En Luján, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis y veinte intendentes de municipios bonaerenses anunciaron que firmarán una presentación judicial contra el Gobierno nacional por el desvío de fondos que debían ser destinados a obras en rutas nacionales.
Katopodis estuvo acompañado por jefes comunales del oficialismo y la oposición cuyos distritos tienen una ruta nacional afectada por la parálisis de la obra pública que aplicó Javier Milei, en el marco de su plan de ajuste para llegar al déficit cero.
Estuvieron los intendentes de Escobar, Luján, Exaltación de la Cruz, Ramallo, San Andrés de Giles, Mercedes, Carmen de Areco, Cañuelas, Alberti, Bragado, Carlos Casares, Chacabuco, Las Flores, Mar Chiquita, Benito Juárez, Saavedra, Tornquist, Azul, Boliva y General Villegas.
En concreto, denunciaron que la administración nacional desvió fondos provenientes de la recaudación de impuestos nacionales que, por ley, debían destinarse a obras en rutas nacionales para prevenir accidentes.
El Gobierno bonaerense remarcó que cada mes la administración nacional recauda fondos a través de distintos impuestos que tienen que ser específicamente destinados a obras públicas, entre ellas, al mantenimiento de los 40 mil kilómetros de rutas nacionales.
En particular, por ley el impuesto a los combustibles líquidos debe ser destinado a obras en rutas nacionales, claves para el tránsito y para la logística del campo y la industria nacional. Desde que asumió Milei y con el aumento al tributo a los combustibles, las naftas subieron más del 250%, que llevó al Gobierno nacional a recaudar más de 2,5 billones de pesos en 2024, casi 4 veces más que en 2023.
Según establece la Ley 23.966, el Gobierno Nacional tiene la obligación de destinar el 28,58% de esa recaudación al “Fideicomiso de Infraestructura del Transporte”, y el 50% de ese fondo debe llegar a Vialidad Nacional para obras viales. Así, mientras se debían transferir 349,13 mil millones a Vialidad, solo se destinaron 149 mil millones de pesos.
“Firmamos una presentación judicial para que el Gobierno Nacional explique qué hizo con los $200 mil millones que recaudó con el Impuesto a los Combustibles que solo eran para las rutas y $1 billón del Impuesto PAIS destinados a obras de infraestructura”, puntualizó Katopodis.
En la ciudad cuya Virgen es la patrona de las rutas argentinas desde 1944, el ministro y los jefes comunales denunciaron el impacto del freno de la obra pública: deterioro de las rutas y caminos nacionales en la provincia que afectan el traslado de las producciones y atentan contra la vida de las personas que las transitan.
“Milei es el único presidente de la Nación que en 40 años de democracia no hizo un solo kilómetro de ruta y paralizó todas las obras que estaban en ejecución”, cuestionó Katopodis en sus redes sociales. “Queremos que la justicia le ordene al Estado Nacional el reinicio urgente de todas estas obras porque lo que está en juego es la vida de la gente”, agregó.
La inversión de Vialidad Nacional en Buenos Aires cayó 85,9% durante 2024 con respecto al año anterior, siendo la provincia la más perjudicada por los recortes de todo el país, según los datos de la cartera de Infraestructura.
De las obras viales en marcha en todo el país a diciembre de 2023, 150 fueron frenadas con un avance físico de más del 40%, y de ese grupo, 85 contaban con más del 70% de los trabajos ejecutados, es decir, muy pronto a ser finalizadas, según datos del Ministerio de Infraestructura bonaerense.
