La industria es uno de los sectores productivos más afectados por la política económica de Javier Milei. Despidos, suspensiones, recorte de horas extras y aumento de retiros voluntarios, en un contexto de recesión y ajuste, muestran el panorama de los efectos del plan libertario en uno de los motores de la economía.
Alertados por esta situación, los gremios enrolados en la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina (CSIRA), junto con el Centro de Economía Argentina (CEPA) elaboraron un informe que plasma en datos en impacto de la caída industrial.
El estudio indica que el 95% de los encuestados afirmó que la situación de las empresas empeoró en comparación con diciembre de 2023. “El resultado es consecuencia directa de la caída del consumo y de la recesión económica en la que se encuentra el país, causadas por la política de ajuste aplicada desde el inicio del mandato del actual presidente”, sostiene el informe.
El estudio recopiló información de 35 sindicatos que integran la CSIRA, y de ello se desprende que esa Confederación nuclea 61.728 empresas divididas en 18 sectores de actividad. Estas empresas agrupan a 1.097.693 trabajadores, de los cuales 622.240 se encuentran sindicalizados, es decir, el 56,7%.
Ventas y producción
La recesión y el ajuste del plan Caputo afectaron las ventas y, como consecuencia, la producción. El 60,9% de las empresas declararon caídas de las ventas superiores a 15%. A su vez, el 52,2% de las empresas cuentan con más del 40% de su capacidad instalada ociosa, y solo 4,3% tiene menos del 10% sin utilizar.
En este punto, vale recordar que a nivel país, la utilización de la capacidad instalada en marzo de este año era de 53,4%, según el INDEC, lo que representa una disminución de 13,9 puntos porcentuales respecto al año pasado y solo 1,8 puntos porcentuales por encima de marzo de 2020, en plena pandemia.
Impacto en trabajadores y expectativas
Este cuadro repercute en los trabajadores, ya que apenas el 26% de las empresas analizadas no despidieron personal. Además, con relación a otras políticas laborales, 47,8% han ofrecido jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios.
Por otro lado, hubo recortes de horas extras en 91,3% de las empresas, reducción de turnos de producción en 82,6%, suspensiones en 69,6%, y adelanto de vacaciones en 56,5%.
La caída de los puestos de trabajo coincide con los datos relevados por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, que muestran que, en el mes de febrero, se perdieron 20.666 puestos de trabajo registrados asalariados en el sector privado. Asimismo, para marzo la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que calcula el nivel de empleo en unas 3.500 empresas los aglomerados urbanos, estima una caída de otros 34.166 puestos.
Las expectativas futuras no traen mejores noticias, más allá de las promesas de recuperación que prometen Milei y Caputo. “Solo 4,3% de los encuestados consideran que en los próximos 6 meses la situación económica de las empresas se mantendrá igual que hasta ahora, mientras que el 73,9% considera que su situación será moderada o mucho peor que la actual”, adelanta el informe.
Movilización al Congreso
Importantes gremios industriales, como el SMATA, la UOM, adelantaron que se movilizarán al Congreso cuando se trate la Ley Bases para rechazar ese proyecto libertario. Fue durante un encuentro de secretarios generales realizado la semana pasada, donde también participaron la UOCRA, la Unión Obrera Minera, alimentación, ATILRA, textiles, cerveceros, químicos, gráficos, industria de la carne, del calzado, del tabaco, del vidrio, papeleros, molineros, plásticos, petroleros y curtidores, entre otros.
“Hay un industricidio que lo estamos padeciendo día a día”, denunció el secretario general de la UOM, Abel Furlán, quien añadió que eso motivará la movilización de los sindicatos industriales al Congreso contra el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), incluido en la Ley Bases. Con el RIGI “se va el futuro del país, de la industria y sus puestos de trabajo que son el sostén de muchísimas familias”, añadió el dirigente gremial en declaraciones televisivas.
El RIGI consiste en un programa de beneficios fiscales, cambiarios y aduaneros, para atraer inversiones extranjeras en los sectores minero, petrolero y gasífero por un periodo de 30 años. Buscar establecer un patrón de especialización productiva del país como exportador de recursos naturales con beneficios especiales para multinacionales, y sin articulación con el entramado productivo nacional.