Por Gabriela Calotti
El diputado nacional José Luis Gioja se presentó ante el Tribunal Oral Federal de San Juan como víctima de delitos de lesa humanidad para objetar la decisión de la Cámara de Casación Penal de otorgar el beneficio del arresto domiciliario al represor Gustavo Ramón De Marchi.
Gioja, actual presidente del Partido Justicialista Nacional, sostuvo que «De Marchi representa un peligro en prisión domiciliaria porque ya se fugó y fue uno de los cabecillas de los instigadores de la violencia del Estado en la década del 70», indicaron fuentes judiciales.
El exgobernador fue testigo en los juicios conocidos como Megacausa I y Megacausa II, que se llevaron a cabo en San Juan en 2012 y 2017 respectivamente. Como resultado de esos dos procesos judiciales, De Marchi fue condenado a veinticinco años de prisión y a prisión perpetua. Entre tanto, sigue estando imputado en otras causas por delitos de lesa humanidad.
El temor de Gioja y de otras numerosas víctimas de delitos de lesa humanidad en San Juan, que en estos días también hicieron presentaciones ante la Justicia federal, es bien fundado, porque De Marchi tiene antecedentes de fuga: el 25 de julio de 2013, semanas después de conocerse su primera condena, se escapó del Hospital Militar de Campo de Mayo, al que había sido trasladado junto a Jorge Olivera. Fue capturado en Buenos Aires en diciembre de 2015.
Gioja y su hermano César fueron detenidos cuando el primero era funcionario del gobierno constitucional que encabezaba Eloy Camus en la provincia de San Juan. Permaneció secuestrado por los represores entre marzo de 1976 y enero de 1977. «Ambos fueron salvajemente torturados y lo más terrible fue que uno de los centros clandestinos de detención al que fueron llevados era donde funcionaba la legislatura provincial de San Juan. Allí estuvieron alojados ellos y muchos compañeros» que fueron víctimas del terrorismo de Estado en esa provincia, explicó a Contexto uno de los abogados querellantes, Roberto Scherbosky.
El abogado explicó que Gioja, quien fue tres veces gobernador de San Juan entre 2003 y 2015, «fue a declarar al juicio y lo hizo personalmente, sin hacer uso de sus facultades de poder declarar de oficio. Se expuso a ser interrogado por las fiscalías, defensas y querellantes. Su testimonio fue muy importante y facilitó muchas de las cosas que se pudieron ir encontrando durante su gestión como gobernador en la causa de los derechos humanos».
Semanas atrás, organismos de derechos humanos sanjuaninos repudiaron el beneficio del arresto domiciliario que la Cámara Nacional de Casación le otorgó justamente De Marchi, que aún no se hizo efectivo.
En julio de 2013, al cabo del juicio conocido como Megacausa I, De Marchi –entre otros represores– fue condenado a veinticinco años de prisión. En esa causa se investigaron los delitos de homicidio, violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad, tormentos, violación, abuso deshonesto y asociación ilícita, en perjuicio de sesenta víctimas.
En 2017 se llevó adelante el juicio oral y público por la Megacausa II, un juicio histórico en San Juan contra veintiún ex militares y policías por los crímenes de lesa humanidad contra más de doscientas víctimas en el Área 332, que dependía del III Cuerpo del Ejército. Como resultado, en octubre de 2018 el Tribunal Oral Federal de San Juan condenó a prisión perpetua a nueve exmilitares y a dos expolicías.
Entre los condenados a prisión perpetua figuraban también el ex jefe de inteligencia de la Policía de San Juan, José Hilarión Rodríguez; el ex oficial de esa fuerza Juan Carlos Torres; el ex jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Coronel, y el ex jefe de inteligencia del RIM, Jorge Antonio Olivera.
