Más de treinta sindicatos provenientes de la CGT y las CTA sostuvieron que el índice inflacionario correspondiente a enero de 2,2% que informó ayer el INDEC no se condice con los precios que pagan las familias argentinas para acceder a los bienes y servicios. A su vez cuestionaron al organismo estadístico por utilizar una metodología de medición desactualizada.
El comunicado expresa el malestar social ante una inflación que, sin bien ha mantenido un descenso con respecto a los altos índices que mostró en los primeros meses de 2024 tras la devaluación que aplicó la Administración libertaria en diciembre de 2023, actualmente no coincide con los precios de bienes y servicios.
Según informó ayer el organismo estadístico, la inflación de enero alcanzó el 2,2 %, celebrada por el Gobierno por ser la más baja desde julio de 2020. En tanto que la comparación interanual se ubicó en el 84,5 %.
«Para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos. Hasta ahora era un comentario que fue elevando su volumen en pueblos y ciudades. Hoy podemos demostrar que ese desfasaje es real y tiene una explicación clara: el Indec utiliza una metodología de cálculo desactualizada», aseguraron los gremios.
Agregaron que el Gobierno «no se atreve» a modificar ese cálculo porque «develaría que la inflación es mayor que la publicada». En esa línea, pidieron que se actualice la Encuesta Nacional de Gastos de Hogares que revela las variaciones del consumo y su impacto en el cálculo de inflación. «Hace muchos años que no se realiza una modificación integral y eso genera diferencias cada vez más agudas», advirtieron.
En ese sentido, añadieron que «este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, solo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales».
El comunicado, firmado por gremios de la importancia de la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores, la Bancaria, ATE, la Federación de Judiciales, los Jerárquicos de Energía, los Metrodelegados, el Sipreba y gremios docentes, entre otros, resaltó que «la mayoría de los especialistas coinciden en que existió un desfasaje cercano al 15% (en contra de los salarios) entre los datos oficiales y la inflación sufrida en 2024. Y tiene lógica».
La crítica de los sindicatos coincide con la baja en el consumo masivo que registraron consultoras privadas en los últimos meses. Y apunta al corazón del discurso del Gobierno, uno de cuyos ejes principales es la supuesta baja inflacionaria. «El proceso de desinflación continúa», celebró ayer el ministro de Economía, Luis Caputo.
Los gremios también se refirieron a lo lejos que se encuentra el salario mínimo, vital y móvil de la canasta de bienes y servicios. «La mayoría de los trabajadores cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aprobado en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitución Nacional, que es la remuneración menor que debe recibir un trabajador/a para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión. Para cubrir esos gastos a finales de 2024 un trabajador/a debía percibir un ingreso bruto mínimo de $1.900.000 mensuales».
Por último, concluyeron: «Tenemos los datos, las causas que explican las diferencias entre la realidad y el dibujo oficial, y el veredicto de la mayoría de la población que comprueba mes a mes que no son ciertos los números que se comunican oficialmente. El futuro ya llegó. El bolsillo canta claro. Necesitamos unirnos para reparar esta injusticia».
