Por Solange Rossa y Cecilia B. Díaz
A partir de los resultados de las PASO 2017, algunos concretos y otros en suspenso, la batalla de las interpretaciones en tiempo de posverdad puede resultar para el gran público un nanoclima de los politizados. Sin embargo, para los sectores de izquierda, la configuración de una subjetividad ciudadana que se apropie de las conquistas emancipadoras de los últimos años de América Latina constituye un debate dominante ante el viraje ideológico que se experimenta en la región.
En este punto, la controversia en torno a la etiqueta de “derecha democrática” de José Natanson en “El macrismo no es un golpe de suerte” (17/08/17, Página/12) se trasladó hacia la problematización de las perspectivas desde las cuales se elaboran los análisis políticos, los momentos de hacerlos públicos y los ámbitos de publicación.
Al respecto, es necesario salir de las firmas y preguntarse por la veracidad de la hipótesis de que estamos ante una victoria de la derecha democrática en Argentina. Si bien el triunfo electoral a nivel nacional es evidente, su mayor potencia radica en que han sido elegidos aquellos candidatos PRO “puros” y parece cancelarse el alquiler del sello y del aparato UCR antes de tiempo. Por lo cual es la configuración interna de la alianza Cambiemos la que se alteró, y así expuso la construcción política concreta del oficialismo –aunque no de modo concluyente–.
Ahora bien, la pregunta de 2015 que se reactualiza es: ¿por qué la ciudadanía vota a la derecha tras dieciocho meses de deterioro económico e institucional? ¿Es sólo producto de la falta de propuestas opositoras superadoras que dibujen una utopía posible? ¿O la sociedad elige a su verdugo?
El resultado de las PASO muestra una legitimidad popular en la restauración conservadora que representa el macrismo. En ese sentido, el esquema no es antidemocrático, sino que apela a un ideario liberal arraigado en la identidad política nacional y debidamente adecuado a la subjetivación de las sociedades de control. De tal forma que la democracia se experimenta de un modo que no ve como un daño la represión a trabajadores, la manipulación informativa del escrutinio, la desaparición de Maldonado y la penalización a los opositores como Milagro Sala, entre otros episodios.
Lo paradójico, entonces, es que estos hechos no son percibidos como daños institucionales, sino que son políticas represivas legitimadas socialmente porque representan el orden en tanto que visibilizan el castigo a modo de forjar líneas de conductas permitidas. En este plano, la hipercomunicación juega un papel central en la viralización de imágenes que interpelan los valores clásicos del liberalismo (orden, propiedad privada, esfuerzo individual, división de poderes, etcétera), profundamente arraigados en el pensamiento argentino.
De modo que la consolidación de las llamadas sociedades del control se cimenta en un discurso social que legitima estas acciones como parte del juego democrático en el sistema de medios, las acciones temblorosas del sindicalismo y una oposición instrumental. En consecuencia, para la ciudadanía no hay un daño a la democracia porque no encuentra contraargumentos válidos a su demanda de orden, seguridad y libre circulación.
Esto nos lleva a cuestionar la eficacia de la pregunta con la que se interpela al electorado. Ya no se trata de un antagonismo democracia/antidemocracia, sino del tipo de democracia que busca el votante medio, ese actor que define una elección. Allí, donde radica el deseo sobre un bien común cada vez más individualizado (“el esfuerzo de todos”), la alianza Cambiemos trama las reglas del juego político democrático de raigambre liberal. De esa manera, sus acciones no son antidemocráticas, sino el resultado de conocer las hendijas de la legalidad e institucionalidad del sistema, amparados por la complicidad mediática y judicial.
Sostener el carácter democrático de la coalición no debe leerse como tibieza, compasión o la simple negación de cuestiones que son alarmantes en lo que respecta a los valores democráticos, sino entender que el juego de Cambiemos es más complejo y necesita deconstruirse para poder entenderse.
Junto a los recovecos de legalidad a través de los cuales el Gobierno implementa sus acciones, se desarrolla una estrategia de contingencia que se apoya en la petición de perdón, asumiendo el carácter falible de los hombres que ocupan los altos cargos de la Administración pública. Se apela a la emoción descontextualizada para analizar el carácter moral del político y no de la política. Así, casi como un paso coreográfico, el Gobierno ha dado marcha atrás a un conjunto de políticas que se encontraron con el rechazo de diferentes sectores de la sociedad. Uno de los casos más resonantes fue la intención de nombrar a dos jueces de la Corte Suprema por decreto, medida que fue revisada conforme al rechazo que provocó y que terminó realizándose a través de los mecanismos naturales de designación.
Complementariamente, el Gobierno recurre a la estrategia de la distracción (o “el sistema Esteban Bullrich”), que consiste en anunciar una batería de políticas de forma simultánea para que algunas concentren la atención mediática mientras otras se ejecutan en silencio al quedar solapadas por la hiperinformación. En efecto, ese juego político se ampara en la desmovilización intelectual y la falta de compromiso de participar en lo público por parte de una mayoría de la ciudadanía. Allí el panóptico digital de la comunicación se apaga ante el desinterés.
Todas estas cuestiones hacen que sea al menos inocente entender a Cambiemos como una remake de las derechas autoritarias tradicionales, aunque no pierda los linajes. Una lectura que no reactualice los contextos olvida que la arbitrariedad es algo de lo que se puede prescindir en la actualidad política. Ya no se precisa vigilar y castigar: el consenso se presenta seductora y placenteramente antipolítico.
