Luego de imputar a todos los que aparecieron en el video que dio puntapié a la causa, la fiscal Ana Russo investiga ahora el rol de la exgobernadora María Eugenia Vidal, por lo que pidió hacer un entrecruzamiento de sus llamadas con los exfuncionarios involucrados en la reunión en el Banco Provincia, donde se planificó el armado de causas contra organizaciones sindicales.
En su presentación ante el juez Ernesto Kreplak, la fiscal señaló que «la acción penal» no se dirige solo a quienes participaron de ese video, sino contra «toda persona que resultare autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos vinculados a los acontecimientos». Si bien no incluyó a Vidal en los nombres de los imputados, en el mismo dictamen pidió investigar a la exgobernadora.
Russo sostuvo que se investiga «la supuesta organización de una estrategia, elaborada por el Gobierno nacional, provincial y municipal durante el año 2017, dirigida a impulsar denuncias para involucrar en investigaciones penales a personas vinculadas con la práctica sindical relacionada con actividades de la construcción en la ciudad de La Plata».
En este marco, solicitó al juez un «exhaustivo informe de las llamadas entrantes y salientes de los teléfonos de los exfuncionarios presentes en la reunión del día 15 de junio de 2017 y el o los abonados asignados a la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal».
La fiscal pidió un informe sobre las llamadas de Vidal entre el 1° de mayo de 2017 y diciembre de ese año. Asimismo, planteó que se procese el llamado a indagatoria a los imputados una vez que se obtengan las pruebas pedidas.
Entre los imputados se encuentran el intendente Julio Garro; el ex subsecretario de Justicia bonaerense, Adrián Grassi; el ex ministro de Infraestructura, Roberto Gigante; y el senador bonaerense de Juntos por el Cambio Juan Pablo Allan, electo por la octava sección (La Plata), sobre quien se aprobó el pedido de allanamiento.
También están tres ex funcionarios de la AFI macrista: el ex director de Asuntos Jurídicos de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano; el ex jefe de Gabinete del organismo, Dario Biorci; y el ex director operacional de Contrainteligencia, Diego Dalmau Pereyra, además de empresarios de la construcción.
También imputó a Marcelo Jaworski, director general del Consorcio de Gestión del Puerto La Plata (Copetro); Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario; Jorge Oscar Del Río, titular de la Asociación Pymes de la Construcción provincia de Buenos Aires (Apymeco); Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, del Colegio de Arquitectos de La Plata; Ricardo Alconada, presidente de la constructora OCSA; y Bernardo Zaslascky, director de la Asociación de Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción.
