Los sindicatos y organizaciones gremiales que integran la mesa «El salario no es ganancia» anunciaron que recurrirán a la Justicia en busca de frenar la restitución del impuesto a las ganancias que llevó adelante la Cámara de Diputados el 27 de junio.
Entre sus argumentos para pedir la nulidad, indican que esta regresión va en contra de lo establecido en el artículo 81 de la Constitución nacional, que reza: «Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año». Vale recordar que el Senado había rechazado de lleno el capítulo de ganancias y bienes personales en la sesión de la ley Bases.
«Es ilegal, confiscatorio y falaz. Por lo tanto, nulo», señalaron los gremios enrolados tanto en la CTA como en la CGT.
En este marco, la mesa sindical apuntó contra los diputados y diputadas que votaron el proyecto. «Se aquerenciaron en el acompañamiento a los proyectos del oficialismo a pesar de refrendar que la situación socioeconómica va de mal en peor. No obstante, le brindaron herramientas para que continúe por ese camino. Algunos llegaron a aclarar que lo hacían sin pedir cargos o nombramientos (sin que nadie le preguntara al respecto) o admitir que, al menos, en dicha cámara no se habían ofrecido embajadas».
«El primer paso será reclamar su nulidad ante la justicia», anunciaron.
Asimismo, se metieron de lleno en los retrocesos aprobados en la ley Bases para el sector obrero. «Además, impulsaremos una estrategia común para frenar este avasallamiento como así también la retrógrada reforma laboral que introduce elementos del siglo XIX: un empleador que contratare hasta tres trabajadores no tendrá las responsabilidades de un patrón, las empresas que no hayan registrado a sus trabajadores o lo hayan hecho en forma incorrecta dejarán de ser sancionadas con multas, se elimina la discriminación como causal de despido, se amplía el período de prueba hasta un año, se penaliza la protesta», enumeraron.
«Iniciamos una nueva etapa de nuestra lucha por el respeto a los derechos laborales, la equidad impositiva y el mantenimiento en lo más alto del principio de soberanía sin el cual no sobreviviremos al enfrentamiento global por adueñarse de los recursos naturales y la calidad de vida de los pueblos. Respetar la Constitución Nacional no es un pedido, es una exigencia Defender los derechos conquistados es una obligación que honraremos», cierra el comunicado.
«Nos declararon la guerra«
El titular del sindicato de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, Claudio Guida, manifestó que «nos declararon la guerra y no queda otra que defendernos». Además, aseguró que «sabemos qué decimos cuando hablamos de que hay una guerra directa contra los trabajadores».
«Lo que ha votado la Cámara de Diputados es anticonstitucional. No hay vacío legal, el artículo 81 de la Constitución nacional dice claramente que cuando un proyecto total o parcialmente es rechazado por una de las Cámaras, la Cámara originaria no puede volver a tratarlo. Puede tratar lo modificado, no lo rechazado», indicó en conferencia de prensa Rubén Ruiz, de la Asociación del Personal Jerárquico del Gas (APJGas).
«El compañero que gane 1,7 millones de pesos, menos las deducciones, va a pagar ganancias. No es una ley más suave en cuanto al descuento. Más trabajadores van a pagar y los que ya estábamos enganchados vamos a pagar más. Hoy con estas modificaciones van a pagar un millón de trabajadores. Rápidamente se va a agregar otro millón», agregó.
