Por Fernando M. López
Los 2.500 operarios de General Motors (GM) pusieron en marcha un plan de lucha contra los “despidos encubiertos” en la fábrica de la localidad rosarina de Alvear, donde se produce el Chevrolet Cruze II, el mismo que hace diez meses lanzó el propio presidente Mauricio Macri con promesas de mayores fuentes de trabajo. Lo definieron este jueves en el playón del complejo automotriz, luego de una serie de suspensiones masivas.
Las expulsiones se concretaron el lunes. Antes del inicio de cada turno, la transnacional norteamericana hizo formar largas filas y sólo permitió ingresar a sus puestos laborales a los que no figuraban en sus “listas negras”. Inmediatamente, los suspendidos decidieron radicar denuncias en la Comisaría de Alvear para dejar constancia de que no habían sido notificados con telegramas, como corresponde; mientras que en el Ministerio de Trabajo pudieron confirmar la ilegalidad de la medida, ya que allí no figuraba ningún acuerdo homologado entre el gremio y la patronal.
Según la ley, las suspensiones deben afectar a los empleados de menor antigüedad y con menor carga familiar, pero en este sentido General Motors también se manejó de manera arbitraria e irregular.
“Entre los 350, hay personas a las que les faltaba ocho meses para jubilarse con la mejor categoría y ahora las van a dejar con la mínima, madres solteras con hasta cinco hijos, y otros con diez, quince o veinte años de antigüedad. Incluso, a muchos que estaban de baja médica les dieron el alta apresurada para poder suspenderlos”, informó a Contexto Cristian Maida, uno de los afectados.
De acuerdo con lo resuelto en la asamblea, los trabajadores se movilizarán este viernes hasta la sede rosarina del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) para pedirle explicaciones al secretario general Marcelo Barros, a quien consideran “cómplice” de un acuerdo “bochornoso”. Las suspensiones se extenderían hasta el 30 de noviembre, con el 80% del salario durante los primeros tres meses, para luego ir bajándolo del 65% al 55% sin adicionales.
Además de rechazar este convenio, la Comisión de Lucha exige una solución a las pésimas condiciones laborales.
“El eslogan de GM es ‘un buen lugar para trabajar’. Una total mentira. Nos tienen en condiciones inhumanas”, denunció Maida, y puso el ejemplo de “chicas embarazadas que necesitan ir al baño con urgencia, pero no las dejan y tienen que terminar vomitando en un tacho”.
“A esto se suman los aprietes y el miedo que mete el sindicato de manera constante, las enfermedades profesionales y la falta de medidas de seguridad para prevenir accidentes de trabajo. Hace poco yo quedé prácticamente con el hombro colgando y me preguntaban si no me lo había lastimado lavando el auto o pintando una pared. Es una vergüenza trabajar en estas condiciones”, agregó.
Con el objetivo de fexibilizar
La empresa justifica que las suspensiones están relacionadas con “la caída de la demanda de Brasil”, el mismo argumento que utilizó Volkswagen en febrero para deshacerse de seiscientos operarios de su planta en la localidad bonaerense de Pacheco.
Sin embargo, los empleados de ambas automotrices sostienen que la intención de fondo es la flexibilización laboral, en el marco de las políticas neoliberales que se impulsan desde la Casa Rosada.
En el caso de GM, las suspensiones llegaron cuando el personal realizaba horas extras con un ritmo de producción de quince autos de alta gama por hora. “No es que la empresa esté en pérdida, ellos jamás pierden. Quieren maximizar ganancias pagando menos sueldos y cargando de más trabajo a la gente que queda adentro”, subrayó Maida.
Los trabajadores contaron ayer, durante la asamblea, con el respaldo de distintos sectores políticos, sociales y gremiales, como el Frente de Izquierda, Pan y Rosas, la Asociación de Magisterio de Santa Fe y los despedidos de Volkswagen Pacheco. También estuvieron los concejales Norma López (FpV), Juan Monteverde y Caren Tepp (Ciudad Futura) y María Eugenia Schmuck (UCR).
Un país para pocos
Octavio Crivaro, dirigente del PTS en el Frente de Izquierda, dijo a Contexto que “estas suspensiones ilegales son verdaderamente escandalosas, toleradas tanto por el Gobierno nacional como por el provincial, que no han tenido ningún tipo de intervención en el conflicto”.
“Los trabajadores lo viven con mucha incertidumbre porque saben que si no vuelven a entrar en GM se les hará muy difícil conseguir otro trabajo”, sostuvo, y destacó que las políticas nacionales de Cambiemos están destruyendo muchas ramas de la industria local.
“En Santa Fe sufrimos en este momento una crisis muy importante en la industria láctea, autopartista, y en la llamada línea blanca, con cierres, despidos y suspensiones”, completó.
Una de las primeras empresas santafesinas en bajar las persianas tras la asunción de Macri fue Ar Zinc, con más de sesenta años en el cordón industrial del Gran Rosario y única productora de zinc electrolítico en el país. La decisión provocó que unas 460 familias quedaran sin sustento.
Meses más tarde, el presidente visitó la planta de GM para lanzar el nuevo modelo de Chevrolet. “Este es el país con el que sueño, que pone el marcha el motor del auto que está listo para arrancar”, dijo junto el gobernador Miguel Lifschitz. Pero la ola de suspensiones que acaba de producirse en ese mismo lugar demuestra, una vez más, que el “sueño” de Macri sólo se hace realidad para unos pocos.
