“Sólo discuten salarios, y a la baja, pero no de políticas educativas”, repiten los sindicatos docentes en su puja con el gobierno bonaerense. La frase se ajusta al reclamo que hicieron los docentes de escuelas secundarias técnicas y agrarias frente a la Dirección General de Cultura y Educación ayer al mediodía, contra los intentos de la cartera de Gabriel Sánchez Zinny de llevar a cabo una “reforma curricular” de modo “unilateral”.
Los cambios en los planes de estudio son borradores que llegaron a manos de los sindicatos. Aún no se han plasmado en proyectos oficiales. Los docentes lo rechazan por haberse impulsado de modo inconsulto, sin tener en cuenta a las organizaciones gremiales. Y sobre todo porque crea puestos de trabajo que no existen en el escalafón estatutario, modifica las condiciones de trabajo y de acceso a los cargos y recorta la cantidad de horas de presencia de los alumnos en las aulas.
Ariel Guede (secretario adjunto de AMET): “Nos oponemos porque esto trae una reducción de la caja curricular y crea figuras laborales sin estabilidad que no están contempladas, como acompañantes y tutores».
“Buscamos una participación en los ámbitos de construcción de los diseños curriculares. No nos oponemos a revisiones, pero queremos que esto se dé en un marco de discusión”, dijo a Contexto Sergio Cassini, secretario gremial de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET).
Los docentes hicieron una radio abierta frente a la puerta de ingreso de la DGCyE, y luego ingresaron un petitorio al Consejo General de la cartera educativa donde se tratan los planes de estudio. “Nos oponemos porque esto trae una reducción de la caja curricular y crea figuras laborales sin estabilidad que no están contempladas, como acompañantes y tutores, lo cual significa precarización laboral”, apuntó por su parte Ariel Guede, secretario adjunto de AMET. “Nos quieren convertir en monotributistas. Están desguazando la educación técnica”, agregó.
La reforma y sus modificaciones atentan contra la Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 de 2005, aún vigente. Los gremios señalan que el gobierno pisotea esta normativa que elevó la matrícula de 130 mil a más de 202 mil estudiantes y creó treinta escuelas nuevas. También remarcan que busca hacer cambios omitiendo la discusión en la mesa paritaria, instancia donde se tratan estos temas educativos.
La desconfianza en la reforma se sustenta en el contexto de ajuste que la enmarca, con el gobierno de María Eugenia Vidal buscando imponer salarios por debajo del índice inflacionario y mientras el gobierno nacional defiende un Presupuesto 2019 con severos recortes en educación.
En este sentido, desde el Frente de Unidad Docente detallaron los antecedentes de la gestión de Sánchez Zinny que aumentan la incertidumbre. “Nos resulta extraño que una gestión que no garantiza la ejecución del financiamiento que la ley establece, que congeló los planes de mejoras para la Educación Técnica Profesional, que no llegó a asegurar la cobertura total de los cargos que la normativa indica, pretenda una transformación que sea positiva para la comunidad educativa en su conjunto”.
“El modelo de país de Cambiemos no va de la mano con la escuela técnica, agraria y los centros de formación profesional. Nosotros formamos a los futuros técnicos y tememos que se pierdan estos nuevos perfiles de técnicos que se reciben actualmente, para convertirlos en mano de obra barata”, concluyó Guede.
Una ONG a cargo del Albert Thomas
La DGCyE entregó el control de la Escuela de Educación Técnica Secundaria N° 6 “Albert Thomas” a una ONG que lleva el mismo nombre que la institución. Desde AMET no fueron notificados sobre esta medida y alertan por el avance de privados en la educación pública con el posible deterioro del trabajo docente.
Sergio Cassini (secretario gremial de AMET, SOBRE el Albert Thomas): «ahora firmaron con una ONG. Nos interesa saber en qué consiste ese convenio y cómo incide en las condiciones de trabajo de los docentes».
La DGCyE había dado de baja los convenios que las escuelas técnicas tenían con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), con el pretexto de unificarlas bajo su órbita. “Sánchez Zinny había firmado una resolución que dio de baja los convenios con la UTN para pasar a depender de la DGCyE, sin articulación con la UTN. Y ahora firmaron con una ONG. Nos interesa saber en qué consiste ese convenio y cómo incide en las condiciones de trabajo de los docentes. Queremos saber por qué hacen un nuevo cambio en menos de un año”, cuestionó Cassini.
“Por un lado dicen que la educación tiene que ser una sola y tener un mismo manejo bajo la Dirección de Legal y Técnica de la DGCyE, y ahora hacen un convenio con una ONG donde le permite manejar el personal y otras actividades”, cerró Cassini.
