El Gobierno de Julio Garro recurre a todas las artimañas para meter presión contra el fallo del juez federal de La Plata Alejo Ramos Padilla, quien aseguró que no había delito penal en la denuncia formulada respecto de la toma de tierras de Los Hornos, pertenecientes al Estado nacional, por parte de familias pobres sin acceso a la vivienda. El magistrado sostuvo que la fiscalía no acusó a nadie, que no hay ningún imputado y que por lo tanto no hay, constitucionalmente, sanción penal alguna.
Contra esa decisión, vecinos de las zonas aledañas al predio de 160 hectáreas convocaron a una movilización para este mediodía a los Tribunales Federales de La Plata (8 y 50) a «modo de protesta y rechazo al fallo». Sin embargo, lejos de ser «autoconvocados», es la Comuna la que está organizando la marcha.
El Municipio puso a disposición 35 colectivos encabezados por cada uno de los delegados municipales para movilizar a vecinos y a sus propios empleados. La organización se coordinó con el Sindicato de Trabajadores Municipales, siempre afín al Gobierno local. El problema es que muchos de los miembros del sindicato o sus familiares son parte de la toma. Según señalaron vecinos, la Comuna bajó la línea a los delegados y referentes sindicales de despedir a quienes se rehúsen a marchar.
«El sindicato municipal reunió hoy [por ayer] a los delegados del gremio para decirles que cada delegado gremial tiene que movilizar dos micros mañana al juzgado bancando a Garro. Hay mucha bronca, porque en la misma toma hay afiliados al sindicato y familiares de afiliados, pero a los delegados los aprietan con que el que no cumple lo vuelan del laburo», dijo un vecino de la toma que conoció de primera mano las maniobras.
Una miembro de una delegación platense y del sindicato dejó en claro el mecanismo de la convocatoria en un audio filtrado. «A los que mañana quieran salir de 137 y 62 con el micro del sindicato para 8 y 50 a la fiscalía por el tema de viviendas, no se le está pasando faltas. Hablamos con el delegado y nos dio el OK», avisó. «Los que son de la delegación o de cualquier repartición fíjense de que quede gente, si trabajan seis van tres, si trabajan diez van cinco, para no dejar la delegación sin gente. Ese día no les va a pasar nada», advirtió.
El conflicto
Garro pidió el lunes que los Gobiernos nacional y bonaerense apelen el fallo con la excusa de que los terrenos son inundables, aunque no propuso trasladar a las familias a otra zona. De fondo, rechaza la instalación y desde 2020, cuando fue la toma, no ha ofrecido alternativas en materia de políticas de acceso a la vivienda.
Enfrente, el Gobierno nacional cedió las tierras para avanzar en una urbanización y el Gobierno bonaerense continuó con la parcelación de los terrenos y la conformación de una mesa de negociación con todas las partes involucradas para distribuir los lotes y otorgar servicios a las doscientas familias.
Rubén Pascolini, subsecretario de Hábitat de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, dio los detalles de las medidas hasta el momento. «El predio tiene 160 hectáreas y hay 48 terrenos que tienen cedido el permiso de uso al Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, mientras que 29,3 hectáreas cuya sesión se está tramitando. Además hay 23 hectáreas que fueron cedidas a Desarrollo Agrario», dijo a Radio Universidad. «Sabemos lo que significa la problemática hidráulica en La Plata, la preocupación que genera. El proyecto urbanístico da cuenta de eso. Hemos ordenado ya el sector de lotes con servicios. Le solicitamos al juez que convoque a una mesa de trabajo con la Municipalidad y con otros organismos, por la dimensión que tiene este proyecto», concluyó.
