas de la última dictadura militar no distan mucho de la postura que mantienen otros funcionarios de la alianza Cambiemos. Han sido de público conocimiento las reiteradas declaraciones políticas de funcionarios nacionales en contra de las políticas de derechos humanos que se venían desarrollando en nuestro país. Entre ellas, principalmente, se destaca la del presidente Mauricio Macri declarando “conmigo se acaba el curro de los derechos humanos”, “no tengo idea si fueron 9 mil o 30 mil”.
O la polémica frase del exministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lóperfido, cuando se animó a decir que en “ Argentina no hubo 30 mil desaparecidos», afirmando que esa cifra fue un arreglo para «conseguir subsdidios».
Como se ha podido observar, los dichos se materializan en designaciones como las de Grilli y también en la ausencia y vaciamiento de las políticas públicas que hace más de diez años venían sosteniendo la lucha por la verdad y la justicia. Ya el año 2016 comenzó con despidos en tres áreas que funcionan en la Ex ESMA: el Archivo Nacional de la Memoria, el Espacio Cultural Nuestros Hijos y el Museo Malvinas; en 2017, el gobierno nacional recortó en un 15% el presupuesto destinado a la Secretaría Nacional de Derechos Humanos, desfinanciamiento que repercutió en programas y más despidos; también el cierre de Infojus, la agencia de noticias del Estado, que entre otras cosas realizaba la cobertura de los juicios de lesa humanidad de todo el país; el intento de conceder el beneficio del 2×1 a los responsables de torturas, desapariciones y robo de bebés en la última dictadura militar. Y el reciente otorgamiento de la prisión domiciliaria a Etchecolatz y a Felipe Jorge Alespeiti.
