Juan Martín Yalet tenía 35 años, un hijo de 9, una hija de 2 y una condena de cinco años que acababa de dejar atrás. Hacía once que estaba casado con Jorgelina y no tenía trabajo. La mañana del miércoles 26 de agosto, esperó a que amaneciera e intentó asaltar a una mujer que estaba sacando el auto de su casa para llevar a su hijo al colegio. La Policía lo atrapó en un techo de la calle 2 entre 66 y 67 de La Plata, lo esposó por la espalda y lo subió solo en la parte trasera del móvil policial. El vehículo era conducido por Cristian Caffa y Mónica Arias, quienes debían dirigirse a la comisaría para iniciar una causa por intento de robo. Pero en un momento del viaje el móvil frenó y se acercaron otros policías. Uno de ellos le disparó en la cabeza. La bala entró por la sien derecha y le atravesó el cráneo. El móvil, entonces, se desvió hacia el Hospital San Martín, donde a los poco minutos lo dieron por muerto.
Luego de una semana de este asesinato, la fiscal Betina Lacki, a cargo de la investigación, ordenó detener a los ocho policías del Centro de Protección Ciudadana (CPC), que depende de la Policía bonaerense, aparentemente implicados. Esta agilización de la causa sorprendió para bien a la familia Yalet y a su abogada, Sofía Caravelos.
Jorgelina dijo estar conforme con la decisión de detener a los efectivos implicados. “Se está avanzando en la causa”, contó, aunque dejó sentir cierta desconfianza: “Estoy conforme, pero hay que ver si siguen detenidos, porque ya veo que pasa lo que pasa siempre: que hoy hay ocho detenidos y mañana no hay ninguno”.
Juan Martín Yalet tenía 35 años, un hijo de 9, una hija de 2 y una condena de cinco años que acababa de dejar atrás. Hacía once que estaba casado con Jorgelina y no tenía trabajo.
Aún no están los resultados finales de la autopsia, pero sí las preliminares. “Lo único que sabemos es que el tiro fue de la sien derecha a la izquierda, desde una distancia muy corta, y que fue de un arma reglamentaria de 9 mm”, dijo Jorgelina.
La abogada Sofía Caravelos explicó que “en esta causa en particular, lo que aparece es una gran disputa entre las fuerzas policiales –específicamente, entre la Comisaría 9ª y el CPC– que están implementadas a partir del decreto de seguridad”. Según cuenta la abogada, “se están tirando el muerto unos con otros”, lo que complica descubrir qué parte de todo lo que se dice es verdad.
Como es habitual, las fuerzas de seguridad intentaron desviar la investigación con falsas pruebas. “Apareció un arma plantada que se dice que la tenía Yalet, cuando en realidad era de un robo de hace dos semanas”, declaró Caravelos. Por eso, a los efectivos se les imputa el delito de falsificación de documento público. “Para tratar de plantear una versión diferente de los hechos y conducir al Ministerio Público una versión errada, falsificaron el acta de procedimiento”, explicó la abogada.
Jorgelina dijo estar conforme con la decisión de la fiscal. “Se está avanzando en la causa”, dijo, aunque con desconfianza: “Estoy conforme, pero hay que ver si siguen detenidos, porque ya veo que pasa lo que pasa siempre: que hoy hay ocho detenidos y mañana no hay ninguno”.
Los otros detenidos, además de Caffa y Arias, son: Walter Fernando Rodríguez Muller, Daniela Aprea, Michael López González, Luciano Díaz, Patricia del Carmen Paris y Laura Gutiérrez, quienes están acusados de “homicidio triplemente agravado por alevosía, abuso de funciones, y por ser cometido mediante el empleo de arma de fuego, en concurso real con la falsificación material e ideológica de instrumento público”.
Ahora, la familia Yalet aguarda a que se les tome declaración indagatoria a los ocho implicados.
Por otro lado, Sofía Caravelos sostuvo que es una causa complicada porque “se trata de una persona, que en este caso es Juan Martín, que tiene una carga social sumamente negativa. Es un hombre que entró a robar y esto tiñe toda la investigación de una muerte que parece que no es reclamable, y tiene una cierta legitimación del accionar violento de la Policía. No hay accionar policial sin de alguna manera una legitimación social que lo convalide”.
Al parecer, esta vez la Justicia está actuando como debe: la autopsia está hecha por la Asesoría Pericial y los peritajes se hicieron por Gendarmería. “Es un gran adelanto que la investigación no haya estado a cargo de la Policía”, aclaró Caravelos, y concluyó: “De todas formas, las investigaciones en estos casos tienen que ver con decisiones políticas y decisiones de quienes están a cargo de los cuerpos policiales”.
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