Por Miguel Croceri
Con su oposición a la ley antidespidos y su apoyo apenas disimulado a los golpistas brasileños, Mauricio Macri está dando una prueba más del perfil ideológico de derecha y de su alineamiento con los intereses del capital más concentrado, en pos de restaurar en la sociedad argentina el dominio de las corporaciones (económicas, mediáticas, judiciales, etcétera), y de ubicar nuevamente al país bajo la hegemonía de Estados Unidos.
Numerosas son las medidas tomadas en sus cinco meses de gestión que dejan en claro a favor y en contra de quién está su gobierno, y cómo es el modelo de sociedad que aspira a imponer si la relación de fuerzas se lo permite. El siguiente es un repaso, no exhaustivo pero sí suficientemente indicativo, de algunas decisiones fundamentales:
– Apenas asumió, el macrismo copó la conducción del Banco Central mediante presiones indebidas que provocaron la renuncia de las anteriores autoridades. El nombramiento de nuevos funcionarios mostró al instante la ridícula pretensión, reiterada hasta el hartazgo durante años y años, del principio ultraliberal de que el Banco Central debe ser “independiente” del Gobierno.
– Igualmente de inmediato, y en un brutal acto de violencia jurídica, designó por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia. Ambos con perfil conservador (aun cuando uno de ellos haya sido ministro de Néstor Kirchner), y con trayectorias profesionales en poderosos bufetes de abogados donde se ejerce la defensa de grandes negocios. La alevosía del decretazo fue tal que, por críticas desde su propia coalición política y por la oposición de su aliado fundamental y presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, Macri dispuso un retroceso táctico para que los nombramientos se hagan según las reglas constitucionales. (Las designaciones están pendientes de aprobación en el Senado, donde sólo podrán consumarse si, tal como ocurrió con el pacto con los fondos buitre, una parte del bloque del PJ-Frente para la Victoria se somete a la voluntad de la derecha gobernante).
– La ofensiva de los primeros días en el plano económico-social tuvo su pilar básico en la híperdevaluación del peso, en torno del 40% de su valor, para beneficio de los bancos extranjeros y del oligopolio exportador. Con la eliminación de los controles cambiarios –maniobra propagandizada como “fin del cepo al dólar”–, el Gobierno macrista disparó una inflación mucho más grave que la que existía, inició una etapa de recesión en la economía, reinstaló en el país los despidos laborales y el miedo a la desocupación que habían desaparecido durante el kirchnerismo, y retrotrajo a capas populares muy pobres a situaciones cotidianas de privaciones extremas, incluidas las alimentarias.
ey- También apenas asumió y mediante decretazos, derogó de facto las cláusulas antimonopólicas de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y abolió organismos de aplicación de carácter plural y federal para reemplazarlos por un nuevo ente que integran funcionarios de su Gobierno más algunas presencias decorativas. Además, derogó de facto la Ley Argentina Digital (o de Telecomunicaciones), que regulaba entre otros los servicios de Internet y de telefonía móvil. La consecuencia inmediata fue la ampliación del campo de negocios del Grupo Clarín, que no sólo mantuvo intacta su posición dominante en el mercado de medios audiovisuales, sino que se expandió al mercado de las telecomunicaciones.
– La dirección de los medios de comunicación públicos dependientes del Estado nacional fue copada por el oficialismo, aboliendo de facto los plazos y procedimientos legalmente previstos para la designación de autoridades y la determinación de contenidos.
– El Gobierno de Jujuy, con el aval del Gobierno nacional más la complicidad de la corporación judicial y la agitación propagandística sobre la opinión pública del sistema de medios dominantes que forman parte del nuevo bloque de poder, decidió meter presa a la militante y líder popular Milagro Sala, violando todas las garantías del debido proceso y de defensa en juicio, pisoteando así las garantías del estado de derecho. La gravísima privación ilegal de la libertad de esa persona persiste hasta hoy.
– En el hecho más grave por condicionar el provenir del país en las próximas décadas y por su proyección económico-social hacia las futuras generaciones, el Gobierno de Macri –en complicidad con una gran parte de los gobernadores y legisladores elegidos por el Frente para la Victoria– se sometió a la voluntad de los fondos buitre y del Poder Judicial norteamericano. Mediante un pacto que determina el pago de una deuda usuraria, introduce al país en un nuevo ciclo de deuda externa impagable a largo plazo, y deja a la nación al arbitrio de mafias financieras trasnacionales.
– La eliminación casi total de aranceles de exportación (normalmente llamados “retenciones”) para favorecer a las empresas cerealeras y a otras del sector agropecuario, e idéntica medida en favor de las compañías extractivas mineras, fueron decisiones de política económica que implican una directa transferencia de fondos a corporaciones económicas. O, lo que es lo mismo: perjuicio para las finanzas públicas y el conjunto de la sociedad, y mayores ingresos para las clases sociales dominantes.
– Al asumir, el Gobierno macrista inició una ola de despidos en el sector público que se mantiene hasta hoy. Las finalidades fueron al menos tres: agitar la acción psicológica propagandística sobre la sociedad respecto de un falso carácter parasitario de los trabajadores públicos, desmantelar las funciones económicas y sociales del Estado y la capacidad de sus prestaciones, y perseguir por sus ideas políticas a personas empleadas en el ámbito estatal.
– Similar a lo anterior, se ejerció una persecución laboral en medios de comunicación del Estado nacional, y también en medios privados a través de presiones, contra periodistas afines al kirchnerismo o que, en general, expresaban discursos alternativos al de la derecha. En estos casos, además de procurar efectos similares a los despidos, se sumó como resultado objetivo la desaparición de voces críticas y de discursos contrahegemónicos en prácticamente la totalidad del sistema de medios más influyentes en la opinión pública. La situación sólo se contrarresta parcialmente con unos pocos medios privados de Buenos Aires y del resto del país, y con múltiples medios alternativos generados desde la sociedad civil, las Universidades y las organizaciones populares, más las redes de comunicación digital.
– En política exterior, el principal gesto de Macri ha sido el hostigamiento retórico y diplomático contra la revolución bolivariana de Venezuela y el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Esa posición exhibe una rotunda subordinación a los intereses de Estados Unidos y de la derecha continental e hispánica (ya que también en España son muy fuertes los dispositivos de ataque contra los Gobiernos y/o fuerzas populares latinoamericanas).
– Otra viga maestra de la política exterior macrista es el paulatino abandono de las políticas de integración con América Latina. El Gobierno argentino actual contribuye a la parálisis del MERCOSUR, la UNASUR y la CELAC (Comunidad de Estados de Latinoamérica y el Caribe). Como muestra de ello, y en una actitud altamente demostrativa del boicot a las instituciones de cooperación regional, hasta se niega a pagar las remuneraciones de los parlamentarios argentinos del MERCOSUR, que corresponden por ley a la nación.
– Durante la visita de Barak Obama se firmaron pactos reservados con Estados Unidos que incluyen temas como la “lucha contra el narcotráfico y el terrorismo sin diferenciar seguridad y defensa; asistencia en la Triple Frontera; misiones militares en África; asilo a los sirios que huyen de los bombardeos; Centros de Fusión de Inteligencia, defensa hemisférica, fuerzas de seguridad en el Comando Sur; cooperación nuclear a espaldas de Brasil y apertura comercial irrestricta”, según un imprescindible documento periodístico escrito por Horacio Verbitsky y publicado en el diario Página/12 el 27 de marzo (http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-295548-2016-03-27.html).
– La quita de subsidios, con tarifazos en electricidad, agua y cloacas, gas y transporte público, y con aumentos en el precio de los combustibles, son formas de saqueo a la economía popular que tienen como perfecta contraparte mayores ingresos para empresas monopólicas de servicios esenciales y compañías oligopólicas del mercado hidrocarburífero.
– El Gobierno de Macri eliminó áreas y organismos de control, vigilancia y persecusión de delitos económicos, entre ellos dependencias del Banco Central, el Ministerio de Economía y la Unidad de Información Financiera (UIF). Todas y cada una de esas decisiones convergen en facilitar la especulación financiera, la evasión impositiva, los abusos de precios y los ataques contra la moneda argentina, y otorgan facilidades para el blanqueo de dinero de origen delictivo. En este último punto, el colmo de la alevosía ha sido designar como autoridades de la UIF a abogados de los bancos investigados por lavado de activos (como expresa el dicho popular, “el zorro cuida a las gallinas”).
– Otra contribución al deterioro del poder de intervención del Estado democrático en la economía, para facilitar negocios, negociados y abusos de los grandes capitalistas –los habitualmente llamados “mercados”–, ha sido el desmantelamiento de áreas del Ministerio de Economía destinadas al seguimiento de la estructura de costos de las grandes empresas, y de forma congruente, el paulatino abandono del programa Precios Cuidados.
– En igual sentido, Aerolíneas Argentinas empezó a cerrar rutas en beneficio de competidores privados, y el Gobierno redujo drásticamente las fuentes públicas de financiamiento de la empresa nacional de aviación, recuperada por el kirchnerismo luego de que los propietarios privados la llevaran a la bancarrota.
– Las clases sociales que más necesitan de políticas estatales activas para posibilitar su acceso al derecho a la educación sufren el desmantelamiento de los programas de promoción educativa PROG.R.ES.AR. y FinEs.
– Finalmente, la más reciente y grave medida de política exterior, contraria al fortalecimiento de la democracia y la integración en América Latina y simétricamente favorable a la recuperación del dominio norteamericano en la región, es la convalidación del golpe parlamentario en Brasil. La administración macrista evitó todo respaldo a la presidenta Dilma Rousseff, y en cambio emitió declamaciones diplomáticas acomodaticias (“respeto al proceso institucional”) que son perfectamente funcionales al operativo desestabilizador y legitiman al gobierno de facto.
La enumeración de medidas podría ser más extensa, pero todo lleva a reafirmar que el Gobierno de Mauricio Macri integra un bloque de poder que vio disminuida su hegemonía durante más de una década, y que busca reconstituirse. Sus metas apuntan a desmantelar los derechos sociales conquistados en el proceso político anterior, desgastar hasta eliminar el recuperado poder del Estado como regulador de las relaciones económicas y freno a la voracidad de los mercados, restaurar el dominio de las corporaciones, someter al país a los intereses del capitalismo financiero trasnacional, y desmontar la estrategia de integración latinoamericana y autonomía nacional en sus relaciones con el resto del mundo, para alinear nuevamente a Argentina bajo la órbita de Estados Unidos.
Que todo ello ocurra, completa o parcialmente, dependerá en gran medida de cuál sea el poder que pueda construirse para defender los intereses perjudicados, que son los de las mayorías populares.
(FIN)
