El Gobierno avanza con su ataque a los sindicatos, en este caso con la eliminación del esquema de triangulación entre obras sociales y empresas de medicina prepaga. Mediante la Resolución 1/2025, la gestión de la Superintendencia de Servicios de Salud eliminó la intermediación de las OOSS y trasladará, de manera obligatoria, los aportes de trabajadores en relación de dependencia a las prepagas de manera directa.
Esta medida alcanza a los aportes de cerca de 1.5 millones de trabajadores, en cuyo caso la obra opera como intermediaria (sobre un total de 6 millones de afiliados a las OOSS). Esto se vincula con la decisión del Gobierno, efectuada a fines del año pasado, de obligar a las empresas de medicina privada a inscribirse en un padrón para que los usuarios con derivación de aportes tuvieran la “opción” de abandonar la triangulación.
Ahora, como paso final, el oficialismo trasladará de manera compulsiva los aportes a las prepagas sin mediación de las obras sociales. En tanto, si el trabajador deseara seguir vinculado al modelo de triangulación, deberá tramitar de manera voluntaria esa permanencia, en el plazo de 60 días, través del trámite “Voluntad de Permanencia en Obra Social”, habilitado por el Gobierno.
“Dispónese la derivación directa de los aportes y contribuciones de los trabajadores bajo relación de dependencia, del Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico, y las cotizaciones de los beneficiarios adheridos al Régimen Simplificado de Pequeños Contribuyentes, a la entidad contratada oportunamente por el beneficiario a través del procedimiento de derivación de aportes”, señala el documento firmado por el Titular de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Salud Roberto Luis Olivieri Pinto.
“En el país de la libertad de mercado, por una resolución se ordena el traspaso forzado de más de 6 millones de personas a las prepagas. Acá tenés a los anti estatistas”, fue el señalamiento crítico hacia esta medida por parte de la abogada laboralista Natalia Salvo, a través de sus redes sociales. Asimismo, desde el sector gremial advirtieron que avanzarán con denuncias penales bajo la figura de abuso de autoridad y defraudación. La CGT ya prepara una reunión de su Mesa Chica para discutir la situación.
Cabe aclarar que el aporte a las obras sociales se compone por una fracción del 3% del salario de los trabajadores y con un 6% por parte de los empleadores. La intermediación de las obras sociales permitía a los gremios retener un 2% del aporte de cada trabajador.
