La Cámara Federal de Justicia porteña convocó a una nueva audiencia en el marco de la investigación sobre la denominada «Mesa Judicial» de la ex gobernadora María Eugenia Vidal que involucra a varios de sus funcionarios, empresarios y al intendente platense Julio Garro.
El próximo 13 de junio, la Justicia resolverá el procesamiento de Garro y además del exministro de Trabajo, Marcelo Villegas, el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Darío Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).
Vale recordar que la causa se inició en La Plata, a raíz de un hallazgo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de un video de una reunión en 2017, donde los implicados hablaban sobre estrategias para la detención del sindicalista de la construcción Juan Pablo «Pata» Medina. «Si yo pudiera tener -y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte-, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría», dijo en ese encuentro el por entonces ministro Villegas.
Dicha causa, tras ser tramitada en La Plata bajo las instrucciones del juez Ernesto Kreplak, pasó a la Justicia Porteña que ahora deberá dirimir si los procesamientos del primer magistrado quedan firmes.
El juez federal de La Plata Kreplak procesó en la investigación a los entonces funcionarios y agentes de la AFI presentes en la reunión y dispuso «profundizar» la pesquisa para determinar si «autoridades nacionales» dieron directivas al respecto, detalló Telám.
Todos los funcionarios procesados recibieron además un embargo de 10 millones de pesos por orden de Kreplak en abril pasado. En el escrito presentado por entonces, el magistrado bonaerense exponía las maniobras realizadas en perjuicio del sindicalista Medina, en coordinación con el Poder Judicial.
“Esta coordinación supondría en sí misma la existencia de órdenes o autorizaciones incluso a niveles superiores de esas instancias de gobierno, porque no es razonable ni acorde a la experiencia suponer que esa cantidad y nivel de funcionarios acordaran y desarrollaran una estrategia común sin contar con el aval de sus superiores”, destacó Kreplak.
